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Sábado 27 de Mayo
Catamarca  
Correo&Opinión

Hay que garantizar los fondos para los programas alimentarios de las provincias

Por  Beatriz Mirkin (*)

 

En el mes de abril pasado hemos presentado con el senador Alperovich un proyecto para declarar la emergencia alimentaria, iniciativa que surge de la información que teníamos del gobierno de Tucumán sobre la ejecución de las políticas alimentarias -del ministerio de Desarrollo Social y de Salud- y de la falta de aplicación de los fondos en tiempo y forma. Incluso, con posterioridad, cuando vino la ministra Stanley, se lo planteé personalmente, porque en el tema en cuestión lo que hace la crisis es que se hace difícil comer todos los días.
 
Las políticas alimentarias venían permitiendo a las familias comer nuevamente en el hogar. Es más, en muchos de los casos el sistema permitió que se pasara de entregar alimentos a entregar tarjetas que permitieran a las familias comprar esos alimentos; es decir, un programa de ingresos.
 
Más aún, la Asignación Universal por Hijo y por embarazo vino a reconocer en parte el esfuerzo de las familias por tener esos recursos, que eran destinados casi en exclusividad al mejoramiento de los ingresos de alimentos, vestimenta para la familia y la posibilidad de mandar a los chicos a la escuela. 

La ley de microcrédito dio origen a otra ley que creó el Monotributo Social, que da la oportunidad de incorporarse a los trabajadores y a los emprendedores de la economía social no a un trabajo de pobres o para pobres, sino a integrarse a la economía formal, con la posibilidad de crecer, desarrollarse y poder tener una pequeña empresa, una empresa familiar.
 
Es decir: tener ingresos propios, derecho a la jubilación y también a la obra social. Según el registro del ministerio de Desarrollo Social, se crearon 200.000 emprendedores, más casi 200.000 cooperativistas por "Argentina Trabaja” y "Ellas Hacen”.
 
Cuando aprobamos la ley de emergencia social y alimentaria, estábamos trabajando ambos aspectos. Esa ley volvió de Diputados con modificaciones. Las acompaño, porque comparto el criterio de ampliar derechos para los trabajadores informales. Sin embargo, debo señalar que no ha quedado saldado el aspecto referido a la emergencia alimentaria.
 
En especial porque se ha aumentado el presupuesto para comedores comunitarios y merenderos. No así para los comedores escolares, que están a cargo de las provincias. En el presupuesto 2017, en la comparativa con 2016 para el complemento alimentario y comedores escolares, hay sólo un incremento en la partida a valores nominales del 1,85 por ciento, cuando la inflación ha superado el 43 por ciento.
 
Sería de risa sino implicara carencia de las personas. Resulta casi imposible para las provincias afrontar el 30 por ciento del presupuesto de comedores escolares con tan exiguo aumento, dado que los alimentos de la canasta básica han sufrido aumentos muy por encima de la inflación. Por no mencionar que para el corriente año, los desembolsos del ministerio de Desarrollo han sido insuficientes y tardíos.

En Tucumán los movimientos sociales, desde hace varios años, reciben alimentos y subsidios para atender a un conjunto de familias. Son montos que la provincia estuvo y está en condiciones de otorgar. Al mismo tiempo, no reciben absolutamente nada aquellas que se dedican a la economía del cuidado, es decir, aquellas miles y miles de mujeres que se dedican a cuidar a personas con discapacidad, a adultos mayores y que hasta ahora no reciben nada y que venían capacitándose, recibiendo instrumentos para poder trabajar con mayor especialización.
 
En efecto, no están incorporadas en esta oportunidad, salvo los movimientos sociales que han hecho un esfuerzo muy grande para ser tenidos en cuenta. Celebro esa situación, pero quiero poner en evidencia que también hay otra porción de la sociedad que todavía no logra visibilizar su trabajo.

De todas formas, por ejemplo, ha salido un decreto que otorga un aumento o que modifica las partidas en 130.000 millones de pesos. Sería oportuno que el Poder Ejecutivo informe cómo están desagregados los recursos. Así los legisladores tenemos el detalle de cómo se resuelven las asignaciones de las partidas; esto, a fin de poder identificar, claramente, qué necesidades se están cubriendo y qué es lo que falta. 

Recuerdo que en el proyecto alimentario que presentamos estaba planteado que los recursos que, hasta el momento, había del juego, de la Lotería Nacional -que eran tres mil millones-, fueran pasados a políticas alimentarias y que el Poder Ejecutivo ha preferido entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires, para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Según la ministra Stanley, eso ya estaba resuelto y es más urgente. Cada uno evaluará sobre las prioridades. He apoyado el proyecto de emergencia social. El próximo año vamos a insistir con la responsabilidad de la nación en acudir con urgencia a garantizar el alimento a quienes hoy no lo están alcanzando.

No es un tema menor plantear una cuestión de asistencia tan importante y elemental como la leche en los centros de atención de salud o todo el sistema de vacunación; es decir, las cuestiones vinculadas con la promoción y la prevención de salud, de tal modo de garantizar lo que se dice que queremos garantizar: que los chicos vayan a la escuela, que se alimenten, que jueguen, que puedan vivir una infancia y una adolescencia en condiciones de mayor incorporación e inclusión.
 
Digo esto porque es verdad lo que plantearon varios senadores con respecto al tema de la desigualdad, pero también es cierto y hay que reconocer que en los 12 años de la gestión anterior, al inicio de la gestión, el decil más alto cobraba 36 veces lo del decil más bajo. ¡Treinta y seis veces! Y hemos logrado reducirlo en dos puntos, lo que es enorme, porque implica realizar un esfuerzo muy grande para reducir esa desigualdad. Y tendríamos que seguir en ese camino.

(*) Senadora nacional por el Frente para la Victoria de Tucumán.

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