El ministerio de Seguridad anunció hoy la detención, en un paso fronterizo neuquino, de Sebastián Canale, uno de los tres dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca que estaba prófugo en la causa por asociación ilícita y extorsión que se sigue contra el secretario general de la seccional de ese gremio, Humberto Monteros.

Canale fue apresado por efectivos de la Gendarmería cuando intentaba trasladarse a Chile a través del paso de Pino Hachado, en la provincia de Neuquén.

La detención de este gremialista de la construcción se produce en un momento en que crece el tránsito de ciudadanos argentinos que viajan a Chile con motivo de la visita a ese país del papa Francisco, quien el próximo miércoles oficiará una misa en la ciudad de Temuco. 

De esta manera, Canale se agrega a la lista de sindicalistas pertenecientes a la Uocra bahiense que fueron detenidos en los últimos días, entre ellos Monteros. 

Hasta el momento, Canale está bajo custodia de la Gendarmería a la espera de que la Justicia Federal de Bahía Blanca decida su traslado a esa ciudad del Sur de la provincia de Buenos Aires.

Monteros, el exsecretario general de la Uocra Bahía Blanca detenido el jueves pasado, acusado de encabezar una asociación ilícita y por extorsión, se negó a declarar ante la Justicia federal, al igual que José Bernardo Burgos, exsecretario adjunto del sindicato.

Monteros fue detenido en la ciudad balnearia de Monte Hermoso con más de cinco millones de pesos, 100 mil dólares, armas y droga en su poder. 

Otros cinco detenidos, integrantes de la excúpula de la Uocra Bahía Blanca, se negaron también a declarar ante la Justicia.

Esos imputados son Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez y Walter Paiz.

Según contó a Télam el fiscal del caso, Gustavo Zorzano, “ayer tomamos declaración a cinco, que se negaron a declarar”.

Además de Burgos, también comparecieron Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz y Aníbal Aranda, todos exintegrantes de la delegación bahiense del gremio de los albañiles, pero optaron por el silencio. 

La jueza Marisa Promé, titular del Juzgado de Garantías número 4, ordenó el jueves varios allanamientos que arrojaron diez detenciones, que se produjeron a la madrugada. 

Más tarde se entregó ante las autoridades Paiz, otro de los acusados, quien permanecía prófugo desde el inicio de las investigaciones. 

En total, los apresados hasta esta tarde eran doce y los prófugos, dos, y para el fiscal de la causa, estos imputados con paradero desconocido “tuvieron un papel protagónico en varios hechos de esta asociación ilícita en la que había una división de tareas”.

El fiscal informó que se investigan “44 hechos en total”, entre los que hay casos de extorsión y de otros delitos, como el de daños.

En tanto, en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre, el representante del Ministerio Público aseguró que los empresarios de la construcción de la zona “todos los meses tenían un sobre preparado” para pagarles a los emisarios del gremio que estaba liderado por Monteros y Burgos.

“Todos los meses tenían un sobre preparado en la empresa, que iba a buscar alguno de los integrantes de este grupo (por los directivos del sindicato). Era la condición para poder trabajar. Si no se pagaba esa suma mensual, la consecuencia era la paralización de las obras, o las asambleas, que eran congregaciones de gente que imposibilitaban el acceso de vehículos y operarios”, explicó Zorzano.