Aclarar aspectos y situaciones, señalar hechos, recordar datos y hacer visible una inmoralidad que viene de hace ya mucho tiempo, es importante para una sociedad que se encuentra inerme, inerte.
Con respecto al Proyecto de reforma, no veo infortunios que atenten contra la República. No hay avasallamiento a la Justicia. Tampoco dictadura (imaginario de los cacerolas azuzados por el monopolio comunicacional y la hueca y volátil oposición política que encubren una ideología facistoide, destituyente, insultante -un grito- al que hay que estar atento, pues, es un grito peligroso).
Para opinar y exponer, hubo convocatoria abierta a todos y muchos participaron y lo siguen haciendo y proponiendo, porque este Proyecto -así solo- no resuelve la situación de degradación en que nos encontramos. Hay que ir más profundo. Democratizar es la palabra y el concepto.
¿Por qué la reforma? Pues, porque es fundamental terminar con el sistema corporativo, terminar con la impunidad que se autoalimenta y alimenta las telarañas de corrupción y servilismo.
La gota que rebalsó el vaso fue el comunicado de diciembre/12 de la Corte convalidando prebendas y privilegios en la defensa corporativa del sistema judicial -arrogándose la representación de todos, pocos días después del fallo sobre la Ley de Medios; defensa de un “Poder Judicial” cerril y de espaldas a la sociedad.
Y terminar con la “justicia cautelar”. El recurso de las cautelares protege a grandes grupos económicos con capacidad de lobby. El Poder Judicial no es neutral, como balbucea la corporación, y si no, allí están las causas que involucran a “Clarín” desde hace casi cuatro años, en la judialización de la Ley de Medios y “La Nación” con la cautelar que la beneficia y la exime de pagar impuestos desde hace -nada menos- que diez años. Aquí es clara la inmoralidad y la corrupción.
Hay muchas otras hierbas, veremos algunas: la corporación judicial silencia la extensión (interpretación de ellos) de la garantía constitucional de intangibilidad de sus sueldos a tasa inflacionaria y en plena democracia -muchos de ellos- obtuvieron cuantiosas sumas de actualización permanente de sus sueldos, sin que la sociedad lo sepa. Hicieron juicios patrocinados por estudios de exjueces y de la “Asociación de magistrados y funcionarios de la justicia nacional”. Y no quieren pagar -comportamiento de casta- el Impuesto a las Ganancias -acordada de la Corte/96-, y ni hablar de publicar las Declaraciones Juradas.
No digamos de turismo y viajes pagados por las empresas que tienen causas en sus juzgados.
Los que se jubilan tienen también sus privilegios: mantienen su “estado judicial”, y si son convocados a prestar servicios, la situación del jubilado no puede diferenciarse de la del juez en actividad -pero, sí hay diferencias- si su trabajo dura más de un mes a su sueldo se le incrementa un 33% -esto en principio se estableció así- cuando un juez atiende más de una función a la vez -pero el juez jubilado no se encuentra en esa situación. Numerosos jueces se han jubilado para cubrir el mismo cargo, cobrando el 33%. Una inmoralidad.
¿Y la incompatibilidad de la jubilación con el ejercicio del comercio? Esto fue borrado por presión de la “Asociación de magistrados y funcionarios de la Justicia nacional”, por lo que pueden ejercer la profesión y cobrar la jubilación manteniendo el estado judicial. Evidente competencia desleal de estos jubilados con respecto al colega común.
Una fiscal hizo graves denuncias por temas económicos de las corporaciones en el Consejo de la Magistratura que quedaron en el olvido. Y la Cámara Comercial le negó a esta fiscal su intervención en frondosos concursos preventivos -y a uno de los jueces de esa Cámara le detectaron un depósito de un millón y medio de dólares que no pudo explicar-. Y la denuncia contra ese juez fue rechazada “porque ya estaba jubilado”. Sin palabras.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica estudió los grandes fraudes bancarios que terminan en la nada. De estas pequeñas cosas: nadie se entera. Pero se sabe que donde hay grandes intereses en la picota, existen vínculos aceitados para manipular la justicia.
No olvidar la voluminosa deuda externa, la estatización de la deuda privada (Cavallo) -que la pagamos todos-; la administración de los fondos de jubilados por la timba financiera, todo legitimado por el poder judicial.
Las corporaciones judiciales nacional y provinciales legitimaron y fueron funcionales a los golpes de Estado y a las dictaduras cívico-militares; hay, aún, muchos jueces que son los que protegieron al criminal Videla y sus secuaces en la tortura, asesinatos, desapariciones, robo de niños, y apropiación de bienes muebles e inmuebles de argentinos inermes que sólo querían un país más justo, más inclusivo.
Hoy, el Poder Judicial nacional y provinciales no son un modelo de ética para la sociedad. Un Poder Judicial anquilosado en su estructura elitista, preñado de nepotismo y de intereses que nada tienen que ver con la comunidad a la cual se deben.
Por eso: importa democratizar la Justicia para realizar el Derecho en plenitud para todos los argentinos.
Que el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, sino del pueblo y que el funcionamiento del mismo debe ser supervisado y debatido por la ciudadanía.
Que los jueces entiendan que el sistema judicial es un servicio y ellos empleados por el Estado con sueldos que aportan los ciudadanos.
Que el Consejo de la Magistratura esté integrado también por el ciudadano común, con otra visión, con sentido común, con su realidad cotidiana, porque hasta ahora funcionó como una entelequia.
Necesitamos un cambio cultural profundo, para desterrar la hipocresía de este estado de cosas y construir una fuerte lucha contra los que ya van a judicializar los proyectos, que son los intereses que manipulan la Justicia y jueces que se aferran a mantener el sistema de impunidad.

Juan Manuel Casas Navarro