Desde la reinstauración de la democracia en 1983, las instituciones republicanas no tocaron ni siquiera un ápice conceptos distorsivos que conforman a la actual fuerza policial.
Nunca se quiso, o nunca se pudo encarar un decidido proceso de cambio sobre cuáles deberían ser las misiones y funciones de la Policía de la Provincia en el marco de la convivencia democrática.
Mucho menos se intentó revisar su forma de organización, qué bases institucionales deberían tener, sus tendencias profesionales, sus agrupamientos y especialidades, los sistemas educativos y los controles, además de los presupuestos necesarios para estar a la altura de la demanda social.
Por eso apoyamos desde el principio el proyecto para la Creación del Sistema Provincial de Seguridad Pública, sin dudas una apuesta fuerte de la gobernadora de la provincia comprometida con las demandas crecientes por parte de una sociedad donde el temor crece ante el delito.
Creemos que llegó el momento de romper con esta relación de conveniencia entre el poder político y sectores policiales, donde el mantenimiento del status quo fue la jugada más conveniente a lo largo de los años.
Mientras tanto, crecen los delitos que se diversifican en modalidades insospechadas, lo que requiere respuestas concretas por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la trata de personas y la venta de drogas se han convertido en mercados ilegales alimentados por la falta de controles adecuados.
El término de “sensación de inseguridad”, tan discutido y polémico, tiene un asidero real que no tiene que ver necesariamente con la construcción mediática de los delitos que se cometen, sino con la poca coherencia de la respuesta del Estado ante el delito.
Sobre este terreno estamos parados. El destacado especialista en materia de Seguridad, el doctor Marcelo Saín, no duda en decir que “tocar las fuerzas policiales significa tocar al poder político”.
Coincidimos en primer término con este proyecto porque termina con la histórica delegación de la conducción de la policía a su propia cúpula, lo que llamamos “autogobierno policial”, y promueve la apropiación de la conducción por parte de la autoridad política, lo que implica algo más que la mera declamación o los gestos simbólicos.
Supone la generación de un dispositivo de dirección y administración en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Democrática, que permite una reorganización que finalice esta especie de “nobleza policial”, que durante mucho tiempo distorsionó las políticas oficiales en materia de seguridad y generó estratos bien diferenciados en este ámbito.
Esta ley ha tenido la virtud de ser amplia a la hora de las consultas, como se debe hacer en el ámbito de una democracia representativa. No primó el criterio de la subordinación con relación al personal policial, en especial con su actual cúpula y se extendió el diálogo a diversos sectores interesados.
La plana mayor policial fue convocada y en el diálogo se extrajeron interesantes conclusiones sobre los principales reparos realizados por algunos integrantes que asistieron.
Creemos que justamente quedó demostrado durante ese intercambio de ideas que las preocupaciones centrales de la cúpula pasaban por determinados temores a perder poder o nichos de poder que detentan hasta el momento.
La plana mayor presentó una propuesta por la cual intentó condicionar que la dirección superior y la administración general de la policía de la provincia continúe a través del jefe de Policía.
Está claro que la presente ley se basa en un criterio totalmente contradictorio con las aspiraciones de la cúpula policial. Precisamente, se apunta a concluir con este paradigma o esta suerte de “autogobierno policial”.
El Estado argentino y el catamarqueño fueron desarmados desde los tiempos de la Dictadura perdiendo el horizonte fundamental: gobernar para todos y por el bien común.
Sin embargo, la existencia de un Estado dentro de otro Estado, se repitió con el paso del tiempo con las corporaciones económicas, las militares y también, por qué no decirlo, con las policiales.
Por eso, y en función de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos, esta ley termina con el “autogobierno policial”. También finaliza con los privilegios de los fondos especiales, por lo menos discrecionales dentro de la fuerza policial.
Precisamente, otra de las objeciones planteadas por la plana mayor fue la asignación de fondos especiales para afrontar delitos complejos. En este punto, la ley marca con claridad que estas virtuales cajas policiales pasan a tener un control exhaustivo de la autoridad civil, sin resentir la eficacia de la investigación instructoria de la policía.
Hay un aspecto que es central en esta ley: La formación y capacitación continua de nuestras fuerzas policiales. Creemos que este marco legal está en sintonía con la necesidad de acompañar procesos educativos democráticos. La formación y capacitación profesional del personal de la policía estarán orientadas a la producción de capacidades y competencias profesionales específicas que sean adecuadas a sus labores concretas, bajo los principios de objetividad e igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Creemos que el concepto del artículo 95 es fundamental ya que garantiza un control civil del proceso de enseñanza, capacitación y aprendizaje, bajo los presupuestos de un concepto democrático de la sociedad y el respeto absoluto de los derechos humanos.
En el marco de un proyecto político que ha reactivado las paritarias salariales para los gremios, con aumentos anuales que mantienen el nivel adquisitivo en gran medida, es fundamental equiparar los salarios de los policiales al del resto de los trabajadores.
En este marco, la capacitación y el salario hacen a la conformación de “un ser policial” que no esté debilitado a las tentaciones del delito que siempre busca condicionar o cooptar a agentes para tener una “cobertura”.
Una forma de desactivar estos dispositivos propios de las organizaciones criminales, es justamente tener una política y una estrategia de contención de los agentes policiales, que no pueden tener salarios pauperizados y de esa manera hacerlos perder el sentido de “pertenencia” a la estructura de seguridad.
También consideramos muy positivo la existencia de una injerencia decisiva de las autoridades civiles en los escalafones.
Hasta ahora, esto era solamente parte de los poderes del “autogobierno policial”, por lo que ahora las reglas cambiarán para evitar conductas discrecionales en perjuicio de la fuerza y a favor de aquellos que toman al oficio de policía como una vocación y un compromiso de vida.
Fue reveladora la observación de un integrante de la plana mayor cuando decía: “Hoy esta ley está diciendo que el jefe de Policía es el responsable de la seguridad, de brindar seguridad, pero usted no va a manejar sus recursos humanos, no va a manejar sus medios logísticos, ni va a manejar sus cuestiones financieras”.
Precisamente, ésa es la intención de esta ley. Estamos en “planetas” distintos con quién o quiénes sostienen este concepto. Queremos una ley de Seguridad con organismos civiles claramente preparados para dirigir una fuerza policial con profundas formas y contenidos democráticos.
Estas diferencias a nivel ideológico y concepción sobre las fuerzas de seguridad, se resaltan también en el capítulo sobre la seguridad privada. Luego de habernos estrellado con noticias que daban cuenta de la presencia de elementos manchados por el pasado oscuro de la Dictadura Militar, a partir de esta ley tendrán vedada su intervención.
En tal sentido, el artículo 150 determina en su inciso e) que quienes “se hayan beneficiado con amnistías o hayan sido indultados por hechos que constituyan violación a los derechos humanos”, no podrán solicitar habilitación para desarrollar tareas de seguridad privada.
Ante la objeción sobre la conformación del Consejo Provincial de Seguridad Pública, quedó claro que su integración cambia al paradigma del “autogobierno policial”.
Por ejemplo, el inciso g) del artículo 17 establece la presencia de “seis representantes de los Foros Vecinales de Seguridad Preventiva”, los cuales tendrán origen en cada municipio. Es decir que hay una fuerte presencia de los intereses de la comunidad que hoy reclama seguridad, ubicando a esta problemática en el primer lugar de las preocupaciones sociales de acuerdo con cualquier sondeo de opinión pública que podamos citar con seriedad.
Finalmente, queremos destacar la figura institucional que se está creando. La figura del secretario de Seguridad Democrática tiene todas las potestades posibles para cambiar la tendencia clásica de tensión entre la política y la policía, lo que provoca en muchos casos, aquí y en todo el país, situaciones de desgobierno de la seguridad pública.
Quiero destacar la labor promovida por la Presidencia de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados al haber posibilitado que todas las voces sean escuchadas, permitiendo conocer aspectos insospechados del funcionamiento de la institución policial, a punto tal que motivaron e inspiraron la necesidad a la suscripta de producir legislación aleatoria, como el caso concreto de moobing policial en mujeres policías.
También fue fundamental la voz de los fiscales, primer frontón de la Justicia ante el delito, quienes reconocieron la necesidad de este marco que regule el funcionamiento de la policía.
De la misma manera, reconozco la honestidad del propio exsubsecretario de Seguridad y actual fiscal, fundamentando que una ley como ésta es imprescindible y que si antes no se hizo fue por el costo político que presupone tocar nichos de poder.
Fue un trabajo legislativo de los más productivos de acuerdo a mi visión, con una sinergia especial conducido con energía y decisión, y acompañado por todas las fuerzas políticas con su apoyo o su disenso. Pero estuvieron y estuvimos todos.

Cecilia Porta de Salas
Diputada provincial