Columna Política
El 9 de septiembre de 2011 se produjo la segunda gran tragedia (la primera fue en 1993) dentro de una alcaidía: en medio del martirio que significa morir calcinados, perdieron la vida cuatro menores de edad. Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) se fueron de este mundo sin saber que habían caído entre las garras de la irresponsabilidad. Primero porque los menores, por ley, no pueden permanecer detenidos. Apenas, para ser entregados a sus progenitores, pueden ser demorados. Complementariamente, estaban al cuidado de policías a los que se les permitía fumar en un lugar donde había materiales -los colchones- altamente combustibles y los que, encima, no estaban capacitados para atender menores.
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La causa es compleja, pero previsible en cuanto a resultados. Los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Mansilla, Luis Leiva, Adriana Galván y Carlos Leiva, que estaban a cargo de los menores, serán sometidos a juicio por decisión de los fiscales y seguramente recibirán correctivos. Pero arriba de ellos, figuran quienes en los hechos eran los jefes de estos “servidores del orden”. Hacemos referencia a las juezas de menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, hacia quienes con razón apuntan los familiares de las víctimas, lo mismo que a las autoridades provinciales de aquel entonces.
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Hasta ahora, el trato recibido por las magistradas resulta demasiado contemplativo. En medio del escándalo, fueron autorizadas a tomar licencia, y ahora nos enteramos que fueron indagadas, en el mayor de los silencios y de los secretos, por el fiscal Marcelo Sago. Se trata de una auténtica expresión de la corporación judicial: sus miembros reciben un trato diferente al de los ciudadanos comunes. En este caso, con un agravante. Sago, antes de ser fiscal, era secretario de Ana María Nieto. Además, si es que existe elevación a juicio para los policías, por qué se demora la de las representantes de la Justicia.
