Las presentaciones de Declaraciones Juradas (DD JJ) son un mandato de la Constitución Provincial. Así fue establecido en el artículo 167 de la Carta Magna: “Todos los funcionarios, inclusive cada uno de los miembros de los tres Poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la Provincia”.

De información a la que accedió El Esquiú.com surgen muestras de un notable incremento de funcionarios de todos los niveles que efectivamente presentaron las DD JJ: 145. El aumento se da contrastando las presentaciones del 2017 con las de 2016 y 2015. 

Si bien hubo mayores DD JJ el año pasado, ello no quita que sean tardías. Es que el mandato constitucional indica que las DD JJ deben ser elevadas antes de tomar posesión del cargo y al dejarlo.

Sin embargo, y de acuerdo a lo observado en la información adquirida por este medio, la fecha de presentación es posterior a la de inicio de gestión en casi la mayoría.  

Otro punto importante dentro de la Constitución es que las declaraciones juradas deben ser sobre “los bienes propios y de los de sus padres, hijos y cónyuges”.

Éstos “se inscribirán en un registro especial que será público, a fin de que, en cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, cualquier habitante pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del enriquecimiento del gobernador o agente administrativo”.

La propia Constitución deja explícito que el Tribunal de Cuentas puede decretar “preventivamente el embargo de los bienes o valores señalados como legítimamente adquiridos”.

Nombres

A diferencia del 2015 y del 2016, el año pasado se notó un aumento exponencial en las presentaciones juradas ya sea de funcionarios a nivel provincial, municipal, legislativo, concejales, organismos descentralizados y empresas mixtas.

En el 2015 solo hubo 19 presentaciones de la gran masa de funcionarios provinciales cualquiera sea su índole. Para el 2016, dentro del registro, se contabilizaron 37 DD JJ. Para el año pasado el registro de declaraciones escaló hasta los 145.

Allí figuran todo tipo de funcionarios que administran la cosa pública. 

De la documentación se desprenden nombres de concejales de distintos puntos de la provincia. Entre quienes presentaron sus DD JJ aparecen ediles como Carlos Álvarez y Mauricio Varela (Capital), Néstor Montalván (Los Altos), Emilia Espinosa (Aconquija), Gastón Monasterio, Fernando Lagoria (ambos de San José de Santa María), Alberto Barrionuevo (Fiambalá) e Ivanna Sánchez (Santa María).

En la lista también emergen los jefes comunales de ambas fuerzas políticas que presentaron sus declaraciones juradas el año pasado.  

Son los casos de Raúl Jalil (Capital), Rodolfo Santillán (Ancasti), Roberto Herrera (Recreo), Sebastián Nóblega (Tinogasta), Jorge Coronel (Tapso) y Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú).

Ya en 2017 aparecen algunos funcionarios del Poder Judicial. Es el caso de la prosecretaria contable Silvia Pacheco y tres de los ministros de la Corte: Miguel Figueroa Vicario, Vilma Molina y Raúl Cipitelli. 

En cuanto al Poder Ejecutivo, de la documentación a la que accedió este medio, surgen nombres reconocidos. Entre ellos, se destaca por su peso propio la gobernadora Lucía Corpacci. 

También aparecen los exministros Daniel Barros (de Desarrollo Social) y Gustavo Saadi (de Gobierno), el asesor general de Gobierno, Pablo Gallardo, y el titular de la cartera Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta.

En lo que respecta a los secretarios de Estado, están Rodolfo Micone (Minería), Maximiliano Brumec (Deportes) y Jimena Moreno (Cultura).

En la nómina de funcionarios que presentaron su declaración jurada están el administrador del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Dante López Rodríguez, la administradora General de Rentas, Susana Varas y el presidente de la empresa provincial de energía (EC Sapem), Raúl Barot. 

La directora de AGAP, Hilda Plaza, y el administrador de Vialidad Provincial, Hugo Naranjo, son otros de los nombres que se suman en la lista de DD JJ.