El director de Derechos Humanos de la provincia, Ernesto Castrelos, expresó la preocupación reinante ante las crecientes sospechas que tiñen el accionar de uno de los Juzgados de Familia, en particular en torno a las adopciones de niños. El funcionario señaló que ante la sospecha de que “entregan niños de familias de escasos recursos a familiares o amigos de funcionares judiciales”, pidió a la Corte de Justicia hacer una auditoría, pero que el máximo tribunal se opuso a la medida bajo el argumento de que se trataba de una “intromisión de poderes”, ya que Derechos Humanos depende del ministerio de Gobierno.

El pedido de Castrelos viene a cuenta de los reclamos reiterados de varias familias de escasos recursos que denunciaron haber sido despojados de niños que fueron dados en adopción a otras familias.

“En principio estaríamos ya no frente a un hecho aislado, sino ante un patrón de conducta de un Juzgado de Familia, que se viene agravando y reiterando en los últimos tiempos”, señaló el funcionario, quien detalló una serie de hechos que profundizan las sospechas. Uno de ellos fue lo ocurrido semanas atrás cuando un grupo de personas fue reprimido frente a los Juzgados de Familia porque estaban reclamando justamente por esta situación. “Nos estamos dando con gente justiciable, que están yendo a buscar una respuesta en la Justicia, que no la obtiene y que cuando se manifiesta son reprimidos, obturando así todas las posibilidades de peticionar a las autoridades”, advirtió.

Por ello, pidió a la Corte que se realice una auditoría con participación de las partes, ya que son varias las familias que acudieron a Derechos Humanos a llevar sus reclamos.

“Advertimos que no son concordantes las decisiones de los distintos juzgados, por eso cuando le pedimos a la Corte la intervención, dimos los distintos casos y los expedientes conexos, porque no sabemos si estamos ante una situación de “fórum shopping”, que es elegir al juez más conveniente, vía recusaciones”, señaló. “Nos llama la atención sobremanera la permanente negativa a que podamos tener acceso. No entendemos qué es lo que se tiene que esconder”, agregó.

Además del pedido de Castrelos, también la subsecretaría de Familia, a cargo de Augusto Barros, viene reclamando que los juzgados de Familia le den participación en los registros de adopción. Y siempre la respuesta es negativa.

“Esto no termina”

Castrelos señaló además que “la negativa de la Corte no es el fin, no terminó la historia diciendo que yo me entrometo en la división de poderes, sino que es el principio, porque si existe una violación de derechos en un juzgado de primera instancia, con un retraso en las Cámaras de Apelaciones y una Corte que impide a distintos organismos del estado que analicen esa situación, tenemos una cadena de responsabilidades que excede a ese juzgado de primera instancia y estaría alcanzando a los máximos integrantes de la Corte”.

En tal sentido, el titular de Derechos Humanos señaló que “hemos sido absolutamente respetuosos de las instituciones a ultranza, ya que acudimos al máximo órgano de la Justicia, pero ahora vamos a trabajar más profundamente con las víctimas y con un contacto directo”. Y aseguró que “ninguna circunstancia me va a amedrentar para llegar a las últimas consecuencias, y si no hay nada, se dirá que no hay nada. Pero de lo contrario, no vamos a parar hasta las sanciones de todos los responsables”.

En tal sentido, señaló que la respuesta de la Corte fue dirigida a su superior jerárquico, es decir al ministro de Gobierno, lo que Castrelos consideró como “una forma de disciplinarme”. “Pero no tuvieron eco, ya que recibí todo el apoyo para seguir trabajando.

Modus operandi

Las sospechas de Castrelos tienen que ver con fallos judiciales que determinan el destino de niños en situación de ser adoptados. Se dan casos de personas que están privadas de la libertad, y que sus hijos, en lugar de quedar a cargo de familiares directos, resguardando el lazo de consanguinidad, terminan en manos de otras familias extrañas. Según el funcionario, serían personas cercanas a los funcionarios judiciales que toman estas decisiones.

“Como ocurrió en la dictadura, le dan visos de normalidad a situaciones que son antijurídicas, esto tiene un nombre ‘acción en fraudem legis’, que es utilizar una figura jurídica para barnizar de legalidad una situación que no la tiene, de esa manera cercenan derechos”, aseguró Castrelos.

“No tenemos la precisión exacta sobre cómo operan, pero aparentemente bajo una apariencia de legalidad, hay un accionar discrecional en contra de personas que están viviendo situaciones de fragmentación familiar, personas con necesidades económicas. El operador judicial elige a quién y entregan niños a personas con poder, familiares, amigos, siempre con apariencia de que se está actuando a favor del niño, y sin darle participación a los organismos del Estado”, afirmó.