No a la baja de la edad de punibilidad

El Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar una reforma legislativa tendiente a la baja de edad de punibilidad a 14 aos. Se trata de dar una respuesta meditica, a manera de anuncio electoral, a los hechos delictivos que han trascendido pblicamente, desconociendo no solamente la realidad social de la infancia, sino las obligaciones incumplidas por el Estado nacional.
La reforma legislativa en materia penal juvenil, cuyo debate no debe rechazarse, no puede basarse nicamente en la baja de la edad de punibilidad, sin cumplir la normativa internacional, nacional y provincial destinada a garantizar la verdadera y plena proteccin integral de los derechos de la infancia, en especial sus derechos econmicos y sociales: salud, alimentacin, educacin, vivienda digna y vivir en familia.
La mayora de los adolescentes en conflicto con la ley penal son pobres, varones en su mayora y bsicamente han cometido delitos contra la propiedad, como también cuentan con fuerte déficit en la escolarizacin y provienen de familias desintegradas y de baja insercin en el mercado laboral formal.
Al respecto, el entonces Cardenal Bergoglio -hoy nuestro Papa Francisco-, ya haba alertado sobre ello en la Carta leda a los jvenes en la 31 Peregrinacin Juvenil a Lujn (2 de octubre de 2005), cuando describa las carencias nutritivas, ambientales, de insalubridad y violencia para con los nios y as afirmaba: "Frente a esta realidad de nuestros nios y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien comn que reclama represin y creciente control que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separacin familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalizacin.
Agregando: "Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalizacin, los tratamientos con larga privacin de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado, ya que ocho de cada 10 presos adultos pasaron por Institutos de Menores.
Por otra parte, recuérdese que la cuestin que ahora pretende atender el Poder Ejecutivo Nacional no es nueva. Ha venido siendo tratada por el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a través del Consejo Federal de Niez, Adolescencia y Familia. En el marco de la sesin plenaria 22 de dicho Consejo (julio 2015) se firm el acta compromiso "Acta de Declaracin de contenidos mnimos de una nueva ley penal juvenil, donde se afirm que una nueva ley penal juvenil "debera establecer, como mnimo, las siguientes normas: 1) la edad de punibilidad no podr establecerse por debajo de los 16 aos, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garanta de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en proteccin de los derechos del nio puedan adoptarse. De all que el llamado a la conformacin de una comisin de especialistas por decreto, anunciada por el ministerio de Justicia, podra entenderse como destinada a desnaturalizar los contenidos mnimos ya acordados por el Consejo Federal de Niez, Adolescencia y Familia.
Es saludable seguir avanzando con respecto a la adecuacin del sistema penal juvenil que responsabilice a los adolescentes infractores, con la consecuente derogacin del Decreto Ley 22.278 de la dictadura militar, pero ello debe efectuarse de acuerdo con los estndares internacionales en la materia, la jurisprudencia generada en los ltimos aos y los compromisos asumidos en el marco del Consejo Federal y con especial cumplimiento y eficacia de los derechos econmicos, sociales y culturales, para toda la infancia.

Por Gustavo Daniel Moreno - Asesor tutelar ante la Cmara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
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