En América Latina se encuentra el 60% del litio del mundo, concentrado principalmente en Argentina, Chile y Bolivia.

Con el reciente anuncio del plan del gobierno chileno para explotar el mineral, que busca una mayor participación del Estado, se ha intensificado el debate sobre cuál es la mejor fórmula para gestionar un mineral clave en la fabricación de baterías eléctricas.

Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo después de Australia, una posición que le da una ventaja frente a otros países que están sumándose a la carrera por conseguir los mejores beneficios del actual boom del metal.

Argentina está acelerando la producción a toda velocidad, mientras que Bolivia, después de varios acuerdos comerciales fallidos, intenta ponerse al día.

México, por otro lado, recién está dando los primeros pasos de la exploración del litio.

Las inversiones en litio en América Latina, dicen los expertos, deben ser hechas lo antes posible porque existe una “ventana de oportunidad” de solo dos o tres décadas para entrar en un mercado que se ha vuelto esencial en el contexto de la transición global hacia energías menos contaminantes.

“Los minerales críticos como el litio pueden convertirse en una fuente de ingresos significativa y duradera para los gobiernos”, dice Pepe Zhang, director asociado del Adrienne Arsht Latin America Center del centro de estudios Atlantic Council.

Sin embargo, “esos ingresos también dependen del grado de éxito comercial y de la participación del sector privado” en las operacione.

“Depende de cada gobierno hacer acuerdos de manera tal que sean win-win, que ganen las dos partes”, argumenta Patricia Vásquez, investigadora del centro de estudios Wilson Center.

Quién se beneficia con la riqueza del litio
Uno de los dilemas que enfrentan los gobiernos de la región es cómo asegurar que parte de la riqueza generada por la explotación del recurso se quede en sus países.

Nadie quiere quedar atrapado en negociaciones cuyos resultados sean percibidos como desfavorables para el país frente a las grandes mineras, con los costos políticos y económicos que eso puede conllevar.

Pero, al mismo tiempo, para desarrollar una industria del litio que le dé valor agregado al producto y genere otros negocios asociados a la explotación, se requieren inversiones millonarias.

Entonces, uno de las interrogantes clave que se han hecho los gobernantes al mirar sus arcas fiscales, tras los embates de la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania, es cómo financiar esas monumentales inversiones.

Y no solo eso. También forma parte de la ecuación un factor clave: quién tiene la tecnología necesaria, los conocimientos y la experiencia para extraer y procesar el litio.

Es ahí donde surge la perspectiva de hacer alianzas con el sector privado porque, dicen los expertos, los gobiernos por sí solos no tienen las herramientas para asumir los costos a lo largo de toda la cadena productiva.

El aterrizaje de las empresas privadas en Argentina
En Argentina hay una gran participación del sector privado en la producción de litio a través de compañías que han llegado a acuerdos directamente con los gobiernos locales.

Las reservas del metal están concentradas en las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta, en la región noroeste.

Existen dos grandes proyectos en operación y cerca de 50 de exploración en esa zona del país, la cual históricamente ha tenido dificultades para generar empleo en el sector privado.

En el país sudamericano operan las compañías mineras Livent (Estados Unidos) y Sales de Jujuy (integrada por las empresas Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation y el gobierno de Jujuy).

“Los argentinos tienen un modelo que quedó desde la época de la apertura económica del expresidente Carlos Menem, en el que las empresas pueden invertir libremente”, explica Vásquez.

En el caso del litio, no se aplican las restricciones que sí existen para las empresas que explotan otros recursos, agrega, con el objetivo de promover su desarrollo y el crecimiento económico de las regiones.

En ese sentido, los gobiernos locales aspiran a lograr acuerdos para que un porcentaje de la producción de litio sea entregada al sector público, local o federal, con el fin de industrializarlo.

A fin de cuentas, la premisa es que el mineral se convierta en un insumo para la producción de baterías y que, al mismo tiempo, se genere una transferencia de capacidades tecnológicas y productivas hacia los habitantes de la zona.

Las actividades del sector están reguladas por el marco normativo minero general del país.

“El supuesto que está detrás de este marco es que, para hacer minería en el país, se necesitan muchas inversiones y la forma de atraer inversiones es dándoles estabilidad a las empresas extranjeras por mucho tiempo”, señala Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín.

“Entonces, les otorgan un montón de beneficios y las provincias, que son las dueñas de los recursos, no pueden cobrar regalías de más del 3%”, señala Obaya.

Ahora se presentó una propuesta en el Congreso de la Nación para nacionalizar el litio, pero es poco viable porque la Constitución establece que los recursos nacionales son de las provincias.

Catamarca, Salta y Jujuy defenderán claramente esa posición.

El “control total” del Estado en Bolivia
En el otro extremo está Bolivia, donde los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce han insistido en que el mineral debe estar bajo un completo control de Estado.

A fines de enero la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC), para la instalación de dos complejos industriales en los salares de Uyuni (Potosí) y Coipasa (Oruro).

“Bolivia ingresa hoy a la era de la industrialización del litio” dijo el presidente Luis Arce.

Para el gobierno ha sido una prioridad que cualquier tipo de asociación con alguna empresa extranjera incluya en el proceso de extracción del litio el uso de la tecnología EDL (Extracción Directa de Litio), la cual está en etapa de experimentación a nivel internacional.

Las autoridades le están dando preferencia al uso de esta tecnología para “acelerar la industrialización del litio”, porque permite disminuir el tiempo para la separación entre el litio y otros metales que están en las salmueras desde donde se extrae el mineral, así como reducir gastos y disminuir el impacto ambiental.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, dijo que el acuerdo se enmarca en un “modelo soberano”, bajo el cual se explotaría el mineral sin vender ni concesionar los salares a empresas privadas.

En teoría, el convenio establece un “control absoluto” del Estado, aunque se desconocen los términos específicos del acuerdo, los plazos, las inversiones y cuál sería el papel que jugará el consorcio chino, si no tendrá ninguna participación en el negocio.

El gobierno asegura que Bolivia comenzará a exportar baterías de litio, con materia prima boliviana, en el primer trimestre de 2025.

“Aparentemente las empresas chinas expresaron su deseo de participar en la explotación del litio, pero todavía no está claro de qué se trata”, comenta Patricia Vásquez.

Entre estos dos modelos opuestos para gestionar el metal, están las estrategias propuestas por Chile y México.

Una asociación comercial en Chile
El “Plan Estratégico de Explotación del Litio” anunciado a fines de abril por el presidente de Chile, Gabriel Boric, propone una alianza entre el sector público y el privado para la gestión del mineral en los nuevos proyectos que desarrolle el país.

Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo, después de Australia. Hasta ahora, la explotación del recurso ha estado en manos de las empresas privadas Soquimich (SQM) y Albemarle.

Sin embargo, el nuevo plan apunta a cambiar el modelo de negocio vigente en el país.

“El control lo tendrá el Estado”, dijo el mandatario. “Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, apuntó.

Lo que no está definido es cuál será la fórmula específica que tendrán los contratos, ni qué tipo de incentivos existirán para que la inversión sea atractiva para las firmas privadas.

El plan pretende que el país venda el recurso con valor agregado, que el Estado participe en todo el ciclo productivo y que los proyectos tengan un bajo impacto ambiental.

Las dos mineras que están operando en el norte de Chile seguirán bajo los términos de sus contratos hasta que lleguen a su fin, ha dicho el gobierno, aclarando que no se trata de una “nacionalización” del mineral, como algunos interpretaron a raíz del mensaje presidencial.

Hace unos días, SQM, cuyo contrato expira en 2030, dijo que espera llegar a un acuerdo para seguir produciendo el metal de baterías bajo el nuevo modelo.

Albemarle, en cambio, manifestó que negociaría con Chile más cerca del final de su contrato en 2043.

Así, las dos firmas mantendrán sus contratos hasta que expiren y luego entrarán al terreno de la negociación para definir si les resulta rentable mantener sus operaciones.

Por ahora, el gobierno planea presentar un proyecto de ley al Congreso -de mayoría opositora- para crear en el futuro una empresa nacional de litio.