Es una preocupación muy grande la nueva ley que obliga a los padres de niños con discapacidad a tener que acudir a centros categorizados, según los requisitos fijados por el Gobierno nacional. Es un atentado directo contra quienes hemos realizado un grandísimo esfuerzo para estudiar y obtener un título. Soy licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto; estudié y amo mi trabajo. Desde que me recibí, he trabajado en el área de discapacidad en forma particular. Mi trabajo ha sido siempre de modo interdisciplinario con quienes trabajaron con estos niños y adolescentes, que tantos papás han puesto en nuestras manos en el ámbito particular, como cuando formé parte de un centro categorizado. Esto no impide que desde el Estado se pueda regular a los profesionales que trabajan en integración escolar para que realmente sean profesionales capacitados. A veces, los directivos de centros especializados ubican en puestos de integración escolar a cualquier persona, que en muchos casos no tiene título ni es docente, lo que habilita al centro a reclamar el dinero que le parezca adecuado. Con la aplicación de esta nueva ley, se dejaría sin trabajo a personas idóneas y se privaría a las familias de niños con discapacidad de un derecho que supuestamente es “poder elegir los profesionales que atenderán a sus hijos”.

Marcela Pereyra
Licenciada en Psicopedagogía

De El Esquiú.com
Es importante que la ciudadanía en general y quienes trabajan en áreas de discapacidad, participen activamente de esta discusión a fin obtener los más altos beneficios para quienes sirven.