Mientras en el país se discute, con amplio respaldo popular, la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol YPF, en la Patria chica, EC SAPEM (Energía Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), la empresa que reemplazó a la deplorable ex EDECAT, tiene casi veinte días de existencia.
No hay puntos de comparación entre los dos procesos, aunque en ambos esté en juego la energía, el preciado elemento que precisamente no sobra en la Argentina kirchnerista.
Pero a los catamarqueños, aunque en gran medida dependamos de lo que ocurra en el país, primordialmente nos interesan las cosas de Catamarca. Y al respecto, como se preveía, han aparecido las primeras conclusiones en torno al suministro de energía.
A pesar que la incorporación reciente –llevada a cabo con el aporte de la Nación- de los megavatios que se requerían para pasar el verano ha aliviado algo la situación, todos coinciden en que se requieren obras de infraestructura fundamentales para, recién entonces, poner en marcha la provincia con proyección industrial que tanto aspiramos.
Por lo menos, además de las obras menores que lleva adelante el Ministerio de Servicios Públicos, hacen falta dos grandes tendidos. Uno que provenga de Lavalle (Santiago del Estero) y el otro desde San Martín (Capayán). Ambas cuestan demasiados millones de dólares y, lamentablemente, habrá que tener paciencia. Lo importante es que los proyectos están, lo mismo que las premisas básicas: hay consenso local y acuerdo con la conducción nacional.
Después de esto, o mientras se desarrollan las obras, la actual conducción energética enfrenta el desafío de administrar correctamente la energía que compra a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) todos los meses. De 100 pesos que invierte, únicamente utiliza 65 en el abastecimiento de la provincia. ¿Los otros 35 sobran? No, de ninguna manera. Los otros 35 se pierden por motivos que, concretamente, hay que establecer. Sabemos que los “colgados” de todas las especies influyen, pero no completamente. También hay otros que no pagan o emplean los subterfugios necesarios para eludir el pago.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, fue demasiado elocuente el día de la inauguración de la nueva empresa. Dijo en aquella calurosa mañana que quiere energía para todos, para los pobres y para los grandes consumidores, para desarrollar un polo industrial y para los sectores más vulnerables del conglomerado social. Pero también dijo que los que puedan, necesariamente, tienen que pagar lo que cuesta la energía. Para los que no puedan, como ocurre en cualquier otro Estado argentino, se implementará aquella tarifa social que nunca, en casi 20 años, pudieron poner en marcha la ex EDECAT y el gobierno radical.
La flamante conducción empresarial, encabezada por el abogado Eduardo Andrada, interpretó perfectamente los anhelos de la primera mandataria. Al toque, sin exageración alguna, comenzó a relevar barrios para hablar con la gente, “descolgar” a la que estuviera en infracción y disponer de tendidos acomodados a la ley.
Cada una de esas habilitaciones, por si alguien no lo sabe o hace que no lo sabe, cuestan dinero y los vecinos, destinatarios directos del beneficio, tienen que pagarlas. ¿Cuánto? Ésa es materia a convenir entre las partes, quizá tomando como parámetro el ingreso real de cada familia, pero seguro que pagando.
Si no se paga la luz del Santa Marta o cualquier otro barrio, de ahora en más, será muy difícil proseguir los trabajos en el resto de la ciudad e interior de la provincia.
El análisis rápido de la empresa energética que dejaron los Taselli y la anterior administración, orientada ahora claramente por el Estado, ya detectó otros problemas, tan graves o más graves que la mencionada cuestión de los “colgados”.
Los descubrimientos no ponen en riesgo la vida de personas humanas, que es el caso de los pobres, pero jaquean el equilibrio económico de la EC SAPEM.
Y aquí también, entre los administradores y el gobierno, hay coincidencias. A la energía la deben pagar todos, inclusive sin las excepciones que suelen dejar nefastos precedentes.
Los 34 municipios que tiene la provincia consumen energía y, como es de suponer, tratándose de políticos, sus jefes comunales tratarán de ahorrar dinero a través del subsidio o de períodos de mora que después, por cualquier motivo, buscarán ser licuados.
Éste fue uno de los dos motivos que se esgrimió, en los años 90, para privatizar la ex Dirección de Energía Catamarca (DECa.). Todas las municipalidades prendían la luz de la mañana a la noche y ninguna pagaba.
Otro pagador en “saldos y retazos” eran, hace 18 o más años atrás, los llamados grandes usuarios. Con la complicidad del propio gobierno que privatizó el servicio, muchos de ellos volvieron a “las andadas” y en forma efectiva no están abonando el consumo que motorizan sus empresas, emprendimientos o comercios.
La ex EDECAT, lo sabemos, fue el fraude monumental contra los catamarqueños. Nunca invirtió lo que, con bombos y platillos, prometió y de esa forma condenó al martirio al conjunto de la sociedad. Quienes después siguieron con la empresa, profundizaron la corrupción y crearon el campo orégano parta que muchos pícaros, que no son los “colgados”, aprovecharan la situación como históricamente lo hicieron.
La gobernadora habló como lo hace siempre. Cortito, claro y sin dar vueltas. Sabe que, por el lado de la energía, puede estar uno de sus grandes triunfos políticos. Quienes deben ejecutar sus planes, complementariamente, al menos en 20 días de gestión, parecen haber entendido el mensaje.
(La presente nota fue publicada por Catamarcaesnoticia en su columna editorial “El Aguijón”)