Un preso se negó ayer a declarar al comenzar el juicio oral en el que está acusado del femicidio de su joven pareja y madre de su bebé, cometido en enero de 2017 durante una visita en el penal salteño de Villa Las Rosas.
Se trata de Gabriel Roberto Herrera (39), alias “Chirete”, quien en 2006 ya fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su anterior mujer, asesinada en similares circunstancias.
La Sala VI del Tribunal de Juicio de Salta inició ayer el debate oral en el que Herrera está imputado del “homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género” en perjuicio de Andrea Neri (18).
En este proceso también son juzgados cinco miembros del Servicio Penitenciario de Salta: Juan Carlos Gutiérrez, Fernando Daniel Velázquez, José Luis Ávalos y Héctor Augusto Franco por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y a Nelson Alexander Cardozo por “abandono de persona seguido de muerte”.
Los seis acusados se negaron a declarar, tras lo cual el juicio continuó con las testimoniales de Juan Pablo Neri y Claudia Susana Quiroga, los padres de la víctima.
Al finalizar con estas declaraciones, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9, para cuando están citados otros ocho testigos, al tiempo que se prevé que el debate se extienda hasta el viernes próximo.
El hecho que se ventila en el debate ocurrió el 5 de enero de 2017, cuando Neri fue, junto a su bebé de dos meses, a visitar a Herrera, quien se encontraba detenido en la Unidad Carcelaria 1 de Salta, en Villa Las Rosas.
La víctima mantenía una relación sentimental con el acusado, que era el padre del recién nacido y luego de permanecer 30 minutos en el interior de la celda con ella, salió sin perturbarse con el bebé en brazos para avisar que acababa de matarla.
Cuando los guardiacárceles se acercaron, Neri fue encontrada en el piso, con heridas punzantes a la altura del cuello y en medio de un charco de sangre y junto a su cuerpo estaba la gubia utilizada en el ataque que le provocó la muerte.
Respecto a los penitenciarios, Gutiérrez era el director del Penal; Ávalos, el jefe de Tratamiento y Vigilancia; Franco, jefe de pabellón; Velázquez, el subjefe de Departamento y Cardozo, el celador del lugar donde ocurrió el crimen, por lo que tenía la obligación de custodiar y resguardar la integridad física de los internos y sus visitas.