Control y responsabilidad
El año pasado, la obra del Estadio inaugurada en el final del gobierno del Frente Cívico y Social fue tema de controversia, y no por su posible utilidad o no, sino debido a las fallas constructivas que evidenciaba. Ayer El Esquiú.com reflejó los problemas en la Av. Manuel Navarro al sur de la ciudad, que son de tal magnitud que en ciertas partes es intransitable.
En el área de Servicios Públicos, el actual ministro encontró cuatro obras energéticas que revelan graves deficiencias, las cuales fueron ejecutadas por particulares, controladas por el Estado, y abonadas como obras óptimas, motivo por el cual con la intervención del Fiscal de Estado se realizaron las correspondientes denuncias. El tema no debe ni puede pasar inadvertido para los actuales funcionarios, las empresas constructoras, la Justicia, ni tampoco para los ciudadanos comunes, pues se hicieron con fondos públicos, pero no cumplen con la utilidad prevista. Se evidencia una notoria falta de control, ya que existen leyes y reglamentos para lograr que los recursos públicos (económicos, financieros, materiales y humanos) sean bien utilizados, es decir, logrando que constituyan una inversión y ahorro, mas no un gasto o pérdida para el Estado. De los resultados de los controles ejercidos, nace la determinación de las responsabilidades para todos aquellos que administren los recursos públicos, así como para terceros que tienen relación directa o indirecta con tal administración.
Es dable recordar que el concepto de “responsabilidad”, en el lenguaje común, se entiende por el deber de responder por los actos propios, que hayan ocasionado daño a otros. En el lenguaje jurídico, es la “obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado.” En la ejecución de la obra pública, hay responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente, responsabilidad penal. Ya se ha determinado el daño, sólo falta determinar quién o quiénes son los responsables del mismo. Para ello, una vez más la sociedad pone la causa en manos de la Justicia.
Esperamos que la celeridad y la eficiencia sean atributos de quienes les toque juzgar las irregularidades encontradas, pues de lo contrario, el sistema de control y atribución de responsabilidades tendrá los mismos defectos que el sistema de contratación de obras del anterior gobierno.
