Sea por una cuestión de forma o no, se publicó el decreto con el presidente Mauricio Macri instó a los gobiernos provinciales a tomar medidas como las que aplica en un drástico ajuste del gasto por parte del Estado.
Ayer, el gobierno nacional finalmente publicó el decreto que establece una serie de medidas como el congelamiento de la planta y recortes de incentivos salariales, entre otros puntos, para avanzar hacia la reducción del déficit al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2019.
El recorte había sido anunciado hace algo más de un mes por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, poco antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el que el gobierno se compromete a formalizar estas medidas.
En aquella oportunidad, los ministros habían hablado de un recorte de $20 mil millones, que tendría como base la reducción del 3% anual (en 2018 y 2019) de la planta de trabajadores del Estado. Esta reducción se alcanzaría con jubilaciones y retiros, sumados claro al congelamiento de los ingresos.
El decreto 632 publicado ayer establece que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuentes de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019”. Eso sí, se exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las universidades nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad -excluido el personal civil de esas citadas fuerzas-.
Además, el gobierno dispuso que los convenios laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sea nacional, provincial, municipal o privada, “quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019”. 
Esto implica que, a partir del año que viene, unos seis mil contratos quedarán sin efecto, lo que podría avecinar un conflicto para el gobierno, que ya enfrenta uno similar en Télam por 350 despidos.
El instrumento también establece que no se podrán instrumentar nuevos beneficios “tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”.
A la vez, se fijó que deberá aplicarse una disminución del 30% en los pagos por “servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos” de los funcionarios públicos.
Dentro de su articulado, el decreto dispone que se suspendan “los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso” hasta tener en mano un relevamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Finalmente, el último artículo señala que el Poder Ejecutivo “invitó” al Poder Legislativo, al Judicial, a las provincias y a la CABA a “adoptar medidas similares a las establecidas en el presente decreto, en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones”.