Columna Política
La resolución del conflicto salarial con los estatales, que se discute a través de medidas de fuerza, amenazas y por ahora promesas, es más complejo de lo que puede suponerse. Al gobierno no le resulta sencillo, en medio de una crisis cuya resolución final es una incógnita, inflar los presupuestos sin medir las consecuencias. Por ejemplo, determinar un porcentaje de incremento equis no sólo puede traer desequilibrios, sino generar injusticias no deseadas entre distintos trabajadores que se rigen por un mismo estatuto. Un 20 o 25% puede ser demasiado jugoso para unos y para otros no. Es eso precisamente lo que se está analizando, antes de bajar el martillo, en el seno del gobierno.
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La herencia dejada por la administración anterior no solamente es pesada en relación a la cantidad de empleados. También lo es en su organización, capacitación y nivel salarial. Son muy pocos los que perciben el mínimo y una gran masa de agentes cobra de promedio entre $5.000 y $6.000, lo que puede considerarse una buena retribución teniendo el cuenta el nivel socio-económico de la provincia. Pero, aparte, reparticiones como Rentas, la Vivienda o Capresca pagan adicionales –algunos de hasta $2.000- y, por ende, se diferencian del resto. Por algo todos pugnan por prestar servicios en esas dependencias. También hay sueldos, especialmente entre los docentes, que superan los $10.000 y algunos pueden llegar a 16.000 ó 17.000. ¡Cobran más que la gobernadora!
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El problema llega hasta el nivel de funcionarios. Éstos, que no perciben ningún ítem (antigüedad, título, zona, etc.), en varios casos pueden recibir menos que un empleado común. Ahora mismo, con la idea de un incremento fijo que vaya de los 750 a los 1.000 pesos, volverán a resultar perjudicados. Ojo con lo que decimos: hubo gente a la que se le ofreció funciones directrices y, tras analizar las remuneraciones, prefirió hacer un paso al costado. Trabajar en la Nación o la UNCa, por ejemplo, puede ser más redituable.
