Según lo dado a conocer por fuentes de Casa de Gobierno consultadas, la modificación al artículo 10º de la Ley 25.917 prevé que la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de las Provincias no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor.

Sobre esta modificación, las mismas fuentes señalaron que se deben aclarar varias cuestiones, una de ellas que por efectos de la inflación superior al 20% en el corriente año, en la realidad el límite de incremento establecido para el gasto público corriente primario será inferior al aumento del Índice de Precios al Consumidor, por lo que el gasto debería crecer a un ritmo inferior a la inflación para cumplir con esta pauta.

Otro punto que destacaron es que ante la posibilidad de que la provincia obtuviera nuevos recursos -mayor coparticipación, recaudación provincial, renta minera u otro- el excedente no podría aplicarse a gasto público corriente primario por efecto del tope fijado en este artículo. Además, imposibilitaría, aunque no existiera déficit, destinar dicho excedente a la reactivación de las economías provinciales.

En el caso de las transferencias nacionales no automáticas es distinto el tratamiento, dado que no están sujetas a dicho tope, generando beneficios a las provincias que la reciban, en detrimento de otras.

Los servicios públicos también deben considerarse, dado que, según explicaron fuentes oficiales, no se tiene en cuenta el importante efecto que produce en las finanzas del sector público el aumento de las tarifas de energía y gas por sobre la inflación. 

Tampoco se podría, para no superar el límite mencionado, no obstante exista superávit corriente, la incorporación de nuevos servicios que la provincia pueda requerir ante necesidades específicas, por ejemplo de seguridad, salud, educación, justicia, etc.

A lo ya mencionado, también requieren análisis disposiciones como las que se delega en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, la determinación de la relación óptima de cargos ocupados (en planta permanente, temporaria y contratada) adecuada a las características de cada jurisdicción, a efectos de permitir excepciones en los límites para el incremento de personal.

Las fuentes consultadas indicaron que estos y otros puntos necesitan una profunda evaluación por parte del Gobierno y precisiones, vía modificación y/o reglamentación, del anteproyecto que se propone, sumado a que la gobernadora Lucía Corpacci no se encuentra en la provincia, dado que está en Chile.

 Finalmente, remarcaron que este es un anteproyecto que debe recorrer el camino de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación para convertirse en ley.