Durante los últimos años, se han generado fuertes expectativas sobre las oportunidades que ofrecería el litio para la Argentina. La “fiebre” del litio, el “oro” o “petróleo” blanco y la “Arabia Saudita del litio” son algunas de las expresiones utilizadas por la prensa para referirse a ellas.

Estas expectativas están fundadas esencialmente en dos datos. En primer lugar, la Argentina, junto con Bolivia y Chile, forma parte del así llamado “triángulo del litio”: un territorio que contiene salares con niveles de concentración del recurso que hacen que su explotación sea sumamente rentable en relación a otros tipos de depósito. Alrededor del 67% de las reservas probadas y cerca de la mitad de la oferta global se concentra en esta región (U.S. Geological Service, 2018). Nuestro país explica alrededor de 1/7 de las reservas y 1/6 de la producción mundial y muchos analistas prevén que la Argentina podría convertirse en el primer productor mundial de carbonato de litio en el futuro cercano.

En segundo lugar, el metal vive un “súper ciclo” que se ha extendido más allá del que atravesó la mayor parte de los recursos minerales durante la década pasada. En el período 1996-2004, el precio del litio se había mantenido en torno a los USD 2.000-2.500 la tonelada (Montenegro Bravo & Montenegro Pinto, 2014). Desde 2014 superó los USD 6.000, promediando alrededor de USD 9.500 durante 2017[1]. Actualmente, los precios se ubican entre USD 13.000 y 15.000 para el litio grado batería[2]. Esta evolución reciente se explica por las dificultades que encuentra la producción para responder a un aumento sostenido de la demanda. Estas dificultades se manifiestan, especialmente, en el inicio de nuevas operaciones en salares, donde el ciclo de un proyecto de explotación demora, como mínimo, siete años, desde que se comienza la exploración.

En verdad, el litio tiene distintos usos desde hace varias décadas. Su utilización como insumo crítico para la fabricación de la bomba de hidrógeno o termonuclear le dio un carácter estratégico durante la guerra fría (Nacif, 2018)[3]. Años más tarde, con el lanzamiento de la batería de ion litio por parte de Sony en 1991, el metal pasó a ser un insumo importante de la electrónica de consumo masivo. Pero el interés reciente por el litio está fundamentalmente vinculado a su uso en la fabricación de cátodos en baterías secundarias de ion litio para vehículos eléctricos. Según distintas proyecciones, el uso de este tipo de vehículos (finalmente) se aceleraría en los próximos años, entre otras razones en función de los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos de París de 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El uso del litio también aumentaría para la fabricación de baterías estacionarias, utilizadas, entre otras cosas, para la acumulación de electricidad generada a partir de fuentes renovables. Así, el litio pasaría a ser un insumo estratégico para avanzar en la transición hacia un nuevo paradigma energético.

Mientras que el escenario descrito ha motivado coincidencias entre actores locales y extranjeros sobre el potencial económico del litio[4], hay menos convergencia acerca de cuál es la estrategia que debería adoptar el país para aprovechar las condiciones excepcionales actuales. Sin ánimo de agotar aquí el debate, la nota pretende analizar las visiones respecto a la estrategia productiva que se debería adoptar en relación al litio y realizar un aporte para el diseño de una agenda.

“Liberales” y “Desarrollistas” una vez más

Las visiones predominantes podrían condensarse en dos posiciones ideales extremas: por un lado, “dar prioridad a la llegada de inversiones para intensificar la explotación de los salares y las exportaciones de carbonato y cloruro de litio, mientras la ventana de oportunidad que ofrece el recurso permanezca abierta”; y, por el otro, “fomentar la industrialización, dentro del territorio nacional, de un recurso que se ha vuelto estratégico a nivel mundial”.

Estas posturas estratégicas se apoyan en fundamentos teóricos que se contraponen y que han informado uno de los debates centrales en países como la Argentina –es decir, aquellos con una inserción externa basada en RRNN y con niveles intermedios o bajo de desarrollo. De algún modo, esto convierte al litio en un “laboratorio” propicio para pensar el papel de los RRNN en el desarrollo.

La primera posición, que para simplificar podemos llamar “liberal”, destaca las virtudes de la especialización en actividades en las que el país tiene ventajas comparativas. De aquí surge, por lo tanto, la recomendación de concentrarse en la explotación de los salares y exportación del recurso, sin mayor procesamiento local (en este caso, el nivel mínimo de procesamiento exigido sería el de cloruro o carbonato de litio), para que sea utilizado como insumo en aquellos países que presentan ventajas comparativas en actividades industriales. Esta posición ha sido dominante en la Argentina y es la que inspira la actual normativa minera.

La segunda posición, que podríamos denominar “industrialista” (o “desarrollista”), destaca las virtudes de desarrollar ventajas dinámicas en sectores con alto potencial –ya sea por su elevada elasticidad ingreso o por su dinamismo tecnológico– a partir del aprovechamiento de un recurso sobre el que la Argentina tiene acceso privilegiado. Para el desarrollo de estas ventajas, resulta crucial el papel de las políticas públicas, orientadas no solo a solucionar “fallas de mercado”, sino a fomentar activamente el desarrollo de actividades que promuevan un proceso local de aprendizaje. Esta postura se ha hecho fuerte entre los actores del sistema de CyT y ha tenido como objetivo estratégico principal apoyar la producción local de baterías de ion litio. Sin embargo, también tiene presencia en muchos actores de la política (como es usual en muchos otros países en desarrollo especializados en RRNN que buscan “agregar valor” a sus recursos a través de la industrialización). La provincia de Jujuy representa un ejemplo en este sentido, ya que desde 2011 ha declarado el carácter estratégico del litio y ha creado una empresa estatal, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con el fin de promover su procesamiento local, hasta llegar a la producción de baterías.

Los impactos del actual modelo de explotación

Más allá de su importancia estratégica, el mercado del litio es relativamente pequeño en relación a otros recursos mineros. Por ejemplo, mientras que el mercado del oro alcanzó los USD 127.300 millones y el de cobre USD 111.500 millones, el del litio ascendió en 2016 a USD 2.200 millones[5]. Asimismo, se trata de un mercado muy concentrado, en el que las 10 mayores empresas productoras explican el 80% de la producción (en toneladas de carbonato de litio equivalente -LCE), en comparación con el cobre y el oro, donde esa concentración alcanza el 48% y 30%, respectivamente.

En este momento, en la Argentina hay dos plantas en fase productiva y una que comenzará su actividad plena en 2019 (además de diversas iniciativas de exploración sin fecha cierta de inicio de puesta en marcha): Minera del Altiplano, una subsidiaria de la mencionada FMC Lithium Corp. (hoy Livent), que opera el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), desde 1998; y Sales de Jujuy, un joint venture entre la empresa australiana Orocobre (66,5% del capital), la japonesa Toyota Tsusho Corporation (25%) y JEMSE (8,5%), que opera el Salar de Olaroz desde 2015.

El modelo de negocios que prevalece en el país se limita al bombeo y concentración de las salmueras de los salares mediante evaporación en piscinas y, posteriormente, en base al concentrado obtenido, la producción local de cloruro y carbonato de litio. Las empresas tienen la capacidad de producir productos de calidad “grado batería” (con una pureza mínima de 99.5%), aunque en muchos casos la exportan en calidad inferior para su posterior purificación en el exterior. Todas las operaciones son controladas o cuentan con la participación de empresas que procesan el recurso en plantas propias en el exterior para obtener productos derivados (por ejemplo, litio metálico o material activo de cátodo). Su objetivo es asegurarse la provisión de un insumo con creciente demanda, crítico para sus actividades, además de controlar el precio de aprovisionamiento.

¿Cuál es el impacto de esta actividad en la Argentina? En primer lugar, debemos recordar que la actividad minera, en general, es de naturaleza capital-intensiva. Aun cuando la explotación de litio revista características particulares, se trata de una actividad que no escapa a esta condición. Los datos de la Subsecretaría de Desarrollo Minero indican que los empleos directos en operaciones de extracción y producción de carbonato de litio en los salares emplean menos de mil personas. Según se ha estimado, por cada empleo directo, se generan 2,5 empleos indirectos (Puente & Argento).

En cuanto al aporte de divisas brutas de la actividad, en 2017 las exportaciones de carbonato y cloruro de litio ascendieron a USD 224 millones. Aunque la cifra se triplicó desde 2015, representa solo el 0,4% de las exportaciones totales del país (USD 58,3 millones) y el 5,4% de sus exportaciones mineras (USD 4.100 millones). Como puede verse, las cifras lejos están de convertir al país en un “litífero”, al estilo de los países petroleros. Esto, además, descontando que la actividad también consume divisas a partir de la importación de insumos y bienes de capital, y la remisión de utilidades.

En términos fiscales, según los datos que ofrece la Subsecretaría de Desarrollo Minero, cada operación de 25.000 tn deja un flujo de fondos en recaudación directa e indirecta, descontado a una tasa de 10% anual, que promedia aproximadamente USD 130 millones los primeros 7 años y alcanza los USD 528 millones en el año 30 de operaciones.

Estos números revelan que el impacto a nivel nacional es más bien limitado. Sin embargo, no debemos perder de vista que los proyectos se desarrollan en provincias que tienen un nivel de desarrollo relativo más retrasado que el del resto del país, con dificultades para generar empleo privado. En estos casos, el impacto de la actividad, sí puede tener mayor relevancia. Así, por ejemplo, en la provincia de Jujuy las exportaciones de carbonato de litio explicaron en 2017 el 22% de las exportaciones totales y el 40% de las exportaciones mineras.

Las promesas de la industrialización

Como se ha señalado, las propuestas para avanzar en la localización de actividades de la cadena de valor del litio, hasta llegar a la batería, provienen, por un lado, de actores del sistema de CyT que han acumulado conocimiento sobre el funcionamiento de estos dispositivos. El grupo de trabajo más importante y activo en este campo ha sido aquel liderado por los investigadores del CONICET Arnaldo Visintín (Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas – INIFTA) y Daniel Barraco (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación –FaMAF– de la Universidad de Córdoba). Bajo la consigna “del salar a la batería”, el programa de trabajo de este grupo se sostiene en la idea de que la exportación de carbonato de litio para su posterior procesamiento en el exterior representa una oportunidad desperdiciada para el país y una pérdida de la renta potencial del recurso. En base a ello, el equipo plantea la conveniencia de avanzar en la localización de distintos componentes de la cadena de valor, abarcando desde la fabricación de material activo para ánodos y cátodos hasta el reciclaje de componentes de baterías. Por ejemplo, recientemente, la empresa tecnológica Y-TEC, que es asesorada por este grupo, ha importado una planta piloto para producir material activo, en el marco de un proyecto de colaboración con la firma italiana Lithops.

Excede los límites de esta nota discutir en qué medida el actual modelo de negocios representa una pérdida de la renta potencial del recurso. Nos limitaremos, entonces, a señalar dos tipos de obstáculos que enfrentan los proyectos de producción de baterías.

El primero de ellos tiene origen en el régimen actual de gobernanza del recurso. En la Argentina, el régimen normativo minero no impone a las empresas productoras de carbonato de litio ninguna restricción sobre su uso. En este aspecto, el caso argentino se diferencia notablemente de sus países vecinos del “triángulo”. En Bolivia, desde 2008 la responsabilidad por la explotación del metal y su procesamiento han quedado bajo el control total del Estado central (Montenegro Bravo, 2018) –aunque dichas actividades se encuentran aún en fase piloto. En el caso de Chile, luego de la reciente renegociación de contratos con SQM y Albemarle, las empresas están obligadas “a vender hasta un 25% de su capacidad de producción teórica, a un precio preferente, a productores especializados, que se establezcan en Chile para que elaboren productos con valor agregado”[6].

La única iniciativa de similar espíritu vigente en la Argentina es la cuota del 5% del carbonato de litio producido que tiene la firma estatal jujeña JEMSE. Hasta el momento, dicha cuota ha sido utilizada para negociar con empresas extranjeras la instalación de proyectos productivos en la provincia. Por ejemplo, en mayo de 2017, JEMSE firmó un convenio con el grupo italiano SERI, en cuyo marco se creó la empresa provincial Jujuy Litio. El convenio tiene como objeto la constitución de una sociedad para la construcción de un complejo modular industrial en la provincia de Jujuy para la fabricación de material activo, celdas de litio y sistemas y/o dispositivos que utilicen baterías de este tipo. En una primera fase, solo se prevé el ensamblado de baterías, con componentes fabricados en el exterior. Hasta donde sabemos, el proyecto se encuentra en un impasse sin fecha cierta de comienzo.

Con el nivel de producción actual en el salar de Olaroz (el único activo a escala industrial en la actualidad en Jujuy) la cuota alcanzaría un máximo de 850 toneladas, lo que resulta muy bajo para justificar la instalación de un emprendimiento de gran envergadura. Solo como referencia, en Chile la cuota del 25% representaría, tomando como referencia los valores de producción de 2018, aproximadamente 28.500 toneladas.

El segundo tipo de obstáculo, quizás el más relevante, concierne a las capacidades –tecnológicas y no tecnológicas– de los actores. Actualmente, el mercado mundial de baterías y sus componentes está dominado por empresas que operan en países asiáticos. China, Corea del Sur y Japón explican el 65% de la oferta de material activo para cátodos, el 89% del material activo para ánodos, el 85% de la producción de electrolitos y el 75% de la producción de separadores. La producción de celdas de baterías es liderada por China, con el 53%, seguida por Japón 20% y Corea del Sur 17%.

Lo que desalienta la iniciativa de producir baterías y componentes en la Argentina no es solo el hecho de que otros ya produzcan de manera competitiva esos bienes –es decir, el ingreso a una carrera tecnológica de “alta intensidad”–, sino más bien que el ingreso a estos segmentos tiene elevadas barreras a la entrada, entre otras cosas, porque participan de cadenas globales de producción altamente jerárquicas, en particular, en el caso de los vehículos, que es el mercado de mayor volumen y crecimiento. Los criterios que determinan dicha jerarquía no conciernen solo las capacidades tecnológicas, sino también, por ejemplo, las de comercialización y logística, en un producto para el que la cercanía entre producción y demanda es muy importante. También debe tenerse en cuenta también que el litio, dependiendo de la tecnología de la batería, representa entre el 4% y el 10% del costo de producción total de la misma. Gran parte de los componentes para la producción del material activo, los electrodos y la batería deberían inicialmente importarse, puesto que, en la actualidad, no hay disponibilidad en la Argentina.

Convendría, por lo tanto, diferenciar el proceso de investigación y desarrollo de las baterías y componentes respecto de su fabricación. Mientras que el primero es intensivo en conocimiento, opera con márgenes más elevados de rentabilidad y cuenta con ciertas capacidades locales, en la actividad manufacturera el país tiene menos capacidades y se trata de un segmento donde prevalece una competencia vía costos. Por ejemplo, el precio promedio de las baterías se redujo de USD 1.000 por kWh en 2010 a alrededor de USD 140 kWh [7].

Estas observaciones no tienen por objeto excluir la posibilidad de avanzar aguas abajo en la cadena de litio (en donde hay otros posibles derivados con proyectos bajo análisis en la Argentina), sino destacar algunos de los obstáculos relevantes que, por un lado, dan una idea de la dimensión del desafío de avanzar en esta dirección y, por el otro, ponen en duda los potenciales beneficios de competir en ciertos eslabones de la cadena de valor.

La tercera vía

Aun poniendo en perspectiva el alcance real de su posible impacto, no hay dudas de que el litio ofrece oportunidades para la emergencia de dinámicas virtuosas para el desarrollo del país. Las experiencias exitosas de naciones que lograron dinámicas de este tipo a partir de la explotación de RRNN ofrecen un camino alternativo a los expuestos más arriba. Este es el caso de Australia, Canadá, Noruega o Suecia, por citar algunos ejemplos relevantes[8].

En primer lugar, en estos países la “industrialización” (o “aprovechamiento”) de los RRNN no se verifica mayormente a partir del procesamiento del recurso como insumo de actividades “aguas abajo”. Por ejemplo, cerca del 70% de la canasta exportadora de bienes de Australia está explicada por productos minerales y metales con bajo nivel de procesamiento. En Noruega, la participación de estos productos alcanza el 63% aproximadamente. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, alguien se atrevería a hablar de países con una estructura poco intensiva en conocimiento. Es más bien el desarrollo de procesos aguas arriba lo que ha permitido a estos países consolidar un tejido productivo denso alrededor de las actividades productivas primarias, basado no solo en actividades manufactureras sino también en servicios basados en conocimiento. No es casual que las empresas que explotan RRNN en América Latina, así como también sus proveedores, provengan en buena medida de esos países.

Considerando los débiles eslabonamientos y capacidades locales que promueve el actual modelo de negocios del litio en la Argentina, así como también los obstáculos que conlleva el desarrollo de una cadena de valor local aguas abajo –en particular, vinculada a la batería–, pensamos que una agenda estratégica en torno al litio debería orientarse a fortalecer capacidades que promuevan, sobre todo, los encadenamientos aguas arriba. Es decir, crear condiciones para la emergencia de actividades productivas y tecnológicas orientadas a las etapas de exploración, así como a hacer más eficiente y sustentable la explotación de los salares. El espacio que hay para avanzar en esta dirección es muy amplio. En la actualidad, por ejemplo, en el área de servicios, la mayor parte de los estudios económicos y de factibilidad, las pruebas piloto y los diseños de ingeniería realizados en las operaciones de litio son contratados en el exterior.

Los eslabonamientos “aguas arriba” presentan algunas ventajas que no están presentes en las actividades “aguas abajo” –en particular, a medida que se refieren a eslabones de la cadena más alejados del salar. que es, en definitiva, el recurso que se encuentran en territorio local y sobre el cual se puede establecer reglas de gobernanza. Dichos eslabonamientos están “más cerca” de las capacidades locales desde el punto de vista de la familiaridad de los agentes con los conocimientos y tecnologías empleadas. Asimismo, la explotación de RRNN siempre tiene aspectos “idiosincráticos” que hacen necesaria la generación de innovaciones específicas y adaptadas a esos aspectos.

En esta dirección se orientan algunos de los proyectos que se desarrollan en el ámbito del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Materiales Avanzados en Acumulación de Energía de Jujuy (CIDMEJU), institución de triple pertenencia (CONICET-Universidad Nacional de Jujuy-Provincia de Jujuy) que opera en Palpalá, bajo la dirección de Arnaldo Visintín y la coordinación científica de Victoria Flexer. Allí, además de proyectos “aguas abajo”, se desarrollan investigaciones para introducir innovaciones sobre la extracción y el procesamiento de las salmueras (tanto métodos evaporíticos como no evaporíticos) así como también técnicas para el aprovechamiento de otros recursos presentes en los salares.

Los eslabonamientos aguas arriba promueven procesos de creación y difusión del conocimiento, al tiempo que se orientan a expandir y mejorar la eficiencia y sustentabilidad en la explotación de los recursos. Asimismo, permiten el desarrollo de capacidades que podrían luego tener aplicación en otros salares en el mundo.

Sin embargo, también en este caso se deben sortear obstáculos que surgen de la falta de alineación de intereses e incentivos entre los actores involucrados. Por ejemplo, el control total de los salares por parte de empresas multinacionales, con sus centros de I+D en el exterior, plantea obstáculos para avanzar en esta dirección. A su vez, desde el punto de vista institucional, se necesitan reglas que generen incentivos y faciliten, al mismo tiempo, la cooperación entre el sistema de CyT y los actores privados. En este sentido, como demuestra, por ejemplo, el exitoso caso noruego, es necesario concebir mecanismos que favorezcan las vinculaciones entre las empresas y los organismos y actores nacionales del sistema de CyT (Halland et al., 2015; Heum, 2008; Noreng, 2004).

Finalmente, el mayor potencial a largo plazo está en los encadenamientos de tipo “horizontal” (es decir, aquellos que se basan en la posibilidad de que el conocimiento, los bienes de capital y los servicios asociados al sector de RRNN sean utilizados en otras actividades productivas). El caso mismo del litio es un ejemplo de este tipo de encadenamiento, puesto que la mayor parte de los actores del sistema de ciencia y tecnología involucrados tienen formación en electroquímica y han trabajado en el pasado sobre otros tipos de baterías. En otras palabras, es relevante resaltar la importancia de adoptar una mirada que trascienda “la era del litio”. Con esto nos referimos a la necesidad de generar capacidades y competencias que sirvan de base para futuros avances hacia la diversificación productiva en los territorios ricos en litio y promuevan procesos de desarrollo sostenido que vayan más allá de los ciclos de éste u otros recursos.

* IIEP-BAIRES (UBA-CONICET)

** CONICET-UNSAM-CENIT

*** IIEP-BAIRES (UBA-CONICET)

Referencias

[1] Dado que no existe un mercado de referencia mundial, los precios son estimados por consultoras especializadas en base a información revelada por las empresas. El London Metal Exchange promueve actualmente la creación de un mercado de referencia para transparentar los precios del litio y otros metales utilizados en la producción de baterías.

[2] Fuente: Metal Bulleting [https://www.metalbulletin.com/LITHIUM-PRICES-UPDATE.html].

[3] En Argentina, por ejemplo, hasta 1982 la explotación del proyecto que hoy maneja FMC (EEUU) en Catamarca estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares (Nacif, 2018).

[4] Entre los actores que no participan de este consenso se encuentran las comunidades originarias que viven en la Puna, donde se encuentran los salares, así como también algunos actores que han llamado la atención acerca del impacto sobre el medio ambiente del actual método utilizado en la explotación de los salares. Ambos temas exceden el alcance de esta breve nota. Al respecto, se recomiendan los trabajos del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales, en particular Puente y Argento (2015).

[5] Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Minero de la República Argentina.

[6] https://www.corfo.cl/sites/cpp/corfolitio

[7] Ver https://www.chemistryworld.com/news/battery-builders-get-the-cobalt-blues/3008738.article

[8] Para una discusión general y una revisión de la literatura reciente, ver Andersen et al. (2018).