La hecatombe política y social es lo que más cotiza en el mercado argentino. Hecatombe es una palabra que proviene del griego y remite al sacrificio de bueyes u otros animales. En español implica otra cosa: una catástrofe con graves daños y numerosas víctimas. Tal vez, esa sea la razón por la cual la televisión demoró casi dos horas en dar la noticia del desalojo pacífico del club Albariños. Si los policías hubiesen avanzado a los palazos, la convocatoria mediática hubiera sido un éxito. Es bueno saberlo.
El gobierno nacional cierra el año con un logro innegable: el desalojo del club de Villa Lugano sin violencia. La Ministra de Seguridad, Nilda Garré, había conseguido algo similar la semana pasada cuando pudo reprimir el vandalismo en la Estación Constitución sin disparos. Garré hizo la apuesta más arriesgada de los últimos años de gestión kichnerista: “garantizar la paz social y la seguridad sin provocar víctimas”. No es una tarea fácil en una sociedad demasiado tolerante con la ilegalidad y atravesada por la iniquidad y la pobreza.
El camino de la judicialización fue eficaz. El Juez Federal Daniel Rafecas expresó decisión de resolver el problema desde el comienzo (valga la aclaración: la voluntad y honestidad de los fiscales y magistrados involucrados en estos casos son claves). Después de recibir la denuncia del gobierno, ordenó el desalojo pacífico y luego intentó negociar con los ocupantes bajo las premisas del Parque Indoamericano. Ofreció hacer un censo e inscribir en planes de vivienda. La negativa de los ocupantes a todas las propuestas levantó sus primeras sospechas.
El magistrado determinó un perímetro para contener los enfrentamientos con los vecinos que querían despejar el predio a la fuerza y ordenó tareas de inteligencia que incluyeron cámaras ocultas e intervenciones telefónicas. El juez comprobó la presencia de una banda organizada para lucrar con la toma de terrenos. Fue entonces cuando decidió las primeras detenciones. El martes, minutos antes del desalojo, los apresados eran una docena.
En el gobierno ya se empieza a hablar del “modelo Rafecas” como una manera de enfrentar otras ocupaciones ilegales. El desafío complementario e indispensable es reducir el déficit de vivienda. Hay algunos proyectos que merecen atención oficial inmediata: la “producción de suelo urbano” alrededor de los pueblos que propone el grupo Tecnopolítica y un viejo proyecto de la Federación Agraria Argentina que apunta a la creación de un millón de chacras.
Con todo, la enseñanza más significativa que deja la desocupación del pequeño club de Villa Lugano, en contraste con el desalojo del mal llamado Parque Indoamericano, es que el Estado debe actuar frente a los conflictos. En este último caso, los funcionarios nacionales destinaron 72 horas a pelearse con Mauricio Macri, intentando descargar costo político. El saldo de esa mezcla de impericia y mezquindad fue de tres muertos. Hacer cumplir la ley, garantizando el derecho de protesta y preservando la vida es la orden que bajó la Presidenta a sus ministros.
En un escenario político fragmentado y complejo, la estrategia del gobierno nacional enfrenta amenazas concretas. La primera proviene del activismo trotskista que, en su negación de la política, sigue apostando a la fórmula “cuánto peor, mejor”. El corte de vías de la línea Roca en nombre de los empleados de empresas tercerizadas, en un horario pico y cuando miles de trabajadores querían volver a sus casas agobiados por el calor, tuvo ese objetivo. La presencia de militantes del mismo sector político en los destrozos de la Estación confirma ese juego perverso. Ante la denuncia de un funcionario, otro juez detuvo y después liberó a un par de militantes que cortaron el paso del Ferrocarril.
El segundo frente se ubica en las antípodas ideológicas del Partido Obrero y es tributario de la sensación de caos. Aunque más allá de la retórica oficial no hay indicios serios que involucren al duhaldismo en la agitación social, lo cierto es que tanto Eduardo Duhalde, que se presenta como bombero de la crisis, y el PRO, con su discurso de mano dura, se benefician con los incidentes y el malhumor. Son atajos para disimular la falta de apoyo popular o la incapacidad para gestionar. Recién ahora, después de subejecutar el presupuesto del sector, Mauricio Macri anunció un “megaplan de viviendas”.
El tercer factor de complicación está dentro del gobierno. Hay que reforzar la idea de que las usurpaciones son inadmisibles. La vacilación inicial y el cálculo político complicaron el desalojo del Indoamericano. Hubo muertes y enfrentamientos entre pobres. Además, la política frente a las ocupaciones ilegales y los cortes de vías de comunicación estratégicas tiene que ser una. Alguna vez, a partir del consenso con las otras fuerzas democráticas, habrá que establecer una política permanente para esos casos.
Por otro lado, el rigor que se pone para denunciar al PO debería ser el mismo cuando los cortes son protagonizados por organizaciones sociales o sindicales “amigas”. Una cosa es la acción directa promovida por la desesperación y otra muy distinta, la motivada por el cálculo político o los negocios mafiosos. La noble idea de que la vida está por sobre la propiedad no implica la desaparición del Estado nacional. Paciencia y firmeza van de la mano. El resto debe hacerlo la justicia.

Reynaldo Sietecase
Periodista y escritor
http://ReynaldoSietecase.com.ar