La dirección de Delitos Complejos de la secretaría de Seguridad formalizó una denuncia en la Fiscalía federal, por presuntas tareas de espionaje realizadas por policías “autoconvocados” en las que habrían utilizado los conocimientos adquiridos para intentar desestabilizar a las autoridades de la fuerza.
Según fuentes judiciales, se trataría de un grupo de efectivos y personal retirado de la fuerza, que habrían respondido a una convocatoria realizada por dos comisarios, que forman parte de la Policía de la Provincia para realizar tareas de “espionaje” e inteligencia sobre los anillos de seguridad que normalmente cuenta la Casa de Gobierno. 
Es decir,  a través de una serie de actos que se llevaron a cabo mediante las distintas redes sociales como Whatsapp y Facebook, donde ponían de manifiesto una serie de expresiones y también imágenes tales como fotografías y filmaciones de personal civil que trabaja en la seguridad del edificio central de la gobernación, ya que el mismo no puede ser identificado por cuestiones de seguridad, explicaron desde la Justicia federal. 
En la presentación se pone de manifiesto un accionar supuestamente ilícito, ya que representaría un peligro a la Casa de Gobierno y al personal de servicio que presta funciones en esas condiciones.
Por su parte, desde la Justicia federal se analizaría la competencia, ya que se trataría en principio de un delito que afecta a los intereses de la provincia.

Revuelta 
Cabe recordar que el 6 de diciembre de 2013, en la plaza 25 de Mayo, policías que estaban de franco y más tarde efectivos que cumplían funciones en las comisarías se convocaron para reclamar un incremento salarial, pero la mayor tensión se vivió en horas de la tarde cuando arribó, para custodiar Casa de Gobierno, Gendarmería Nacional, que se enfrentó con el grupo de policías que intentaban impedir el ingreso al edificio; como así también cuando arribaron numerarios de Prefectura Naval. Por el hecho hay un solo efectivo imputado.

Hecho
La denuncia realizada se fundamenta, según trascendió, en una serie de hechos acaecidos en los últimos días, los cuales son de público conocimiento, uno de ellos ocurrió el martes pasado cuando se presentó en Casa de Gobierno un grupo reducido de policías convocados, presuntamente en las redes sociales, a la plaza principal por funcionarios policiales en actividad, aduciendo una especie de representatividad popular dentro de la fuerza policial. 
Supuestamente, en la previa habrían realizado tareas de “espionaje” para efectuar un potencial levantamiento, ya que reclamaban el cumplimiento de un incremento salarial de un 40 %  a la Gobernadora de forma ilegal y arbitraria, además de la renuncia del secretario de Seguridad y del jefe de Policía. 
Allí, se habría sumado la posterior viralización a través de las redes sociales de una cantidad de denuncias anónimas, sin judicializar, sobre presuntos hechos ilícitos. 
Finalmente, de acuerdo a la presentación judicial, al momento de la convocatoria efectuada “había personas  apostadas en adyacencias  a la  Casa de Gobierno, la Catedral y zona bancaria, logrando monitorear por sus conocimientos, las  actividades propias de seguridad e inteligencia, la visibilización del segundo anilllo de seguridad de la zona céntrica, poniendo en evidencia mediante fotografías al personal  policial que desempeña sus tareas habituales en la zona, en  violación a los reglamentos policiales  revelando actividades propias y habituales de la Policía en materia de seguridad”.

Sobre los seguros
Uno de los detonantes de la interna  policial, fue la denuncia contra la Policía provincial por asegurar automóviles que no estaban en uso. Aunque desde la fuerza explicaron que la denunciante era responsable del área de Logística, por lo que no podía no haber estado al tanto de la situación desde un primer momento, ya que era parte de sus funciones y fue su área la que solicitó la partida para que se efectúe el pago.
A su vez, desmintieron que la suma que se dilapidó fuese millonaria, ya que la partida anual para la totalidad de los vehículos de la fuerza ascendía a $600.000 y los autos que se encontraban fuera de funcionamiento eran sólo 10 y son entre 150 y 200 los vehículos que se aseguraron.
Según explicó una fuente, la dirección de Logística tiene como función realizar los pedidos de todo insumo necesario para el funcionamiento de la institución, desde artículos de limpieza, librería o informática, hasta la de los seguros correspondientes a los rodados con los que cuenta la institución.
“Era el trabajo de Leguizamón (la comisario denunciante) saber en qué condiciones estaba el parque automotor, y en el caso de que hubiese detectado que de todos ellos 10 estaban fuera de funcionamiento, simplemente podría haber hecho una nota y esto se rectificaba. No necesitaba hacer un mayor papeleo”, explicó.
Con respecto a las motivaciones que habrían llevado a la extitular de Logística a efectuar la denuncia, se indicó que “podría estar descontenta por su traslado y porque no fue ascendido su esposo”.