Columna Política
La posibilidad de meter el cuchillo a fondo en una hipotética investigación a los funcionarios del gobierno anterior, sugerida después que los diputados oficialistas revelaran que existen más de dos mil millones de pesos sin rendición de cuentas, puede significar muchas cosas. La primera de ellas es que se estaría cumpliendo con una obligación de tipo legal que, por varios motivos, resultaría positiva. En principio porque destaparía posibles irregularidades y porque, de hecho, condicionaría al nuevo gobierno y a sus funcionarios a no repetir deslices parecidos. Paralelamente se le estaría dando con el gusto al segmento ciudadano, de raíces peronistas, que quiere cuentas claras y que la política no funcione como una corporación para dar cobertura a los corruptos.
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La investigación del manejo del dinero público, sin embargo, debería hacerse con la mayor seriedad, sin persecuciones o ánimos revanchistas. Demasiadas personas o familias, en la década del 90, sufrieron las consecuencias de la judicialización de la política como para repetir una experiencia muy lamentable. Aquí lo que corresponde es que el gobierno deje en manos de la Justicia los diferentes hechos y que ésta, con las pruebas correspondientes, resuelva conforme a Derecho. Si lo hace como corresponde, rápido y sin mirar la cara o los pergaminos del cliente, podrá rehabilitarse ante el conjunto de la sociedad y hasta marcar el camino del deber ser.
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Volviendo a la denuncia de los legisladores, si el relato es verdaderamente certero, es increíble que los ex funcionarios no hayan podido completar los detalles de rendición cuando dispusieron de nueve meses para hacerlo antes del cambio de mando. Paradójicamente, algunos utilizaron los nueve meses para robar documentación, computadoras, discos y hasta elementos valiosos que pertenecían al Estado. Algo de esto también ocurrió en ciudades como Belén, Valle Viejo, Andalgalá o Icaño donde no son pocos los que piden “cárcel” para varios ex funcionarios.
