Al respecto Andrea Morales, de la Asociación de Abogados Populares, representante de las familias, comentó que no les permitieron el ingreso para dialogar con autoridades de Casa de Gobierno y anticipó que presentaría una denuncia en fiscalía de Estado.

"Es un grupo de 100 personas son más de 60 familias. Hace unos meses hubo una toma de tierras y fueron reprimidas por la policía haciendo un desalojo, que es el barrio La Dignidad, que se organizó y se autodenominó así. Desde ese momento están en esa situación. Existen condiciones de hacinamiento muy extremas, la mayoría tiene trabajos inestables, entonces no puede acceder a una línea de crédito, ni siquiera a una línea de vivienda, porque no cuentan con un ingreso como para poder solventarlo”, aseguró. 

Asimismo, agregó que "posteriormente se acercó el intendente Raúl Jalil y les dijo que el lunes por la tarde los va a atender. Entonces decidieron levantar el corte y se fueron a su domicilio con la esperanza en la reunión del lunes. Nosotros presentamos un informe realizado por asistentes sociales, por abogados de la Asociación de Abogados Populares, sobre la situación actual de las familias, o sea que están en conocimiento de que existen niños que están viviendo en hacinamiento”.