El embarazo de la niña de 11 años oriunda de Antofagasta de la Sierra, que fue violada por su padrastro, reabrió el debate sobre la adhesión de la provincia al “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, así lo especifica el artículo 86 del Código Penal de la Nación.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar sobre dicho artículo, y estableció que el aborto legal debe realizarse sin necesidad de autorización judicial y que en casos de violación basta con la declaración jurada de la mujer.

En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

En 2015, finalmente, estableció diversas pautas que los protocolos deben contemplar e instó al Poder Judicial a no interferir en el acceso a la práctica.

Hasta hoy, apenas 9 de las 25 jurisdicciones habían adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a estos criterios. Son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otras 7 dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan el acceso a servicios de aborto seguro: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Las 8 jurisdicciones restantes,Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, no cuentan con normas locales.