Durante los últimos meses, se ha hablado mucho sobre las fake news y el rol de las redes sociales en las campañas electorales. Con la aparición de un nombre adecuado a los tiempos actuales, irrumpe en la política una cuestión que pareciera no haber existido en la historia de los países modernos.
Nunca nadie mintió, ningún país buscó incidir en otro, ni circularon rumores, sino hasta la aparición de las maléficas redes sociales que cambiaron por completo la forma de hacer política. Ahora, con estas nuevas tecnologías, se puede dar forma a distintos sucesos para que el público las comprenda de un modo que sea beneficioso para un candidato, incluso con deformaciones de la realidad y mentiras.
Este parece ser el panorama y el argumento esgrimido por los legisladores y los jueces al momento de adentrarse al análisis de la cuestión y buscar “soluciones”. Para ellos resulta “imprescindible” dar respuestas institucionales urgentes.
Lo imprescindible es evitar caer en la regulación por modas y en el movimiento espasmódico de las instituciones. Las tecnologías avanzan en tiempos que no son compatibles con la dinámica del funcionamiento del Poder Legislativo. Por ello, debe realizarse con prudencia y comprendiendo que una híper regulación no es compatible con una buena regulación.
El concepto de fake news hace alusión a algo más que lo que su traducción al español significa. En efecto, las noticias falsas o, más específicamente, las mentiras y los rumores existen desde la aparición del hombre en la tierra. Lo mismo se puede decir de la manipulación de la información con el fin de lograr que el público reaccione de un modo determinado.
La problemática de las fake news sería la versión 3.0 de aquella que activó el debate sobre el derecho a réplica hace ya algunas décadas atrás, pero está tomando dimensiones preocupantes, tanto en relación al daño que puede causar su propagación como en cuanto a las soluciones que se proponen para paliarlas.
No se puede escapar a la realidad que trae aparejada la comunicación masiva: las barreras de tiempo y espacio se han roto, y la intermediación informativa pierde valor a pasos agigantados. Justamente, esa pérdida hace que la información circule sin filtros y, aquellos que otrora podrían haber sido “responsables” respecto a su veracidad, hoy son dejados de lado deliberadamente por el público.
Entonces, ¿existe una solución real? ¿Sería legítimo sancionar sólo algunas mentiras? ¿O sancionar sólo aquellas que se publican a través de una herramienta?
El sistema jurídico ha tomado una postura y ha entendido que solamente considerará “jurídicamente relevantes” aquellas que causen un daño concreto y cuantificable a otra persona (fuero civil); las que dañen la confianza de la gente en el Estado (delitos contra la fe pública, falsificaciones de documentación pública) y la confianza en el comercio (falsificaciones en general).
La sensación de muchos es que la mentira en el plano electoral daña al sistema democrático. Eso -en cierto punto- es verdad, ya que una mentira viralizada en tiempo oportuno puede cambiar drásticamente la opinión de los votantes y, con ello, la suerte de algunos candidatos. No obstante, es importante tener en cuenta que las mentiras “negativas” no son las únicas que cambian o confirman la opinión de los electores. 
También existen las mentiras de los candidatos respecto a lo que harán o dejaran de hacer cuando asuman su cargo; ¿qué haremos en esos casos?
Prudente será evitar inclinarnos por una regulación “de moda” que pueda traer aparejados mayores perjuicios que beneficios. 
Asimismo, resulta preocupante la iniciativa de Facebook de aplicar restricciones basadas en informes generados por supuestos “gurús de la verdad”. Este tipo de metodologías eliminan el off the record, el análisis serio sobre los hechos expuestos y la editorial consciente de cualquier analista que se precie.
Seamos más cautelosos, no busquemos soluciones mágicas y analicemos con profundidad antes de requerir una regulación que probablemente cercene las libertades que tanto nos han constado conseguir.

(*) Experto en Derecho Electoral de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.