En la Justicia Electoral a cargo de Guillermo Cerda, la noción de que es "imposible” llevar a cabo el acto comicial sigue su curso, aunque señalaron que habría novedades mañana.

Además, aún resta definir el padrón electoral a emplear en la elección de la villa, el cual está sujeto a la decisión de la Corte de Justicia y concatenado al mismo tiempo a la candidatura de Nancy Córdoba (Frente Justicialista Para la Victoria).

Así las cosas, desde dicho frente presentaron en la mañana de ayer dos apelaciones puntuales: por una parte, sobre la impugnación a la candidatura de Roberto Santillán (FCS-Cambiemos) y por la otra, para que Cerda resuelva la oficialización -o no- de Córdoba. 

En cuanto al candidato de la oposición provincial, la apelación sostiene que el fallo del magistrado "resulta infundado y arbitrario” por cuanto rechazó la presentación "sin analizar las pruebas presentadas que acreditan la residencia de Santillán en Icaño”.

 

A la vez, rechaza que la residencia de éste sea fijada al ser concejal desde el 2011 ya que la constitución provincial establece que "no causará residencia el desempeño del cargo público”. 

La segunda apelación apunta a la sentencia 11 del juez electoral, solicitando que revoque la misma y se resuelva la oficialización de la candidatura de Córdoba conforme las pruebas que fundamentan su residencia. 

Los apoderados de la alianza oficialista, Augusto Barros y Juan Carlos Véliz, entienden que el magistrado electoral resolvió suspender la impugnación en base a una falencia ya que el padrón "sí existe y es el ordenado por el Tribunal Electoral”. 

Además, distinguen que la sentencia del TE no fue apelada sino que se presentó un recurso de casación, lo que no está previsto en la ley electoral y que no tiene efecto suspensivo. 

En tanto, el fundamento de la apelación sostiene que Cerda adelantó opinión y cita:  "El antecedente Luis Barrionuevo, que tanto ha ventilado el juez” donde "el proceso siguió adelante conforme lo resuelto por el TE de ese tiempo y de ninguna manera se supeditó el proceso aunque la cuestión llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 

 

En conferencia de prensa, Barros señaló que "se evidencia claramente que el FCS está dispuesto a que no haya elecciones en la localidad de Ancasti y buscan por todos los medios la dilación a los efectos de que Santillán, que es el candidato a intendente de la oposición, que no tuvo la ética ni decoro de renunciar a la intendencia provisoria, pueda utilizar los bienes municipales a los efectos de hacer campaña política para que la elección se realice cuando ellos quieran”.

A la vez, Barros explicó que "la fiscal interviniente en el caso de la impugnación de Nancy Córdoba se manifestó a favor de la candidatura porque se demostraron los extremos de la residencia que es lo que exige la Constitución de la Provincia y la Ley 4640 para ser candidato a intendente. Una residencia inmediata de por lo menos dos años”.

"El FCS tiene el ‘julepe del siglo’ y no se quieren presentar a las elecciones porque saben cuál es el resultado y obviamente después van a tener que llevar una derrota a Buenos Aires”, manifestó, agregando que "están intentando atrasar los términos para esconder a Ancasti en otras elecciones, y segundo, sostener a un intendente que no le corresponde, manejando el municipio e intentando desde ahí revertir un resultado electoral”.