El Estado en terapia intensiva
Lucía Corpacci no necesitó ocupar el Sillón de Avellaneda y Tula para saber los escollos que iba a encontrar apenas asumiera. Aparte de los que, ex profeso, le prepararon, casi con seguridad intuía que debía lidiar con problemas ancestrales en una provincia donde la dependencia con el Estado se hizo, año a año y período a período, cada vez más ostensible.
¿Cuántas veces y desde cuándo escuchamos hablar de provincia pobre y dependiente de la Nación?
Seguramente en cientos y cientos de oportunidades. Quienes hoy peinan canas o miran los acontecimientos públicos desde el fondo de los tiempos, de distintas formas, fueron testigos de letanías para clamar por variantes estructurales del perfil de provincia inviable y marginal.
Sin embargo, los cambios que todos anhelan nunca llegan por estos lares. Estados otrora parecidos al nuestro –casos concretos de Salta y San Luis- pudieron modificar sus paradigmas para mostrarse gallardos y pujantes, mientras que Catamarca se repitió en errores que, en lugar de generar avances, produjeron los efectos del retroceso.
Así estamos en 2012. Con más pobreza que años atrás; con índices dobles de analfabetismo; con la educación a ras del piso; con la salud sin dar respuestas a la gente; con la seguridad en un mismo nivel que la impotencia y, por si fuera poco, con desigualdades e injusticias que colocan a Catamarca en los peores escalafones de la Argentina.
Todas estas cosas, y muchas otras que podrían detallarse, hablan mal del Estado. Los que pasaron por el poder se aprovecharon de él hasta dejarlo en terapia intensiva. Y ahora, con diagnóstico puntual, el enfermo no va a curar con aspirinas. Necesita cirugía mayor y el tratamiento duele. Para peor, como toda operación de riesgo, los resultados no están asegurados.
Necesidad de una reforma
Mejor no nombrar a los culpables de los dolores de cabeza del presente. Aunque se obstinen en defender posiciones indefendibles, mientan o se victimicen, la sociedad los ha marcado y declarado responsables de la putrefacción que carcome al Estado en sus diferentes estamentos.
La hora actual impone, como lo expresamos anteriormente, cambios profundos. Los deberá implementar, cueste lo que cueste, la actual Jefa del Estado. Es que a ella le tocó recibir la suma de las calamidades.
Que el 90% de los ingresos que tiene la provincia vaya a parar a salarios, cuando la propia Constitución le pone límites a este tipo de gastos, es un verdadero disparate.
Que la administración pública esté desbordada de empleados y, por encima de ellos, muestre signos evidentes de ineficiencia, no es cuestión que deba aceptarse con resignación.
Que abunden los maestros, que haya suplentes de suplentes y la calidad educativa sea peor que en los llamados países bananeros, es tan absurdo como que esos mismos maestros ejecuten medidas de fuerza con métodos coercitivos que terminan perjudicando, aun más, a los alumnos.
Que miles y miles de agentes estatales no tengan función estable o definida, y nadie les pueda modificar su situación de revista, significa asistir al final del Estado como ente encargado, aunque sea mínimamente, de orbitar a la sociedad que le toca conducir.
La situación, en estas condiciones, no da para más. El gobierno, por su bien y el de todos en general, está obligado a producir cambios de raíz. No hacerlo lo puede llevar a una espiral de desencuentros como los que se han vivido en apenas cuatro meses.
“Ordem e progresso”
La expresión impresa en el escudo del Brasil, como dice el subtítulo, debería ser la guía de acciones en Catamarca.
Si no se pone orden en un desorden de medio siglo, por más buenas intenciones que existan, no habrá posibilidades de progreso. El mismo progreso que la mayoría de los actores sociales demanda pero, inconsecuentemente, sin hacer ningún aporte.
La incongruencia de contar con más de 40.000 empleados públicos, en una provincia que tiene uno de los mayores registros de desocupación del país, no puede mantenerse como legado maldito de gobernantes irresponsables sin que nadie desde el Estado haga nada o, con desdén, se observe como todos los problemas de funcionamiento nacen de la misma cantera.
No es cuestión de vivir en una burbuja o aceptar el anacronismo como algo irreversible. Por el contrario, el nuevo gobierno debería demostrar que ha venido para cambiar prácticas que han devastado el erario e impiden un salto cualitativo hacia el progreso.
¿Quién se animaría a discutirle mutaciones de la triste realidad que se vive a la actual gobernadora que, lejos del pasado ominoso, tiene que resolver per se algo que no da para más?
¿Cómo se le puede impedir, aun sin mayorías parlamentarias calificadas, que reforme una Constitución que no se acomoda a los tiempos modernos o que, por lo absurdo, permite que un gobernante nombre de un plumazo varios miles de empleados sin mirar las posibilidades de poder pagarle o atender los futuros aumentos salariales?
Todo nuevo gobierno, si es necesario, tiene derecho a producir las revoluciones que estime necesarias. Lo hizo Néstor Kirchner, desafiando a los militantes de inmodificables status quo, con ejemplos que aún se mantienen vivos y que, para bien, han cambiado la vida de millones de Argentina.
Si la gobernadora ha reclamado desde su misma asunción que había grandes injusticias que reparar, hoy debe saber mejor que en diciembre que sus razones no eran caprichos de facción política. Las debe percibir, día tras día, en la febril tarea de levantar la hipoteca al futuro que supieron dejarle.
El 7 de enero de este año, en este mismo espacio político de los días sábado, escribíamos frases como ésta: “La administración pública, otrora reservorio de empleados que competían por sus condiciones y hacían carrera, es hoy un monstruo de siete cabezas que consume prácticamente la totalidad de los dineros públicos. Aparte de exhibir burocracia y mediocridad en cantidades inconmensurables”.
O esta otra: “Lo único seguro, a esta altura de los acontecimientos, es que anualmente se requerirán cerca de 4.300 millones de pesos solamente para pagar salarios. El número asusta y pone en peligro el funcionamiento de la provincia”.
Tres meses después, lamentablemente, afirmamos que la situación es tan o más compleja que aquel pequeño apocalipsis de datos económicos que asustan y que, sabíamos de antemano, iba a tener respuesta en operaciones mediáticas de pretender “tapar el pasado” y exigir resultados inmediatos que, sin minimizar, solamente pueden pertenecer a un mundo de fantasías.
Hoy, desde esta “bancada periodística”, decimos algo mucho más duro: de cualquier manera, hay que reformar el Estado. No hacerlo será convivir con parches y urgencias que no hacen a la felicidad del pueblo, aquella que proclamaban en la década del ´40 Perón y Evita.
