El aberrante caso de una niña de 11 años, oriunda de Antofagasta de la Sierra, abusada y embarazada por su padrastro puso el foco en el papel de los legisladores locales ante los casos de aborto no punible previstos en el artículo 86 del Código Penal de la Nación y el fallo denominado F.A.L. dictado en marzo de 2012.

En el registro de los proyectos presentados en la cámara baja figuran tres iniciativas vinculadas específicamente al aborto no punible y una sobre el abuso infantil que se remite al artículo de la carta magna nacional.

Para el caso, la diputada opositora Marita Colombo había presentado un proyecto el 27 de junio de 2012, tras el fallo FAL que estableció que las mujeres víctimas de una violación pueden solicitar que se les practique un aborto sin necesidad previa de autorización judicial y al igual que los médicos que las asistan, están exentas de pena.

En el mismo, la legisladora solicitaba un informe sobre las acciones a llevar adelante para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

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El 5 de septiembre del mismo año, la diputada del bloque oficialista Cecilia Guerrero elevó una iniciativa para establecer el Protocolo Hospitalario para la Atención y Asistencia Sanitaria Integral de prácticas de Aborto No punible, en el marco de lo dispuesto por elartículo 86º Incisos 1º y 2º del Código Penal.

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Se bien este proyecto perdió estado parlamentario, la legisladora insistió presentando otra iniciativa el 3 de octubre de 2016, profundizando un poco más algunos aspectos.

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En el caso del diputado Horacio Sierralta, el 13 de septiembre de 2016 presentó un proyecto a los fines de crear un protocolo de actuación para la intervención eficaz en casos de abuso sexual infantil que se remite al artículo de la carta magna nacional.

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Cabe señalar que los proyectos apuntados específicamente al aborto no punible perdieron estado parlamentario, en tanto que la iniciativa presentada por el legislador Sierralta tuvo media sanción en mayo de 2017.