Un grupo de empleados de la empresa de seguridad privada Ade & Job, que prestaban servicios en diferentes polideportivos de la ciudad, cortaron ayer la calle Ramón Luna en reclamo de haberes adeudados y por el despido de quince compañeros.
Los manifestantes aseguraron que existe una demora en el pago de los haberes y que el responsable “no nos informó cuándo nos van a pagar los sueldos, despidieron a quince agentes y tenemos una deuda de dos meses de sueldo. No sé que problemas hay, pero siempre terminamos pagando las culpas de los demás”.
Los trabajadores quemaron neumáticos frente al Polideportivo Capital, acompañados por representantes gremiales.
Los agentes que llevaron adelante la protesta dijeron que “van a despedir a cinco empleados más, porque el dueño de la empresa de seguridad contra la cual protestamos es el comisario Escalante”, declararon.
En relación con el reclamo realizado, el representante local de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (U.P.S.R.A), Víctor Barrientos, explicó que “estamos acompañando a los compañeros, porque están en una situación donde se está por despedir a una importante cantidad de compañeros. Estamos acá para que los funcionarios responsables hagan algo al respecto”.
Al parecer y según explicaron los representantes gremiales, el problema radica en que una empresa de Tucumán ganó la licitación por el servicio de seguridad privada en la Maternidad Provincial y en los polideportivos, por lo que la empresa local habría decicido desprenderse de su personal al no tener plazas laborales donde ubicarlo.
Al mismo tiempo, los gremialistas explicaron que “el mayor problema que tenemos es con las empresas que contrata el Estado, en esta gestión y en las anteriores. El Estado sólo tiene en cuenta el monto que pasa en la licitación y no la calidad del servicio y cómo tal empresa mantiene al trabajador. Esto sucede en la Maternidad, en Desarrollo Social, Deportes, polideportivos, de cada lugar tengo documentación y denuncias”, sostuvo Barrientos en relación con la temática.
Barrientos explicó a El Esquiú.com que “tuvimos una reunión con la contadora Montivero, de la Secretaría de Turismo, y aducen que no depende de ellos, lo que sucede es que ellos tercerizan el servicio. Ellos mismos son generadores de empleo en negro”.
Desde el área de Deportes de la provincia, en tanto, se solicitó a los gremialistas que presenten ante las autoridades un listado con los datos de los empleados que fueron notificados de despido. El pedido se realizó con el objetivo de que la empresa Segurity Arms, que ganó el concurso de precios, incluya al personal desafectado.

Estado de las empresas

De las 39 empresas registradas para cumplir con el servicio de vigilancia y seguridad privada en la ciudad, sólo tres cumplen con los trabajadores y con las condiciones impuestas en la ley nacional que regula la actividad. El resto tiene un sinfín de problemas con los trabajadores, según la información que maneja la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (U.P.S.R.A).
En la provincia, el organismo a cargo de autorizar el funcionamiento de una empresa de vigilancia privada y de su inscripción es el área de Operaciones de la Policía de la Provincia. Allí los interesados en conformar una empresa presentan una serie de requisitos que incluye más de 21 ítems.
Según el gremio, no todas las empresas cumplen, pero ante la falta de inspección evitan ser dadas de baja.

Respuesta de la empresa

A partir del mes de julio está previsto un aumento para los agentes de la seguridad privada, que llevaría el salario de un vigilador a una suma de 4.300 pesos.
Según explicó el socio gerente de la empresa Ade & Job, Alberto Escalante, “estamos solamente con un retraso en el sueldo del mes de junio, que lo vamos a estar pagando en estos días”.
Además, el responsable de la firma manifestó que en el último tiempo “dejamos de estar contratados en cuatro polideportivos que resguardábamos: el poli norte, sur, Capital y el Estadio Bicentenario, es por eso que la empresa decidió dar de baja a los empleados”.
También dijo que “no es lo que nosotros queremos, lo último que deseamos es que alguien quede sin trabajao, pero no tenemos espacios donde los agentes presten servicio, de manera que es imposible que continuemos con la cantidad de empleados que teníamos hasta ahora”.