Transparencia
Con una celeridad digna de destacar, el director de la OSEP, Julio Prieto, llevó a la Justicia una denuncia realizada por un empresario en contra de un médico auditor de esa obra social, por exacción ilegal, lo que comúnmente se conoce como soborno.
La exacción se distingue del cohecho por no encontrarse connivencia entre quien pide el dinero y quien lo entrega, si la víctima pagó bajo la presión de un funcionario público.
El episodio dio lugar a variados comentarios –publicados en nuestra edición digital- en relación con el devenir del proceso iniciado.
Por una parte están quienes muestran escepticismo respecto del avance de la investigación. La experiencia les indica que este tipo de denuncias entran en laberintos y rara vez arriban a resultados transparentes, sea con declaraciones de culpabilidad o de inocencia.
Otros comentarios aluden a que sería un secreto a voces estas prácticas, no sólo en la obra social sino en otros organismos públicos. En el caso de la OSEP, se plantea la duda de cómo se hicieron las contrataciones a prestadores de Córdoba, Buenos Aires, o a proveedores como el caso de la droguería de Santiago del Estero.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín analizarán, con la colaboración de especialistas, el video aportado como prueba por el denunciante, donde estaría registrado el episodio, para comprobar si el mismo no fue editado, montado, o adulterado de forma alguna.
Así como hubo celeridad por parte del contador Prieto para darle curso a la denuncia, aspiramos a que la haya en la actuación judicial, de modo que la ciudadanía vaya perdiendo sus desconfianzas.
Además alentamos a que se perfeccionen los mecanismos de control interno en la obra social y en todos los organismos del Estado, para que se reduzcan todo lo posible los resquicios por donde se cuelan las prácticas deshonestas de funcionarios y/o empleados.
