Columna Política
Que a más de quince años de haber arrancado la explotación minera -a cielo abierto-, surja una especie de ruego para que la Justicia ordene desalojar las rutas del Oeste catamarqueño, significa que existen interferencias o ausencia de diálogo entre dos poderes del Estado. De varias formas, el Ejecutivo le hizo saber al Judicial sobre la necesidad de aplicar las leyes y permitir el libre tránsito, pero las respuestas esperadas no aparecieron. Esta semana, quizá como último expediente, la gobernadora le pidió a la presidenta de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, que intervenga en un conflicto -el tinogasteño- que ya afecta la relación con Chile y perjudica a las poblaciones precordilleranas. Las respuestas fueron lamentables.
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La titular de la Corte recomendó que sea la Policía la que solucione el problema con lo que, intrínsecamente, está indicando que reprima y desaloje a los obcecados ambientalistas que, queda claro, no aceptan el diálogo por la explotación sustentable. La jueza Sesto no se quedó allí nomás, sino que consideró que los ambientalistas “deberían estar en la cárcel”, añadiendo que para ello se hace necesario un largo proceso judicial. El tema de las demoras, atendiendo el derecho a defensa que tienen los ciudadanos, de última es responsabilidad suya. Además, no se hace Justicia con expresiones de deseo.
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La ciudadanía y el gobierno mismo no quieren “palazos” ni “cárcel” para los ambientalistas, sino que se cumpla la ley y se establezcan las condiciones básicas para que nuestros recursos mineros, de acuerdo a una planificación que conforme a los distintos sectores, puedan ser explotados. No hacerlo sería conducir a la provincia hacia un destino incierto, en el cual puede sobrevolar el fantasma de una crisis social sin precedentes. Por razones que no hace falta explicar demasiado, el tema debería interesar más a la Justicia catamarqueña. Con las explicaciones de Amelia Sesto no alcanza para despejar las rutas.
