Complicidad civil de la dictadura
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas quebraron el orden constitucional y tomaron el poder político de la Nación para dar comienzo a la noche más negra que padeciera el Pueblo Argentino. Miles de ciudadanos fueron detenidos, torturados, llevados a centros clandestinos de detención y asesinados, implementándose así un plan sistemático para la desaparición de personas y para el aniquilamiento de las fuerzas y organizaciones políticas, populares y sociales. El terrorismo de Estado se instalaba drásticamente para sumir al Pueblo Argentino en la persecución y la represión política, ideológica y también económica.
Los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres fueron apropiados ilegalmente de sus familias de origen, y sus identidades fueron suprimidas.
Todo ello fue posible gracias a la complicidad de gran parte de la sociedad civil, muchos de cuyos miembros pasaron a engrosar las filas del gobierno de facto como funcionarios destacados, gozando de las prebendas del régimen del terror y el genocidio.
La economía nacional quedó en manos de conspicuos representantes de la oligarquía, siendo Martínez de Hoz el símbolo más trágico y emblemático de la complicidad civil, de la destrucción del aparato productivo nacional y de la política de hambre y miseria impuesta con la fuerza de las armas a los sectores populares. Los derechos y garantías constitucionales fueron suprimidos para asegurar la neutralización de las protestas y reclamos sociales y de los trabajadores, pero también como herramienta para la apropiación de empresas y el silenciamiento de la opinión pública. El caso de Papel Prensa, apropiada a la familia Graiver, es el ejemplo más terrible de tan perversa metodología.
La especulación financiera cobró una envergadura inusitada, alejando al ahorro nacional de la inversión productiva para destinarlo a la timba financiera.
En este contexto de muerte y represión, Catamarca no estuvo aislada. Por el contrario, la complicidad civil se vio representada por miembros de la Unión Cívica Radical local, varios de cuyos dirigentes se prestaron a la política de genocidio, persecución y muerte. Entre ellos, la figura de Amoldo Castillo se erige como representante genuino de la dictadura en Catamarca, quien ejerciera por aquellos años los cargos de Intendente de la Municipalidad de la Capital, y, luego, de Gobernador de la Provincia, en una manifiesta actitud de complicidad con los crímenes del proceso y la represión de las fuerzas populares, políticas y sindicales.
Por ello, la recuperación y el ejercicio de la memoria histórica deben ser los instrumentos para que el juicio y castigo a los culpables alcance también a los cómplices civiles deja dictadura. Los juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes de realizar en Catamarca deberán servir para desentrañar también la trama de complicidades civiles en nuestra provincia, y dar lugar a nuevas investigaciones que develen a la sociedad la identidad de aquellos que compartieron el ideario de los genocidas y fueron ejecutores de la política de muerte y represión en nuestra tierra. Ojalá que la Justicia Federal aplique el condigno castigo a quienes, siendo civiles, se prestaron y compartieron el terrorismo de Estado. Porque sin verdad, no podremos alcanzar Justicia. Y que el juicio de la historia sea implacable para colocar a los cómplices civiles en el mismo lugar de los genocidas, en honor a la verdad y como tributo a la memoria histórica del Pueblo.
María Cecilia Guerrero García
Diputada provincial - Bloque
Frente para la Victoria-PJ
