A poco más de un mes de haber sido intervenida Editorial Esquiú SA, responsable de la edición del más joven de los diarios de la provincia de Catamarca, la empresa efectuó la contestación de la demanda interpuesta por una de sus accionistas, María Juliana Ibarra, la que mediante falaces argumentos intenta eludir su responsabilidad penal por el desvío de fondos millonarios. Cabe recordar que Ibarra, hija del agente inmobiliario Julio Edmundo Ibarra, está imputada por administración fraudulenta, justamente por las irregularidades detectadas en su gestión como vicepresidenta de la empresa.

A continuación, los párrafos salientes de la presentación elaborada por el asesor legal de la empresa, Ángel Ricardo Granizo.

“Conforme se desprende del Acta de Asamblea de Accionistas Nº 5 de fecha 5 de enero de 2014, el Directorio actual, contra el que se inicia esta acción, comienza a ejercer funciones el día 5 de enero de 2014, fecha en la cual se reemplazó al expresidente, Luis Arturo Navarro, cuya vicepresidenta era María Juliana Ibarra; pasando a ser las nuevas autoridades de la empresa Ricardo Sinforiano Herrera como presidente del directorio y Mariano Sergio Fredes como vicepresidente”.

“La acción que se entabló contra este directorio es de fecha 18 de marzo de 2014, es decir cuando este nuevo órgano de administración llevaba menos de un mes de ejercicio en el cargo. Y además, la supuesta falta de información que también se le endilgó a este órgano de conducción fue en virtud de una nota que presentó Julio Ibarra (aclaro que Julio Ibarra no es accionista, sino su hija Juliana) con fecha 8 de enero de 2014. Es decir, esta persona venía a los tres días de haber iniciado la gestión de este nuevo directorio a solicitarle información que era imposible tener a tres días de gestión y que en realidad estaba vinculado a una gestión (altamente irregular) que la misma María Juliana Ibarra había ejercido en el cargo de vicepresidente del directorio junto con Luis Arturo Navarro como presidente. Pues todo lo relativo al año 2013 y antes era responsabilidad exclusiva de la gestión de Luis Arturo Navarro junto con María Juliana Ibarra”.

“Este elemento, junto con otros que también serán vistos a lo largo de la contestación, son muy importantes a tener en cuenta por el juez de la causa, ya que demuestran que todo el reclamo que se hace al directorio de esta empresa en realidad debía formularse –eventualmente- al directorio anterior. Pues una acción judicial tiene base y sustento fáctico cuando se promueve demanda en hechos anteriores (...). Con esta sola circunstancia sería suficiente para rechazar la causa (...), pues como antes dije, no se puede demandar a alguien por algo que no hizo y debe buscarse al verdadero responsable de los hechos denunciados en el cuerpo directivo anterior al actual”.

Argumentos falsos

Cabe señalar que la demanda de Ibarra se basa en tres argumentos, los cuales fueron derribados en la contestación de demanda, merced a elementos sólidos de prueba documental, la cual es incontrovertible. Estos elementos son la supuesta responsabilidad del actual directorio en la falta presentación de los balances de la empresa; supuestos cobros en nombre de la empresa por uno de los accionistas y la presunta falta o negativa de brindar información a la demandante.

En primer lugar, sobre la ausencia de los balances, la empresa ha demostrado en forma clara y contundente que la morosidad en esa obligación fue responsabilidad del directorio que integraban Juliana Ibarra y Arturo Navarro. Siendo que ambos fueron desplazados justamente por las irregularidades detectadas, como la entrega de cheques de la empresa a prestamistas y otras personas que ninguna relación tenían con El Esquiú.com a cambio de dinero en efectivo que jamás ingresó a las arcas de la firma, se deduce que, justamente, la
falta presentación de los balances era una maniobra tendiente a ocultar los faltantes o desvíos de dinero por cifras millonarias.

Al ser desplazados del directorio, Ibarra urdió una nueva maniobra. Al saber que la gravedad de las irregularidades detectadas derivaría en una ineludible denuncia penal, montó una burda escena para lograr la intervención judicial de la empresa.

“Por ese motivo, verificado lo anterior y advirtiéndose de esta manera que la acción no tiene sustento alguno, no cabe sino encontrar en este proceder de la socia María Juliana Ibarra una finalidad diferente de aquella que expone en su presentación y esa finalidad no pudo ser otra que lograr forzadamente (y con mentiras) una intervención judicial tendiente a la exclusión del órgano de administración y por esta vía, sustraerse de las pruebas que sustentaban o sustentarían la denuncia penal donde se imputaba a Juliana Ibarra por administración fraudulenta. De otra manera no se comprende por qué, al mes de ejercicio, se iba a iniciar una acción judicial al nuevo Directorio y pedirle una intervención, si ni siquiera había comenzado a actuar”, reza el escrito.

“Al analizar cronológicamente los hechos y verificar la fecha desde la cual este directorio está a cargo de la empresa (enero 2014), vemos que la falta de aprobación de un balance del año 2011/2012 no puede ser atribuido a quien ingresa en el cargo en 2014. De la misma manera, la falta de confección de balances 2012/2013 tampoco es atribuible a quien en ese año no estaba a cargo de la administración de la empresa”, destaca.

Y agrega que a “María Juliana Ibarra se la excluyó de la vicepresidencia por desmanejos que había cometido. Es falso que ella hubiera renunciado o que se hubiera dado sorpresivamente con irregularidades. Y es falso porque en realidad la autora de tales irregularidades no podía ser sino ella misma, conjuntamente con Luis Arturo Navarro”. Y así está documentado en el acta de Asamblea de Accionistas Nº 4, donde también uno de los temas que iban a tratarse conjuntamente con su separación del cargo era la “determinación de responsabilidad respecto de las deudas contraídas” por el directorio que ella integraba.

“Y esto tiene directa vinculación con la posterior denuncia por Administración Fraudulenta que se le hizo, porque dentro de las deudas contraídas también estaba la entrega de cheques que María Juliana Ibarra hacía a prestamistas a cambio de dinero en efectivo que no aparece ingresado a la empresa. Por lo tanto, la irregularidad que ella demanda como supuesta causa de su alejamiento en realidad no fue otra cosa que un verdadero esquilme que estaba haciéndose a la sociedad a través de la maniobra por la cual tuvo que declarar luego ante el fiscal de instrucción penal”.

“Lo que jamás pudo justificar ni podrá hacerlo es qué sucedió con ese dinero que cobrara a cambio de los cheques. De ahí la desesperación por intervenir este directorio que venía a regularizar estas situaciones y justamente por ese motivo, ella, en su temor, interponía una acción judicial pidiendo que se intervenga Editorial Esquiú SA a menos de dos meses de actuación del nuevo directorio, que en realidad era un ‘normalizador’ de la empresa frente al desmanejo que ella misma y su gestión habían dejado”, expresa.

Cobros inexistentes

En la contestación también se señala que el supuesto cobro irregular de dinero por parte de uno de los accionistas, en caso de ser cierta, también se trataría de una irregularidad imputable a la gestión de María Juliana Ibarra y Luis Arturo Navarro. “Si estos recibos fueran reales -con los que se intenta probar tal situación- y hubiera existido entrega de dinero a uno de los accionistas, éste sería un problema del accionista antes que del directorio. Pues lo que debía hacer en ese caso María Juliana Ibarra, si sabía que existía tal desfasaje de dinero y/o percepción indebida por un socio, era formular la correspondiente acción en contra de ese socio”, manifiesta. No lo hizo oportunamente.

Informes

Finalmente, respecto a la negativa de información que solicitó Julio Ibarra -quien no tiene relación real con la empresa, sino que la accionista es su hija- se advierte que “en realidad, toda esta información, lejos de ser requerida por María Juliana Ibarra, en realidad debía ser brindada por ella y Luis Arturo Navarro al nuevo directorio”.

Y abunda explicando que “el nuevo cuerpo de administración asumió para ‘normalizar’ las irregularidades que había cometido el anterior; lo primero que necesitaba era la información que ellos mismos jamás habían brindado y que ahora, incluso, aparecía ridículamente siendo solicitada por quien resultó excluida de la administración casualmente por sus irregularidades e incluso falta de información sobre los manejos que hacían en la empresa”.

En suma, con todos y cada uno de los argumentos aquí sucintamente detallados y todos ellos reforzados con la prueba documental debidamente certificada, El Esquiú.com espera una resolución judicial ajustada a derecho, que enmiende la infundada intervención judicial de la que es objeto y “le ocasiona un gravísimo daño moral y material que deberá ser reparado y para el cual desde ya formulamos reserva de acciones legales”.