Por Víctor Ego Ducrot
Periodista, escritor y profesor universitario

Hay que ser peronista desarraigado para ponerse al hombro los andrajos de ese circo de mala muerte que se llamó internas federales; desarraigados como el jefe de bandas Eduardo Duhalde, el reconocedor del papelón, y los hermanos Rodríguez Saá, con sus siempre eternas sonrisas.
Son tres categorías diferentes, aunque planetas de un mismo universo. Todos juntos, en pocos días, casi en un puñado de horas, conformaron una experiencia difícil de sobrevivir con salud nerviosa, aunque esta última expresión pareciera más de la frenología higienista en tiempo de Ramos Mejía que de los años que corren, por cierto, con un algo más de sapiencia.
Llámanse ridículos en la Argentina de este 2011 a los dirigentes de un peronismo desarraigado y no maldito para el país burgués, sólo posible por obra y arte de la dictadura y, después, de las dos décadas de impunidad que soportamos los argentinos en tiempos de vigencia de la Constitución, hasta el baje de esos cuadros generales como primera nota de una partitura escrita por Néstor Kirchner en 2003 y ejecutada cada vez mejor, para terminar con el pago de una deuda de justicia, como lo fue la reciente condena al comisario asesino Luis Patti.
Hay que ser peronista desarraigado para ponerse al hombro los andrajos de ese circo de mala muerte que se llamó internas federales; desarraigados como el jefe de bandas Eduardo Duhalde, el reconocedor del papelón, y los hermanos Rodríguez Saá, con sus siempre eternas sonrisas, extrañados de la realidad, tan lejos los tres de la razón política.
Estuve en Catamarca y el día viernes por la noche, en los salones bajos del hotel donde acampaban las huestes de Duhalde, comandadas por Luis Barrionuevo, ya se podía respirar olor a patetismo, a ridiculez. A pocas cuadras de allí, una suerte de banda pretoriana proveniente de San Luis repartía camisetas blancas con letras negras, casi como jugando, pero sin saber a qué, si a las escondidas, a la mancha venenosa o la rayuela, tan lejos de la razón política (otra vez).
El domingo 17, en el aeropuerto, a la espera del avión de Aerolíneas que me regresase a Buenos Aires, uno de los mandamás puntanos, el breve, por la extensión y la importancia de su paso por la Rosada después de la debacle radical de 2001, se pavoneaba frente a otros políticos que también viajaban, con una clase de aritmética fantasmagórica, para la cual más del 90% de los votos sin rival, ni control legal, ni cantidad de votantes conocida, pretendía ser victoria. Temí que la perplejidad de los humanos pudiese perjudicar el andar exitoso de los motores aeronáuticos. Por suerte no fue así.
Llámanse ilegales en la Argentina de este 2011 a los que confunden práctica política o intentos de influencias con simples y claras violaciones al orden jurídico. Las corporaciones como Techint, la multinacional que la juega de “argentina” y su titular, don Rocca, hacen los deberes de tantas clases aprendidas en aquel país de la dictadura y de la democracia comodín, al corte y confección de los que se fueron en el ’83 pero que se quedaron, porque ni Alfonsín ni mucho menos Menem y De la Rúa fueron republicanos a fondo.
Por eso, como el Grupo Clarín con la nueva Ley de Medios Audiovisuales y otras normas, los magnates del acero se niegan a lo que establece la ley; que por cierto aplica el mismo estatus que se cumple en su admirado Estados Unidos, según la información difundida el lunes por la agencia Télam acerca de la participación del Estado en los fondos de pensión del país de la Coca-Cola y los bombazos a mansalva, con patente de corso otorgada por la OTAN y la ONU.
“El fondo de los empleados públicos del estado de California, California Public Employees Retirement System (Calders), es reconocido por la tenacidad con que defiende a sus representados (…). El fondo público de California administra alrededor de 233 mil millones de dólares y es unos de los inversores institucionales más importantes de los Estados Unidos. Es accionista en más de 500 empresas entre las que se encuentra el Bank of America (…). El activismo del fondo público de California se extiende al liderazgo de acciones colectivas como la que llevó adelante en el año 2003, contra la Bolsa de Nueva York (NYSE), organismo al que acusó de estafar a sus inversores (…)”. Hasta aquí el cable de Télam, el que, por si Rocca fuese, en vez de publicidad, fuego hubiese merecido.
Otro ilegal es Brizuela del Moral, el gobernador saliente de Catamarca, en un caso que merece ser parangonado con la colección de maniobras de obstrucción y entorpecimiento del orden constitucional, el manual de sistemas de la corporación opositora al gobierno nacional toda vez que ella (esa corporación) comprueba cada día que pasa, que su Waterloo en octubre se presenta como inevitable. El jueves pasado, por un decreto que deberá ser declarado inconstitucional porque viola la ley de presupuesto de la provincia, el derrotado en las urnas por Lucía Corpacci, dispuso la efectividad de 5316 empleados públicos, los mismos que durante sus años de gobierno sufrieron de toda precariedad. Los legisladores del Frente para la Victoria (FPV) aclaran que no están contra los derechos de los trabajadores sino que los defienden de una maniobra demagógica que aparenta beneficiarlos, pero probablemente caiga anulada por la justicia. Mientras el diputado provincial del FPV Miguel Figueroa Vicario afirmaba que, por semejante irresponsabilidad, Brizuela del Moral es pasible de ser sometido a juicio político, los funcionarios del cobista derrotado el mes pasado no sabían cómo hacer para salir al cruce a un escándalo de corrupción que puede concluir en un proceso penal y las consiguientes rejas.
El diputado Julio Cabur (FPV) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la provincia, que incrimina a la obra social estatal OSEP por la compra irregular de medicamentos oncológicos. Los datos y documentos aportados por ese legislador suenan a irrefutables, según la extensa cobertura del diario catamarqueño El Esquiú.com: en un período breve, las adquisiciones de esa entidad se multiplicaron en varios ceros, sin que nadie pudiese ver lo comprado a un droguería cuestionada por la Anmat y con un régimen regulador violatorio de toda legalidad.
Como sucede en el orden nacional, con la corporación mediática que responde a las órdenes y caprichos de Héctor Magnetto y su Grupo Clarín, en los escenarios provinciales la prensa hegemónica es fiel a una única y misma matriz: la acumulación con la dictadura o con los entramados de las democracias rengas de los ’80 y ’90, para convertirse en voceros de sus propios intereses, articulados con los del espacio faccioso que encarnan los oligopolios de capital concentrado.
Catamarca es un ejemplo. La provincia que primero desbarató las expectativas electorales de la oposición al gobierno de Cristina Fernández, también cuenta con su propio “Clarín”: es el diario El Ancasti, activo miembro de ADEPA –de la mano del propio Magnetto–, punta de lanza en la batería descalificadora de Corpacci durante la pasada campaña electoral y ahora defensor–encubridor de las últimas maniobras al borde de la ley protagonizadas por Brizuela del Moral y sus más secuaces que correligionarios.