Sr. Director

Oponerse a una requisa personal o de bienes propios, es un derecho amparado por principios y garantías constitucionales, que sólo cede frente una orden judicial emanada de autoridad competente del Poder Judicial, con la condición previa de la existencia de severas sospechas en la comisión de un ilícito.
Lamentablemente, para evitar contratiempos, discusiones, e incluso por temor, se declina este derecho frente a los abusivos controles policiales de los cuales son víctimas permanentemente los ciudadanos que deberían transitar –según la Constitución Nacional- libremente por todo el territorio de la República, y que terminan bajo la prepotencia y abuso de la policía, que trata a los viajantes que cruzan un puesto caminero como sospechosos delincuentes (invito a quien no haya, al menos alguna vez, sufrido un atropello en un puesto caminero, decir lo contrario).
Ahora bien, hacer valer nuestros derechos y reclamar el respeto y legítimo accionar de los agentes públicos junto al correc-to procedimiento que debe observarse en cualquier actuación de los órganos de poder, no es una cuestión menor. Pues, si hoy renunciamos al derecho de oponernos a una requisa de un automóvil, mañana lo haremos ante una requisa personal, y pasado dejaremos entrar a la policía a nuestro domicilio sin orden de allanamiento. Por consiguiente, para evitar el conflicto, iremos dando atribuciones a una abusiva policía que, mientras mayor poder, menor respeto muestra hacia los derechos individuales. Valga sino, como ejemplo en nuestra historia, el “Proceso de Reorganización Nacional”, que comenzó bajo una adornada frase y terminó siendo una de las mayores dictaduras sufridas en América Latina.
Esto significa que, el repudio al abuso de poder y al abuso de autoridad se torna una carga u obligación que nos compete como ciudadanos de una República, que pretendemos el respeto de nuestros derechos individuales. Aquí no se trata solo del análisis de un caso concreto, sino de ver como este antecedente puede repercutir en cada uno de nosotros y en la sociedad, ya que, si pretendemos vivir en una Democracia, debemos cuidarla. Y cuidarla es cuestionar aquello que de una u otra forma dañe sus instituciones y principios.
Vergonzosos resultaron los argumentos de legisladores provinciales que intentaban justificar ese abuso de autoridad, pretendiendo decir, aún en un grave desconocimiento del derecho, que la policía tenía atribuciones para abrir una cajuela de un automóvil sin una orden judicial. Esto no solo demuestra la poca preparación de tales “representantes del pueblo”, sino también la mentalidad retrógrada que encierran. Pues, lejos de estar preocupados por una policía que golpea a un ciudadano (que incluso en este caso saltó a la luz por ser un reconocido abogado, no imagino que sucederá con quienes no invisten tal calidad), se desesperan porque no acceda a la legislatura a dar las explicaciones del caso el Ministro de Gobierno, quien no debería estar a la espera de una convocatoria o interpelación, sino que debe concurrir por voluntad propia, sin necesidad de llamados; su función así lo reclama y el ejercicio de su cargo lo impone.
Esta reacción a nivel de la legislatura, votándose para que un Ministro explique -o no- hechos controvertidos y de resonancia pública que hacen a la garantía de seguridad que a todos nos compete, lleva a la conclusión que el problema en realidad no radica en la Institución Policial, solamente, sino que esta última es un reflejo de quienes están por encima de ella. Desde altas esferas se prefiere la impunidad, el silencio, antes que las explicaciones del caso. Existe mayor preocupación en que nada pase, en que el ministro no concurra al recinto, antes que en solucionar el conflicto institucional que brotó a la luz. Esconder antes de arreglar, parece ser el eslogan que intentó imponerse.
Pero claro, cuando la situación resulte insostenible, sin dudas será un fusible el que se queme, y seguramente intentará buscarse una solución que contente a muchos con sacrificio de pocos. Sumariar a dos o tres efectivos policiales parece ser una alternativa válida para decir que sólo se trató de un caso aislado, aún cuando la realidad muestre todo lo contrario. Pues insisto, el abuso policial está instalado, y aún cuando policías buenos y malos habrá siempre, aquí la regla de la impunidad está lamentablemente impuesta desde arriba hacia abajo. Así quedó demostrado en la postura de muchos de nuestros legisladores y autoridades que preferían omitir las explicaciones y que apoyaron el increíble accionar policial. Esto último, entiendo, es otro de los costados graves y preocupantes del caso, que seguramente la ciudadanía también reclama se trate el próximo miércoles en la sede del recinto.

Ángel Ricardo Granizo
Abogado