En diálogo con la prensa, el magistrado explicó que en su política de persecución criminal y por respeto a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, "no permitimos que ningún juicio que involucre violencia de género, ya sean amenazas, lesiones e incluso algunos casos de daños, tengan una finalización anormal. No concedemos la suspensión de juicio a prueba (probation) y no permitimos bajo ningún punto de vista que lleguen a una prescripción”.

Forner señaló que "son el primer escalón por el cual una mujer es afectada y con esto evitamos mayores inconvenientes en la cadena criminal”.

Respecto a la cantidad de causas que se trabajan, señaló que no podía dar el número exacto, pero "sí podemos decir que es grave, son muchos los casos no sólo en la provincia sino a nivel país, la violencia de género es un mal que nos agobia y hay que darle una solución desde la Justicia y la educación, las amenazas no son un delito menor, la mujer que sufre amenazas y persecución no puede vivir tranquila”, explicó el magistrado.

Forner remarcó que una mujer que está siendo acosada y amenazada muchas veces "ve afectada su situación laboral porque se le presenta a veces la persona en el lugar de trabajo, en ocasiones no puede rehacer su vida porque si va a un lugar de esparcimiento, por ejemplo un bar, también se hace presente la otra persona y no la deja vivir. Todo eso es un primer escalón, pero va llevando a un escalón más y por eso no es para menospreciarlo. La amenaza afecta a la mujer, a su vida, a los hijos y a la comunidad porque estos delitos de violencia de género nos enferman de raíz”, subrayó Forner.

Por último, expresó que hubo juicios donde "sin que haya reincidencia, por la naturaleza de los hechos hemos dado prisión efectiva. Hemos negado el beneficio en suspenso en protección de la mujer y hacemos que las restricciones se cumplan, la jueza de Ejecución (Alicia Cabanillas) realmente está a la altura de las circunstancias haciendo cumplir cuando pedimos que se abstengan de concurrir a tantas cuadras del domicilio, que no tengan contacto por sí o por interpósita persona o por medios digitales. Este es un mal que hay que atacarlo fuertemente porque daña a la familia entera, a la mujer y a la sociedad en su conjunto”.

 

En 2016, la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género trabajó con 1.050 casos, entre denuncias y actuaciones de oficio.

 

Las amenazas y las lesiones fueron el segundo y tercer delito más denunciado respectivamente en el mismo año, con un marcado incremento en relación con 2015 (aunque lógicamente no todas estas denuncias aluden a casos de violencia de género).