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Martes 28 de Febrero
Catamarca  

La edad de imputabilidad y las reformas legislativas

Por José María Figuerero (abogado)

Recientemente y a raíz de los anuncios formulados por el ministro de Justicia Germán Garavano, volvió a ponerse sobre el tapete la cuestión sobre posibles reformas a la ley 22.278 sobre el "Régimen Penal de la Minoridad”.
Muchas voces se alzaron para criticar la oportunidad del proyecto, tanto por aparecer como una reacción a recientes hechos de pública difusión (el llamado caso "Brian”) como por la cercanía de las elecciones.
Respecto de lo primero, es cierto que es deseable que las reformas de tanta trascendencia no aparezcan inscriptas en la cotidianeidad, sino que sean el fruto de madurados procesos reflexivos de los actores de estos cambios. Por otro lado, tampoco parece saludable que existiendo hechos que conmueven a la sociedad en un momento determinado, no se produzca ninguna reacción y, por ende, se carezca de los reflejos para mejorar una situación que reclama urgente atención. Valga como ejemplo que desde el año 2009 que no se menciona el tema, cuando también a raíz de un homicidio de gran difusión el entonces presidente Kirchner propuso también bajar la edad de imputabilidad.
Tampoco parece precisa la crítica por la cercanía del tiempo electoral ya que, según se ha anunciado, se formará una comisión que estudiará el tema y sus resultados y las consiguientes reformas legislativas se producirán ya pasadas las elecciones.
Como dijimos, se procura modificar la legislación vigente, que es la dictada en 1980 por la dictadura militar, la cual ha permanecido prácticamente sin alteraciones hasta el día de la fecha, y ha sorteado ante nuestros tribunales todas las objeciones constitucionales que se le formularon.
A grandes rasgos, el régimen actual prevé que el menor hasta 16 años de edad es inimputable, es decir que no puede ser sometido a proceso por ningún delito sea cual fuere su penalidad o gravedad. Entre los 16 y los 18 años rige un procedimiento especial: el niño es enjuiciado según las reglas comunes, pero al cabo del juicio no puede ser condenado sino declarado penalmente responsable. A partir de ahí es sometido a un período de observación de un año como mínimo, luego de lo cual y siempre que haya cumplido los 18 años de edad, puede ser condenado a la pena correspondiente a su delito, pero si el menor muestra una evolución favorable, la pena puede reducirse al grado de tentativa o incluso resultar absuelto.
Es importante notar que en ningún caso el menor es detenido, sino que es dispuesto preventivamente, lo cual significa que queda "a disposición” del juez respectivo. Éste tiene amplias facultades para ordenar su internación en un instituto especializado u ordenar medidas semejantes, que en realidad no se basan en los parámetros que se aplican a los mayores para resolver su excarcelación, sino en la situación de peligro social o moral en que se hallare el menor.
Las críticas al régimen actual tienen que ver sobre todo con la amplia discrecionalidad del juez, que puede mediante estas medidas de teórico beneficio hacia el menor, privarlo de su libertad en situaciones injustas, que se basarían más en su problemática socio-económica que en su responsabilidad frente al delito. Ello, sumado a la histórica carencia del sistema penal juvenil, donde existe un déficit de agentes del sistema tanto en número como en capacitación, y la consabida falta de adecuación así como de espacio, de los institutos destinados a su albergue.
Las reformas que se proponen comienzan por introducir el debate de la edad, pero van más allá ya que saludablemente prevén la aplicación de medidas socio-educativas, con lo cual según se ha anunciado, persiguen un amplio objetivo de reformar todo el sistema más allá del aspecto puntual de la edad.
Sobre este último tópico, se trata de uno de esos casos donde la realidad no puede modificarse ni negarse. Los jóvenes de 14 a 16 años han demostrado haber experimentado un grado de madurez notable en diversos aspectos de su desarrollo. No puede tampoco desconocerse que su participación en delitos es creciente, lo cual es comprobable en forma empírica pese a la dificultad de las estadísticas y que aquí impera como en pocos campos la famosa cifra negra. Desde la creciente importancia que se otorga al papel de la víctima y sus derechos, la cuestión no ofrece dudas, ya que la menor edad no mengua los graves daños físicos, psicológicos y materiales que ellos sufren, sobre todo cuando se trata de delitos contra la vida.
Por lo tanto, el Estado por medio de sus diversas expresiones, no puede desentenderse de este fenómeno. Si un joven de 15 años comete un homicidio, alguna reacción debe existir por parte del poder punitivo. Ciertamente son loables todos los esfuerzos para que mejores condiciones de vida y el acceso a la educación eviten esos casos en el futuro, pero ello no da ninguna respuesta al caso actual que ya no será alcanzado por ese proceso.
Cuando hablamos entonces de que la edad de imputabilidad puede ampliarse lo es teniendo en cuenta que la ley debe contemplar un abanico de situaciones donde esté incluida tanto la situación de la víctima, que tiene una sana aspiración de justicia por el hecho que ha sufrido, como por el menor, que si bien será alcanzado por un sistema penal, se verá rodeado por toda una serie de garantías y protecciones, tendientes a resocializarlo y a insertarlo con éxito en la sociedad.
Por si fuera necesario aclararlo, descartamos totalmente que estas medidas tengan que ver con el encarcelamiento del menor, o siquiera con su alojamiento en los mismos lugares que los mayores. Por el contrario, deberán observarse las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño a las cuales nuestro país adhirió en el año 1990 (Ley Nº 23.849), que establecen valiosas pautas para estos casos. Según ella, "todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (art. 1°) y en cuanto a la necesidad de su internación, "se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción (art. 40, inc. 3° .4)”.
Como se ve entonces, el panorama que se vislumbra, lejos del simplificado mensaje de augurar cárcel a menores de 14 a 16 años, intenta una justa distribución de cargas, donde las víctimas sobre todo de hechos graves (a los cuales va destinada preponderantemente la reforma) no encuentren desprotección en la sociedad y menos aun indiferencia del sistema penal, mientras que los jóvenes responsables pueden ser "tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”, como bien señala la Convención que garantiza sus derechos y regula sus obligaciones.

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