La decisión del fiscal de Estado, Carlos Bertorello, de presentarse en el expediente concursal de la empresa Noruzi S.A. con la finalidad de solicitar se declare la nulidad de la autorización otorgada por el exfiscal de Estado, Simón Hernández, en el año 2011, autorizando al síndico de la quiebra (Pedro Vega) a promover una acción de extensión de responsabilidad patrimonial a diversas empresas del grupo Noruzi –Zitelli y al mismo Silvestre Zitelli, fue analizada por Ana Soledad Pais Ahumada de Soria, exasesora General de Gobierno.

El informe periodístico fue dado a conocer ayer por El Esquiú.com y para la exfuncionaria del gobierno de Arnoldo Castillo "los efectos de la presentación de Bertorello, en caso de ser admitida por el tribunal comercial, serán letales para el crédito de la Provincia contra Noruzi”.

 

 

Pais discrepó con la postura de Bertorello, en orden a que el exfiscal de Estado -Simón Hernández- no era competente para otorgar esa autorización por no contar con decreto del Poder Ejecutivo Provincial que le autorice a conferirla al síndico de la quiebra.

Indicó en ese sentido: "En mi criterio, no creo que la presentación del actual fiscal de Estado pueda prosperar”, al mismo tiempo que se explayó en explicar la situación.

 

En ese sentido, dijo que "el artículo 163 de la Constitución es terminante cuando establece la competencia del fiscal de Estado cuando dice lo siguiente: (...) El Gobernador, con acuerdo del Senado, designará un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio de la provincia, que será parte legítima en todos los juicios en que se comprometan intereses o derechos provinciales. Deberá recurrir de toda ley, reglamento, decreto, contrato o resolución contrarias a esta Constitución o a los intereses patrimoniales y derechos de la provincia y será parte en todos los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas”.

Para Pais de Soria, "el fiscal de Estado tiene competencia y está obligado a actuar en defensa de los intereses del Estado Provincial por directa imposición de esta norma constitucional, que es terminante, no siendo necesario bajo ningún punto de vista que requiera una autorización por decreto del Poder Ejecutivo, como expone la presentación judicial del actual fiscal de Estado”.

 

Por otro lado, en el caso de las acciones contra Noruzi S.A., la exfuncionaria también fue terminante: "Cuando el entonces gobernador, don Arnoldo Castillo, con fecha 7 de setiembre de 1993, dictó el decreto 1565 que declaró la ilegitimidad y nulidad de la Obra del Siglo, en uno de los apartados de su articulado dispositivo ordenó a la Fiscalía de Estado interponer las acciones necesarias para procurar el resarcimiento y recuperación de todas las sumas abonadas por el Estado a la empresa por el contrato de obra pública cuya nulidad se declaraba”.

Siguiendo el orden de pensamiento, la entrevistada completó su análisis: "Aquella orden del Poder Ejecutivo a la Fiscalía de Estado, emergente del decreto 1565/93, continuaba vigente cuando Simón Hernández, exfiscal de Estado, otorgó la autorización a la Sindicatura de la Quiebra, de modo que no era necesario, como expone ahora Bertorello, que se tenía que dictar un decreto (firmado por Brizuela del Moral) para que así actuara, dada que la orden del Poder Ejecutivo ya le había sido impuesta a la Fiscalía de Estado”. 

 

 

 

A pesar de múltiples intentos realizados por periodistas de El Esquiú.com, el fiscal de Estado Carlos Bertorello no pudo ayer ser contactado para conocer su versión sobre este caso que lo involucra.

 

Como siempre, las páginas del diario están a su disposición para realizar las aclaraciones que considere pertinentes.