La frase tiene miles de años. Fue pronunciada en la Grecia antigua mucho antes del nacimiento de Cristo, pero quien la acuñó en nuestro país para el resto de los tiempos fue el General Perón. La política, hoy como ayer, la emplea con sostenida asiduidad con el objetivo de -si las hubiere- despejar dudas.
Aquí en Catamarca, entre otras cosas, ciertamente hay dudas sobre el gigantesco aparato estatal que contiene a miles de empleados públicos y al que apelan, invariablemente, los distintos gobernantes para remediar los problemas que generan la desocupación y la pobreza, madres de males tan terribles como la violencia y/o la inseguridad.
El problema es que ninguno de ellos, desde los dictadores hasta los representantes del pueblo que actuaron de 1983 a 2014, acepta el fracaso de no poder crear empleo privado o genuino y termina en la irresponsabilidad de satisfacer necesidades políticas con nombramientos para que los pague el erario.
Los resultados, a la vuelta de los años, están a la vista. Hoy, la administración es una fábrica de empleados que se come todos los dineros de la coparticipación y representa, ya sin dudas, el fracaso de la clase política.
Y el fracaso de la clase política, que es condena perpetua al subdesarrollo del pueblo, lógicamente es la decadencia de Catamarca.

Excedente del 63 por ciento

El reciente informe de la empresa privada Noanomics (publicado por la mayoría de los medios nacionales), que coloca a la provincia en el bochorno de ser la líder en materia de nombramientos durante el período 2003-2013, es vergüenza mayor que nos lleva a otro triste récord: tener un excedente del 63 por ciento de empleados por encima de los necesarios.
Los datos generales del informe que publicara El Esquiú.com el pasado sábado vienen a confirmar lo que pregonamos desde hace largo tiempo sobre este “reino de la demagogia”, en el que los señores políticos han convertido a Catamarca.
Es cierto que el empleo público creció en otras latitudes y que no hay provincia que se salve de la crítica. “Sobra casi medio millón de empleados públicos”, dice el informe de Noanomics, y agrega que mientras la población creció un 11 por ciento, el empleo público de las provincias alcanzó el 43 por ciento.
También es verdad que la tasa de desempleo se optimiza con los nombramientos del Estado, muchos de los cuales son subsidios o premios por favores políticos. Todo es cierto, al igual que otras menudencias, pero lo de Catamarca sobrepasa los niveles del asombro.
Esto último, que reafirmamos rotundamente, tiene que ver por los dineros que ingresan a las arcas provinciales y se escabullen como el agua en los arenales.

Coparticipación y minería

La líder en materia de nombramientos en el Estado, en orden a sus ingresos, tiene un comportamiento inversamente proporcional a otros Estados casi similares o, inclusive, de menor recaudación.
Veamos. Catamarca recibe plata fresca por la coparticipación federal de impuestos por encima de provincias de igual tamaño, en términos poblaciones, como La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Neuquén o Jujuy. Esto se debe a una gran conquista que, durante el gobierno de Alfonsín, consiguió en 1988 ese viejo zorro de la política que era don Vicente Saadi.
Además, desde 1997, es “una provincia con regalías y ganancias de la minería”, como no lo son La Pampa, La Rioja, San Luis o Jujuy.
Se trata de realidades totalmente distintas, según se tenga o no regalías. Catamarca debería estar mejor que sus similares nombradas en el bloque anterior, pero sus números, como lo señala el informe que comentamos, la colocan en el lugar reservado para la más irresponsable de toda la Argentina.
Y quizá la peor de las comparaciones haya que realizarla con nuestra vecina, La Rioja. Allí, únicamente se vive de la “copar” y ayudas extras que, por la estrecha relación del gobernador Beder Herrera con la Casa Rosada, llegan de la Nación.
A pesar de las sustanciales diferencias, Catamarca es primera en el excedente de empleados (63 por ciento) y La Rioja se ubica 19 puestos más abajo, con un 17 por ciento.
¿Cómo puede explicarse, decentemente, semejante distancia, si las condiciones fácticas indican que las posiciones deberían ser inversas?
Es allí donde surge la aristotélica expresión “la única verdad es la realidad”.

Los nombres del desastre

Normalmente, las generalizaciones periodísticas se orientan a salvar el pellejo de algunos políticos. No es nuestro caso.
El crecimiento de la planta de empleados y de los excedentes que revela el informe de la empresa privada nos remiten a la figura de Eduardo Brizuela del Moral -hoy diputado nacional-, que fue el gobernante del período 2003-2011 al que aluden las cifras explicadas en esta columna política. Desde el 2011 al 2013, hay que aclararlo, la administración está a cargo de Lucía Corpacci, que también hizo nombramientos, pero jamás en los niveles de su antecesor. Es más: fue ella la que tuvo que pagar el costo de recibir una administración pública desbordada de empleados, la mayoría de ellos individualizados por el informe reciente como “no necesarios”.
Que un mandatario como Brizuela del Moral, con las horas contadas para dejar el poder, haya firmado en diciembre de 2011 más de 4.000 nombramientos para que los pague el Gobierno electo por el pueblo, evidentemente es una rareza. No se conocen antecedentes de esta naturaleza; ni aquí ni en ninguna parte de la Argentina.
Hasta ahora, en tiempos de democracia, quien llevaba la delantera en materia de designaciones en el Estado era el extinto Arnoldo Castillo. En el año 1994, después de jubilar a casi 10.000 empleados con el traspaso del IPPS, su lapicera firmó cerca de 8.000 nombramientos. Esa cifra, como la de 5.000 que le supo atribuir el mismo Brizuela del Moral a Ramón Saadi, se empalidece frente a su propio comportamiento.
En 8 años, a pesar de haber prometido crear trabajo genuino, engrosó el Estado en casi un 30 por ciento, lo que significa unos 17.000 nombramientos. A ellos hay que sumarles los más de 4.000 del último mes, lo que lo convierte en hombre récord a la hora de “utilizar” y “exprimir” el Estado.

Aquella transición

Todo lo que hizo Brizuela en la transición de los nueve meses previos a la entrega del poder podría tener indulgencias, aunque haya faltado al cumplimiento de los deberes de funcionario. Desde la concesión de obras a los amigos hasta la firma de contratos millonarios, pasando por una “mini campaña electoral” (cuando ya no había elecciones), en la que se incluyó entrega de viviendas no terminadas, podría llegar a comprenderse. Lo que nadie justificaría, a no ser que se trate de un fanático de la sinrazón, es el decretazo de los 4.000 nombramientos a una semana del traspaso del mando.
Ese decretazo es el que, claramente, sale en el informe que posiciona a Catamarca como vanguardista de la irresponsabilidad.
Si nos detuviéramos en Brizuela del Moral, está claro, seríamos injustos porque, más allá de los actos demagógicos, el hombre también hizo cosas importantes y, no en vano, cuenta con apoyos populares que lo posicionan como uno de los aspirantes más serios a volver a gobernar Catamarca.
En segundo lugar, porque también Ramón Saadi o los Castillo -Arnoldo y Oscar-, por nombrar a los gobernadores de la democracia, apelaron al Estado como expediente excluyente para dar trabajo. Tampoco ellos tuvieron capacidad y actitud creativa para fomentar el empleo privado.
El informe de Noanomics, que no es precisamente del Indec cuando analiza el costo de vida, merece ser repasado, analizado y discutido para intentar salir de la lógica perversa que nos coloca en el peor de los mundos. Dejar ese infierno, cualquiera sea el nombre del gobernante, nos llevará años y más años. Y para ello, deberíamos saber elegir a quienes representen una esperanza verdadera de cambio de paradigmas. Los que estuvieron gobernando durante la democracia fueron, cada uno en su momento, aplazados a la hora de promover la creación de empleo. Directamente, “reventaron” el Estado.
Y una vez más, como decía el General, “la única verdad es la realidad”.