Luego de posponerse este año en varias ocasiones, ayer la Cámara Penal Nº1 fijó como fecha el 12 de diciembre para el juicio por la causa denominada “Megafraude de Desarrollo Social”, en que exfuncionarios, exempleados y algunos referentes de fundaciones que trabajaban para el gobierno  de Eduardo Brizuela del Moral responderán por defraudar económicamente al Estado por una cifra cercana a los 4 millones de pesos.

 La causa, que comenzó a ser investigada en 2004 y tiene a 10 imputados por el delito de “fraude contra la Administración Pública”, contará con 130 testigos, aunque de éstos sólo 67 serían presenciales.

Acusación

Cabe recordar que Pablo Córdoba Molas, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en la primera gestión gubernamental del mandatario del FCS, está acusado de 24 hechos de fraude. 

A su vez, el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina, y la exempleada de Desarrollo Social Nancy Madueño responden por la comisión de 24 hechos, como lo hacen  exfuncionarios que se desempeñaban en el ministerio de Hacienda: el excontador de la Provincia, Juan Andrés Barrios; la exsubcontadora general, Susana De la Colina; y los exempleados Cristina Barros de Voget, Guillermo López y Liliana Jalil de la Barrera.

Entre los acusados se encuentran también Carlos Arriazu, el titular de la fundación “Jóvenes en progreso”, que responderá por 11 hechos de corrupción, y Hugo Diamante, quien presidía la organización denominada “Ideia”, acusado de cometer un total de 13 hechos similares.

Es necesario recordar que los acusados habrían organizado capacitaciones por las que cobraban al Estado provincial importantes sumas de dinero pero que no se dictaban, o en caso de realizarse, presuntamente no asistía la cantidad de alumnos que se plasmaba en los papeles presentados en los balances finales.