El diputado provincial del FPV-PJ Hugo Argerich presentó ayer el escrito por el cual rechaza la defensa presentada por el ministerio de Energía y Minería de la Nación en el marco del amparo presentado contra el incremento de la tarifa de energía eléctrica.

Con el patrocinio del abogado Leonardo Berber, el legislador calificó de “pseudo argumento”, donde el organismo pone en tela de juicio su calidad como diputado provincial y que no tendría aval legal ni constitucional como tampoco “no habría acreditado mi calidad de usuario del servicio de energía eléctrica, ni el daño que la medida le provoca”.

Y en esa línea, Argerich aclaró que el amparo lo hace en su carácter de persona individual y por su propio derecho afectado por las medidas adoptadas por el gobierno. “La circunstancia de que esta presentación y el daño causado sea global (a toda la sociedad) no obsta a la legitimación que poseo para intervenir y obrar en autos. Resulta claro que en relación a esto la representante del Memn nada esboza ni argumenta en su cuasi impugnación”, expresó.

Al mismo tiempo destacó que el amparo lo sustentan a partir de que la medida del ministerio provocará que “gran parte de la sociedad entre en situación de indigencia o pobreza al tener menos recursos para cubrir sus necesidades básicas. Este es el modo en que afecta la determinación del citado ministerio, al bolsillo de la comunidad en general y en particular al suscripto”, denunció Argerich.

Y agregó que tres meses después de presentar el amparo “se encuentra ampliamente confirmado por información que es pública y notoria, lo que demuestra no sólo la existencia del daño individual y colectivo, sino también la procedencia de la acción por el acabado cumplimiento de los recaudos procesales. Sólo un acto de hipocresía notoria puede alcanzar para desmentir lo evidente”.

Asimismo, el diputado del oficialismo provincial sostiene que el incremento produce no solamente la disminución del nivel de vida, aunque no implique caer en la línea de la pobreza, sino también la irracionabilidad de la medida y la imposibilidad de proyectar la vida social en términos de logicidad, lo que desemboca inexorablemente en la falta de seguridad jurídica por la medida adoptada.

“Es decir, resulta imposible proyectar y organizar el desarrollo de la vida familiar cuando el propio Estado nacional adopta medidas que afectan notoriamente la relación ingresos y gastos personales”, subraya.