Ayer, el histórico edificio de la Sociedad Española fue demolido.

 Los trabajos previos a la demolición definitiva habían comenzado días atrás pero solo habían sido advertidos por unos pocos, ya que ayer la desaparición del tradicional edificio sorprendió y generó el malestar en la comunidad. 

La estructura, ubicada en la intersección de las avenidas Ocampo y Virgen del Valle, fue el espacio en el que por años las familias solían congregarse a realizar actividades familiares, y se organizaban eventos sociales y de celebración.

El restaurante cerró sus puertas a mediados del 2009 y de allí en adelante el edificio comenzó a declinar su esplendor hasta dejar de ser el lugar elegido para realizar eventos sociales, como así también las celebraciones tradicionales de la colectividad española en la provincia.

La demolición generó múltiples reacciones en la comunidad, entidades y colegios de profesionales.

En las redes sociales, cientos de usuarios repudiaron que se derribe el edificio haciendo mención a la existencia de la normativa que protege las construcciones consideradas de valor patrimonial. 

La ordenanza 2588, referida a la Preservación del Patrimonio Turístico, Cultural, Histórico Y Arquitectónico de la Ciudad Capital establece el artículo dos que “serán calificados y declarados como de “interés municipal” aquellos bienes muebles e inmuebles cuyos valores intrínsecos los constituyan en irremplazables por sus características excepcionales, y que tengan relevancia comprobada como componentes de la herencia espiritual o intelectual de la comunidad asentada dentro de los limites físicos de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”. 

En tanto que el  artículo tres de la misma señala que “Se considerarán y declararán como bienes “Componentes del Patrimonio Arquitectónico - Urbanístico” a aquellos de naturaleza inmueble que sin ser en ningún caso excepcionales o únicos en el conjunto edilicio urbano testimonien óptimamente, por sus particulares valores históricos, arquitectónicos, ambientales y/o paisajísticos, las diferentes etapas edilicias del desarrollo urbano de la Ciudad...”. 

Consultado sobre la situación, Luis Marcelo Michaud, director de Fiscalización de Obras Públicas y Privadas de la municipalidad de la Capital, explicó que “el tramite entró en tiempo y forma y se autorizó porque corresponde, el inmueble no está dentro de la ordenanza o sea que no hay nada que imposibilite dar el permiso de demolición”. 

En la misma línea, señaló que “se hizo el análisis, se emitió el informe y no se observaron impedimentos, luego se hizo la liquidación por el costo de la demolición y se emitió la resolución correspondiente. La ordenanza vigente y los decretos posteriores establecen una serie de edificios que se consideran de valor patrimonial y la sociedad española no está dentro de ellos”. 

Michaud aseguro además: “Entiendo y sé que desde mi colegio, el de Arquitectos, hubo una inquietud por este tema pero no hay nada que lo impida. Por ahí también entra el tema político y tiene esa implicancia por quién es el propietario,  siempre va a traer ruido. En este caso no hay nada que lo impida, está dentro de lo que establece la ley”.