“La minería tiene que amigarse con la sociedad argentina”

jueves, 19 de marzo de 2020 00:27
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Una de las principales misiones que tiene por delante el sector minero es recuperar la credibilidad perdida, según el titular de la AOMA, Héctor Laplace, quien también pone el foco en la seguridad jurídica y la unificación de criterios en las distintas provincias.

La minería a gran escala comenzó a desarrollarse en la Argentina a partir de la década del 90, con la implementación de la Ley de Inversiones Mineras, el Pacto Federal Minero y la renovación del Código de Minería. A decir de Héctor Laplace, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), estos cambios legislativos posibilitaron la llegada de grandes inversiones al país. “La actividad se constituyó en una política de Estado, porque todos los partidos políticos que tenían representación en el Congreso apoyaron al sector”, destacó el dirigente gremial en una reciente presentación que llevó a cabo en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ).

Desde entonces, advirtió, se ha fallado en términos de seguridad jurídica. “Si bien la Ley de Inversiones Mineras fijaba reglas de juego claras para la inversión, empezaron a efectuarse modificaciones municipales, provinciales o incluso nacionales”, lamentó.

Según sus palabras, ese error fue cometido por varios gobiernos, no sólo por el actual. “Un claro ejemplo de ello son las idas y vueltas con respecto a la aplicación de retenciones a las exportaciones”, graficó.

No obstante, indicó, no todo lo sucedido en los últimos tiempos fue negativo. “Una novedad positiva fue la creación de empresas provinciales de minería, como es el caso de Fomicruz, en Santa Cruz, o de Camyen, en Catamarca”, subrayó.

También resulta importante, añadió, la mayor relevancia que hoy se da a los controles ambientales, lo que fortalece la confianza en la industria. “Cuando hubo un derrame químico, los trabajadores fuimos los primeros en denunciarlo. Hacer mal las cosas en un yacimiento castiga a toda la actividad”, definió.

De cara al futuro, proyectó, será clave seguir mejorando en el aspecto comunicacional. “Cuando no permitimos que la gente, el periodismo, los alumnos y los docentes vean y sepan de qué se trata la minería, perdemos credibilidad. La comunicación es vital para alcanzar la licencia social, por eso hay que trabajar con los gobiernos provinciales donde está la actividad prohibida. El segmento tiene que amigarse con la sociedad”, aseguró.

 Asuntos pendientes

Consultado sobre la Ley de Glaciares, Laplace la calificó como una normativa diseñada con intenciones políticas que no ayuda para nada a la actividad minera. “Esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con resguardar los glaciares. Pero resulta cuestionable que no haya una definición certera de ambiente periglaciar”, puntualizó.

Otra problemática a legislar, sostuvo, tiene que ver con los cierres de minas. “Dicha herramienta nos permitirá llevar más tranquilidad y más claridad a los inversores, que deben saber cómo arrancan los emprendimientos y cómo tienen que terminar”, señaló.

Algunas provincias, comentó, ya están legislando sobre esta cuestión. “Pero debemos impedir el libre albedrío de cada jurisdicción y federalizar el debate con pautas comunes emanadas desde el consenso”, recomendó.

Para finalizar, manifestó la necesidad de ayudar a las Pymes mineras, cuyo rol es esencial en la provisión de bienes y servicios. “Hay que otorgarles seguridades jurídicas a estas firmas, que son –en definitiva– las que más trabajo generan”, concluyó.

 

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