El consejo directivo del Colegio de Abogados de Catamarca, presidido hace 23 años por el doctor José Patricio Rivarola e integrado, entre otros, por María del Rosario Andrada, Jorge Avellaneda, Raúl Funes, Marta Jalil, Pedro Armando Navarro y Virginia Jalil, consideró un tema que se discute en la actualidad y tiene que ver con la permanencia en sus cargos de jueces jubilados o mayores de 65 años de edad.

Se trata de los ministros de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, quienes infringen los artículos 168 y 195 de la Constitución Provincial. El primero de ellos prohíbe la designación de jubilados y el segundo establece como tope para el ejercicio de la magistratura los 65 años.

Cáceres y Sesto de Leiva son jubilados y tienen en la actualidad 76 y 75 años de edad, respectivamente.

El antecedente del 95
Promediando el año 1995, a través del ministro de Gobierno, doctor Guillermo Herrera, el Poder Ejecutivo le pidió al Colegio de Abogados de aquel entonces se expidiera sobre el eventual nombramiento del doctor Oscar Guillermo Díaz como ministro de la Corte de Justicia.
El nombrado Díaz, conforme a documentos a los que tuvo acceso El Esquiú.com, había renunciado días antes al mismo cargo para el que se lo proponía (integraba el máximo tribunal, desde 1991,junto a José “Pepe” Cáceres y Ernesto Oviedo) para poder acogerse a los beneficios de la jubilación.
El tema fue debatido por los colegiados el 16 de junio de 1995 y se arribó a la conclusión que, por su condición de jubilado, no reunía los requisitos establecidos por el artículo 168. Por lo tanto, “no resultaba jurídicamente razonable” una nueva designación de quien había renunciado y de esa manera se le contestó al exministro Herrera.

Avellaneda, según consta en informes de la época, fue el primero que aludió a los impedimentos del artículo 168. Pedro Navarro le siguió y sugirió que no correspondía un nombramiento tan burdo, anunciando además que el gobierno se aprestaba a hacer lo mismo (aceptarle la renuncia y volver a nombrarlos) con otros magistrados que estaban por jubilarse.

Cáceres y Lilljedhal
Se refería, concretamente a José Cáceres y a EnriquelLilljedhal. El primero, ministro de la Corte, renunció el 1 de julio de 1995 y juró en el mismo cargo el 28 del mismo mes. El ProcuradorLilljedhal también renunció el 1 de julio y reasumió el 26 de julio.
Otra opinión muy importante, cuando se comunicó que el doctor Díaz no reunía las condiciones para volver a ser nombrado, correspondió a la doctora Marta Jalil, quien estimó que ningún magistrado podía mantenerse indefinidamente en un cargo porque al llegar a la vejez, por una cuestión natural, no tendría las mismas cualidades físicas e intelectuales.
De esta manera, por unanimidad, hace 23 años, el Colegio de Abogados votó la inconveniencia de nombrar ministro de la Corte al doctor Díaz.
Aquel informe, que hoy vuelve a cobrar vigencia, no fue tenido en cuenta por el gobierno de Arnoldo Castillo y Simón Hernández. Díaz juró lo mismo. La historia se repetiría un mes después con José Cáceres y EnriqueLilljedhal. Como lo apuntamos anteriormente, renunciaron y, a los días, volvieron a jurar.

El caso de Sesto de Leiva
Distinto al de Cáceres es la situación de Amelia Sesto, la otra miembro del máximo Tribunal que fue objetada por el doctor Eduardo Andrada en su presentación ante el Colegio de Abogados. 
Ella juró el 24 de mayo de 2001. Reemplazó al doctor Oscar Guillermo Díaz, fallecido un mes antes. Claro que lo hizo, por ser jubilada, con el impedimento del artículo 168, el que no fue tenido en cuenta por quien la nombró: el entonces gobernador y actual senador nacional, Oscar Castillo.