En este contexto, ayer declaró Pedro "Perico” Gómez, maestro y supuesto amigo de Oscar Cancino Ovejero, el denunciante del primer hecho, en el juicio político que se inició en contra del titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 9. 

Como era esperable, el testigo, bajo juramento, aseguró que estuvo presente justo al momento en el que se produjo la entrega del dinero por parte de Ovejero a Mazzucco, aunque con diferencias importantes respecto de las declaraciones del propio denunciante.

En este sentido cabe aclarar que Gómez expresó que no quería que lo nombraran, ya que "sabía que se trataba de una maniobra indebida” de su amigo, que esperaba recuperar el botín de 530 mil pesos que le habían sustraído de su domicilio en Los Altos. 

A pesar de que el testigo manifestó recordar con exactitud la secuencia en que el dinero fue supuestamente puesto sobre el escritorio de Mazzucco, no coinciden varios puntos que expresó Ovejero en su declaración. 

Tal es así que el propio denunciante sostuvo durante su declaración que le dio, en mano, el fajo con 10 mil pesos, que le fueron "exigidos” por el fiscal, al "Gallego” Romero, quien en una pequeña oficina realizó una especie de triangulación para que lo recibiere el propio fiscal, quien le habría asegurado que recuperaría su dinero. 

Esto fue desmentido por el propio Romero, quien negó en todo momento haber estado en la oficina cuando se realizó la transacción, lo que coincide puntualmente con el relato de Gómez, que manifiesta que el "Gallego” sólo los habría presentado ante el fiscal y luego se habría retirado.

Dante Coronel, otro de los testigos presentes al momento de la presunta transacción, en su declaración habría negado directamente la existencia del dinero, aunque reconoció que Ovejero se había entrevistado con el fiscal Mazzucco. 

Otro detalle, no menos importante, es que según Ovejero habrían viajado en una camioneta roja propiedad de Romero, pero Gómez manifestó al tribunal que era una camioneta de color blanco y que desconocía la existencia de otra suma de 10 mil pesos, los cuales el denunciante le habría dado en una playa a Mazzucco. 

Además, también durante su declaración el último testigo expresó que mantiene una "amistad” con el denunciante de apellido Ovejero y que gracias a eso este último le habría pedido que viajaran hacia esta Capital, con el fin de que entablara un diálogo con el fiscal.

También por su parte, el testigo Gómez confesó que no quería que lo llamaran a declarar, puesto que tiene una función pública -senador suplente- y además es docente de los hijos de Ovejero, lo que le habría valido una "afrenta” con el propio denunciante, que se habría molestado por esta situación.

 

"A decir verdad, yo vine porque me citaron, sino no lo habría hecho”, relató, al mismo tiempo que comentó ante las preguntas del tribunal que no habría visitado nunca el edificio de tribunales (Corte de Justicia) y que habría sido convocado por un señor de apellido López, quien lo notificó el pasado miércoles cerca de las 10 de la mañana. 

Cabe recordar además que Ovejero expresó que el monto que pedía el fiscal era de 20 mil pesos, los cuales habrían sido entregados en dos "cuotas”, una frente a Romero y Gómez y otra en una playa de estacionamiento a la vuelta de Fiscalía.  

 

La denuncia en la que se escuchó el testimonio de Gómez expresa que el 24 de junio de 2013 el denunciante Oscar Cancino Ovejero se habría hecho presente en el edificio de Fiscalía, donde se habría entrevistado con el, en ese entonces, fiscal de Instrucción de Delitos Criminales, Roberto Mazzucco, en su despacho, donde le habría solicitado una dádiva por $20.000 a cambio de que Ángel Ceferino Lobo y Abel Exequiel Lobo, hijos de la expareja del denunciante, Juana Beatriz Lobo, le entreguen los $535.000 que le habrían sustraído de su propiedad el día 08/05/13.

El 24/05/13 el denunciante le habría entregado a Mazzucco, en su oficina de Fiscalía, parte de la dádiva solicitada, $10.000 en efectivo y el resto al día siguiente (25/05/13), en horas de la mañana, en una playa de estacionamiento situada en calle República, a la vuelta de Fiscalía. 

En cuanto a la segunda denuncia, en ella se da cuenta de que a principios del 2014 Carlos Jorge Vera radicó una denuncia penal en Fiscalía General en contra de Walther D’Agostini y Autovía SA por el delito de estafa, en virtud de que la empresa a la que pertenece, Vera Construcciones SRL, le compró a Autovía seis vehículos.

 Señala que realizó la denuncia asesorado por Luciano Rojas, quien tendría "contactos” con los fiscales para acelerar su curso y a consecuencia le habría solicitado a nombre de Mazzucco la suma de $25.000 para imputar a D’Agostini.

 

Posteriormente, el abogado Rojas le habría manifestado que dicha dádiva debía incrementarse a $40.000 porque la imputación debía llevar la firma de otro fiscal.

Según el tercer hecho, Mazzucco, durante la primera parte del año 2015, le habría requerido al denunciante Mario Rufo Varas una dádiva consistente en una suma de dinero a cambio de peticionar al juez de Control de Garantías en turno el desalojo del inmueble ubicado en el paraje La Tusca, de la localidad de Alijilán (Santa Rosa). 

En cuanto al cuarto hecho, habría llevado a cabo ilegal y arbitrariamente la investigación penal preparatoria en la causa por estafa contra la exadministradora de El Esquiú.com, María Juliana Ibarra, quien presentó una serie de irregularidades cometidas, presuponiendo que el fiscal le inició una persecución a la sospechosa en virtud de otra causa anterior radicada en la Fiscalía Nº 4 a cargo de Ezequiel Walter. 

En el quinto, se acusa al fiscal por una serie de irregularidades en la entrega provisoria, durante la feria judicial de julio de 2014, al ciudadano Rafael de Cicco, en carácter de depositario judicial, de un camión Scania dominio WXS-414 modelo T113H, que fuera secuestrado en el puesto caminero de control policial sito sobre ruta nacional Nº 38 de la localidad de Sumalao (Valle Viejo), en virtud de las anomalías que presentaba la numeración original del camión (adulteración del número de chasis). 

Finalmente, en el sexto hecho, el 25 de abril de 2016, el diario local El Esquiú.com publicó en su página 6 una nota periodística realizada al denunciado, quien acusó a los denunciantes (Corte de Justicia de la Provincia) de una persecución en su contra por haberle aplicado la sanción prevista en el Régimen Disciplinario del Poder Judicial, consistente en una multa del 20% de su sueldo.