Columna Política
Que haya discusiones cruzadas por el manejo de los dineros que se envían a los municipios no debería sorprender. Ocurre siempre cuando hay problemas de caja y algunas de las partes, en este caso los intendentes, no aceptan las reglas de juego. Una de ellas está asociada a la disminución de los fondos coparticipables que recibe la provincia y que, obviamente, se tiene que trasladar a los gastos generales. Hay que entender que la economía, en 2012, no tiene la dinámica que se observaba en años más pródigos, como ser 2005 ó 2006. La necesidad “de ajustarse el cinturón” es, entonces, para todos.
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En medio de las peleas por el Fondo de Emergencia o la aspiración de otorgar aumentos salariales, ha surgido ahora una peligrosa especulación en torno a las regalías mineras. Hay quienes pretenden que el dinero se coloque en operaciones financieras cuyos réditos -todos dudosos, ninguno seguro en un mundo de alta volatilidad económica- sean de libre disponibilidad de los intendentes. Una verdadera locura, propia de quienes no toman conciencia que los recursos de la minería son no renovables y, por lo tanto, su utilización debe estar destinada a proyectos productivos que vayan a reemplazar a las riquezas que, una vez extraídas, no existen más. Estas son las cosas que originan reacciones contra la actividad y cuando ocurren jamás vemos a un intendente que vaya a dar explicaciones por los gastos equivocados.
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Que el dinero pierde valor -por los procesos inflacionarios- si no se lo emplea rápidamente tampoco es una novedad. Por ello sería muy bueno que los jefes comunales tengan en carpeta dos o tres proyectos para emplear rápidamente los fondos. La reciente iniciativa de los legisladores de crear una unidad de proyectos especiales es una muy buena idea para terminar con la tentación de utilizar regalías en lo que no corresponde. Y otro organismo que debería colaborar, como no lo ha hecho hasta ahora, es el Tribunal de Cuentas. Pero ese merece un comentario aparte.
