El decreto 1439, firmado por el ex gobernador Oscar Castillo, en 2003, dejó la puerta abierta para que ex funcionarios del Frente Cívico y Social, de primera y segunda línea, reclamen al actual gobierno ocupar cargos jerárquicos en los organismos en los que volvieron a prestar funciones desde que dejaron de pertenecer a la planta política del Estado.
El ex ministro de Salud Mario Marcolli fue quien hizo pública la existencia de un instrumento de hace 9 años, que establece que los funcionarios de alto rango no pueden “volver al llano”, sino con un cargo “acorde” a las funciones que venían desempeñando. Amparándose en el viejo decreto, el ex funcionario dijo que al regresar a cumplir tareas en el Hospital de Niños, asumió una jefatura, porque “es lo más alto del escalafón, aunque no llega a ser un cargo jerárquico”.
No obstante, este ex funcionario no sería el único que se ampararía en este decreto para pedir más categoría o un cargo superior al haber estado cumpliendo funciones “superiores”. Esto a partir de que con este decreto queda asentado que quienes fueron convocados a cumplir cargos políticos, durante el tiempo que dure, tendrán como “cumplidas las capacitaciones y evaluaciones, con el máximo puntaje”. Además, se les computará su antigüedad y desde el primer mes siguiente al que toman su función de origen, están habilitados para las promociones de grado.
La normativa
El polémico decreto detalla en su artículo primero que se debe tener como “cumplido, respecto a los agentes incluidos en los regímenes escalafonarios de la Administración Pública Provincial, que hayan sido convocados por las máximas autoridades en el ámbito nacional, provincial y/o municipal, para cumplir funciones de carácter político y/o de nivel extraescalafonario, a partir de su convocatoria y mientras dure el desempeño de tales tareas, los requisitos de capacitación y evaluación con la máxima calificación, que para el caso prevén los respectivos estatutos y/o regímenes escalafonarios vigentes en cada ámbito, según corresponda”.
En el artículo 2 establece el reconocimiento, con carácter de excepción, que “los períodos en que los agentes son convocados les serán computados a los efectos de establecer su antigüedad en la administración”.
En tanto, en su artículo 3 determina que “a partir del primer mes siguiente a la fecha en que retomaron el ejercicio de sus respectivos cargos, quedan habilitados a las promociones de grado que les corresponda”.
Derogación
Enterados de la existencia de este instrumento, diputados del FPV-PJ, están analizando pedir su derogación por considerarlo “anticonstitucional”.
Destacan que es una situación de “injusticia” para aquellos trabajadores que “en el mismo tiempo tuvieron que capacitarse, realizar concursos, y sin los beneficios de un cargo político”. Asimismo, rechazaron la postura asumida por el ex ministro Mario Marcolli, quien pretende un cargo superior. “Es una locura lo que está reclamando”, afirmó un legislador.