Ayer, legisladores de la oposición (FCS-Cambiemos y F3P) se presentaron en fiscalía general para ampliar la denuncia en contra de la empresa provincial minera Camyen. Según pudo conocer este medio, se acercaron Luis Lobo Vergara, Rubén Manzi, Rubén Herrera y Silvana Carrizo.
En el escrito presentado, además de los diputados mencionados, figuran Marita Colombo, Víctor Luna, Miguel Vázquez Sastre, Juana Fernández y Hugo Navarro (del F3P).
La ampliación apunta al presidente, vicepresidente y al vocal titular del Directorio de Camyen, Daniel Issi, Alejandro Bosio y Francisco Álvarez, respectivamente. A la vez, se sumó al ministro de Producción, Raúl Chico, para que remita información.
Todo nace por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (número 19 del corriente año) ya que en este aparece la resolución del Ministerio citado por la cual realiza un préstamo dinerario (mutuo) a la empresa por $ 26.232.300. En esta línea, expone que "la resolución ministerial que otorga el préstamo de fecha 15 de Septiembre de 2016 y su publicación fue casi seis meses después”.
Además, explica que a partir de la suscripción la empresa minera posee el monto mencionado, el cual "no es precisamente utilizado para afrontar pagos de empleados, ni gastos corrientes, habida cuenta de que el propio ministerio con puntual frecuencia asume los gastos referidos cuando –mensualmente- le otorga sumas no reembolsables para el pago de esos ítems”. "Se está autorizando mediante resolución una suma considerable pero un día anterior al convenio, lo que suena totalmente ilógico”, acota.
Los legisladores se remontan a cuando el presidente de la empresa estuvo en la cámara. Sobre ello, recuerdan que les expresó "que la situación de la empresa era absolutamente deficitaria”.
También indican que Issi "menciona que solamente a la empresa Goland SRL se le adeudan 24 millones de pesos y que se les están haciendo pagos en efectivo, lo cual no está permitido en el contrato”.
"Si el 11 de octubre de 2016 Issi manifiesta que la empresa está en déficit y que tan sólo a Goland le adeudan $24 millones, sería bueno desentrañar qué hicieron con los 26 que recibieron un mes antes, si lo recibieron”, pone en duda el escrito.
Destacan que el directorio de la empresa está sujeto a un control interno en manos del Síndico, hoy  María Julia Acevedo Corpacci, uno externo (Tribunal de Cuentas) y un organismo de contralor, "que es el Ministerio de Producción a cargo de Raúl Chico”.

Por ello, entienden que "el Directorio, mediante la complicidad de quien debiera actuar como contralor de la entidad, ha recibido fondos públicos que hoy configuran el delito de "desvío de fondos” y que funciona como un aceitado mecanismo de lavado de fondos públicos camuflados bajo el déficit empresarial”. Además, contemplan que se puede configurar el delito de "fraude fiscal” al omitir el pago de impuestos.

Levantaron la toma

El directivo de Camyen, Francisco Álvarez se refirió a la toma en las oficinas de la empresa Camyen en Andalgalá. En este orden, explicó que "la oficina, desde que renunció Nelson Castro, perdió la calidad para realizar ventas”.
Así, relató que  el martes "a las 19.00 fueron entre 10 y 12 personas y se quedaron como tomándola”, por lo cual, después se hizo la denuncia pertinente.
"A las 11.30 aproximadamente depusieron la actitud”, dijo, acotando que "pedían que nosotros, como empresa, les permitamos entrar a la escombrera para buscar rodocrosita, lo que no lo podemos hacer porque pertenece a FM y por ende, no corresponde”.
"También pedían piedra subsidiada y les informé que el material de primera calidad no tiene descuentos ni bonificaciones por resolución del directorio”.
Además, comentó que el fiscal subrogante Alejandro Scidá medió entre las partes.