Escribe Marcelo Gallo, Secretario de Gabinete
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Los vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca disponen de una herramienta de gran valor para desarrollar, coordinadamente con la Municipalidad, la infraestructura y el equipamiento de sus barrios. Se trata de la ordenanza 3641, que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar acuerdos con organizaciones de vecinos para la ejecución de obras, entre las que se cuentan, por ejemplo, ampliación de la red de cloacas, construcción de cordones cunetas y pavimentación de las calles.
El instrumento contempla un aporte compartido de esfuerzos, según distintas modalidades. Los destinatarios de este tipo de acuerdos son sectores de ingresos fijos, medios o altos, lo que garantiza que puedan hacer frente al costo del 40% de la obra, que es lo que corresponde, aproximadamente, a la contraparte vecinal. En lo que respecta a los sectores barriales de bajos ingresos, la gestión municipal que encabeza Ricardo Guzmán les ha destinado un trato preferencial por razones de equidad. Esto es, se ha diseñado y ejecutado un ambicioso plan de obras –coordinadamente con otros niveles de gobierno- en aquellos sectores periféricos de la ciudad, caracterizados por tener mayores carencias en materia de infraestructura y equipamiento urbano. En estos casos, como la mayoría de los vecinos no cuentan con ingresos fijos, o sus ingresos, pese a ser fijos, son bajos, el costo total de la obra lo afrontó el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional.
Desde el inicio de la gestión municipal ha sido posible advertir como, luego de la eclosión de la crisis de 2001 generada por las políticas neoliberales de los noventa, se ha ido consolidando, progresivamente, la formación del capital social y un empoderamiento de los vecinos y a sus organizaciones, imprescindible para un desarrollo con sustentabilidad social.
El protagonismo asumido por las organizaciones sociales se aprecia mejor en los sectores populares que en los medios y medios altos. En estos últimos es en donde la gestión municipal ha encontrado más escollos para el trabajo articulado. Mientras los sectores de bajos ingresos apuestan a la ayuda mutua, a la solidaridad y a la complementación de esfuerzos, los sectores de mayor poder adquisitivo son más reacios a participar de organizaciones vecinales.
Si bien el balance general de las obras realizadas por el municipio en el marco de la ordenanza 3641 es positivo -se han firmado más de cincuenta convenios de obras que se han ejecutado en casi un 90%-, también es real que muchas iniciativas no han tenido el éxito esperado por la falta de voluntad de cooperación de vecinos de barrios caracterizados por el buen nivel de vida de las familias que los habitan. Las causas de estas frustraciones se encuentran en el individualismo de algunos, que colisiona con la vocación solidaria de otros, o en una actitud pasiva de quienes esperan que el Estado construya la infraestructura y el equipamiento urbano sin contraprestación alguna de los vecinos, pretendiendo ponerse en igualdad de condiciones que los sectores urbanos pobres. Y, ya se sabe, tratar igual a los desiguales, es decir, a los que están en situación de desigualdad, constituye una manifiesta injusticia.
Si se analiza el problema desde una perspectiva económica, hay que decir que los vecinos que retacean su colaboración omiten considerar que las obras que se ejecutan valorizan enormemente sus propiedades. Por ejemplo, una obra de pavimentación en estos sectores representa un costo que equivale a menos del 0,5 % al valor de la propiedad, pero implica una revalorización de la misma superior al 5%.
No obstante, es importante remarcar que lentamente la situación se va revirtiendo. Las obras que se van ejecutando sirven de modelo para que sean cada vez más los vecinos que entiendan el valor de la organización y la necesidad de coordinar acciones con el gobierno local para el progreso de la ciudad, en general, y del barrio en el que habitan, en particular.