Hoy el gobierno se reencontrará con algunos intendentes para avanzar en la firma del Pacto Fiscal entre la Provincia y los municipios. Si bien los jefes comunales del radicalismo plantearon su disidencia, hubo uno que se separó del grupo y anticipó que firmará: el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos. Además, disparó algunas críticas para con sus pares. 
En tanto, los restantes jefes comunales del radicalismo se reunieron con los diputados del bloque de los 10 (FCS-Cambiemos Catamarca). Del encuentro surgió una nota, la cual ya fue elevada al ministro de Gobierno, Marcelo Rivera. Le solicitan al ministro político una prórroga por un mes, tiempo que se darán para analizar las implicancias de la firma y elevar una contrapropuesta. 
Ríos, reconoció que hubo malestar en la convocatoria del miércoles. “El problema que hubo en los desacuerdos que se manifestaron en la reunión -del miércoles- era por la forma de la convocatoria”, dijo, acotando que “algunos llegaron con una predisposición para discutir y otros mezclaron cuestiones políticas, tratando de desvirtuar el encuentro”. 
Sin perjuicio de ello, Ríos puso en la balanza la coherencia, ya que “el caso puntual de Belén hemos emitido disposiciones al respecto”. “Nos adherimos al Consenso Fiscal Nación-Provincia, a la ley provincial del Consenso Fiscal y por ende, tenemos que firmar el Pacto”, profundizó, y anheló que la Provincia “ojalá se tengan en cuenta nuestro reclamo y sugerencias”.
El jefe comunal rescató que firmar cuanto antes el Pacto Fiscal “da certezas a la gobernabilidad de los municipios para este y el año que viene”. “Estamos dispuestos a rubricar el Pacto para ser coherentes con lo que venimos haciendo”, englobó.
En líneas generales, Ríos evaluó como positivas algunas de las pautas propuestas por la Provincia, aunque rescató alternativas. Para el caso de las regalías mineras, consideró importante que el mecanismo de la presentación de proyectos al ministerio de Gobierno y planteó que el aval que surja de allí “sirva también como aval en la presentación al momento de rendir cuentas en el Tribunal de Cuentas”. 
En el caso de OSEP, dijo que estaba de acuerdo en “que se pueda regularizar la situación de la obra social” y que la propuesta de su parte es ampliar la cobertura para los trabajadores precarizados: “No todos los beneficios, pero sí la mínima”. 
Sobre el eje de la energía, apuntó: “Se puede estar de acuerdo en que lo que tiene que cobrar la empresa EC Sapem se haga directamente de la coparticipación, pero proponemos un método de préstamo para hacer un recambio total de luminaria”. 
Así las cosas, el Intendente contempló que en su momento “a la Gobernadora  no le dieron mucho tiempo para pensarlo, fue una imposición por parte de Nación”.

Capital

Por otra parte, Ríos realizó un “fuerte llamado de atención” al intendente de la Capital, Raúl Jalil, por los recientes aumentos salariales concedidos. Es que el alcalde capitalino “nos puso en una situación comprometida, no solo a los municipios sino también a la Provincia”, fijando “un techo de paritaria que quebranta el Consenso Fiscal que firmó la Gobernadora”.

Lapso de estudio

Por su parte, un grupo de intendentes radicales estuvo con los diputados del bloque del Frente Cívico Social - Cambiemos Catamarca.
Del encuentro surgió una nota elevada al ministro de Gobierno Marcelo Rivera y fue firmada por Alejandro Páez, Gustavo Jalile, Orlando Savio, Roberto Herrera, Julio Taritolay, Octavio Gómez y Jorge Coronel, entre otros. 
La misiva dirigida al ministro político indica que “la propuesta presentada -por la Provincia- demanda el estudio pormenorizado de sus implicancias y legalidad, atento a que afecta varias normas legales” en la Catamarca. 
En el documento también indican que la Provincia negoció con Nación los términos del Consenso Fiscal no menor a los cinco meses, “tiempo razonable para tomar posturas que defiendan los intereses de los catamarqueños”. 
En este orden de ideas, recuerdan tras la firma Provincia-Nación, pasaron dos meses hasta poner en conocimiento los términos de la propuesta  a los municipios. 
Así las cosas, solicitan “acordar un plazo de 30 días para la realización de la reunión de trabajo, donde presentaremos las propuestas del acuerdo fiscal ofrecido”.