Opinión

¿Por qué nadie grita?

Por Mariano Fusero.
lunes, 07 de enero de 2019 01:36
lunes, 07 de enero de 2019 01:36

Es el grito desgarrador de la madre de un joven de Ciudad Juárez, al cual decapitaron vivo y descuartizaron en 16 partes, esparciendo los restos de su cuerpo por dicha ciudad a modo de mensaje. Tal escena , se repite en la cotidianeidad de las ciudades y países que fueron destinados a costear muertos mediante una perversa división internacional del trabajo en materia de drogas ilícitas, en la cual los países del sur destinan recursos naturales, mano de obra esclava y ofrendas de sangre al prohibicionismo, mientras que países del norte, mentores de la cruzada, cuantifican beneficios de un negocio transnacional que ronda en los 320.000 millones de dólares anuales, operativizan el 0,6% del PBI mundial destinado al lavado de dinero y exportan las armas para que “la guerra contra las drogas” sea digna de recursos, balanceada entre sus bandos y mantenida lejos de casa.
La madre se pregunta en llanto, “¿Quién autorizó esta guerra? ¿A quién le pidieron permiso? ¡Nos están matando! ¡Están matando a nuestros hijos y nadie hace nada! ¡Nadie grita! ¡Me lo decapitaron vivo!, ¡me lo cortaron en dieciséis pedazos, animales! ¡Mejor me lo hubieran matado ahí! Pero me lo decapitaron vivo, eso es lo que no soporto. El dolor ese no lo soporto. ¡Griten todos! ¿Por qué nadie grita?”.
Se refiere a la “guerra contra las drogas”, la cual ha multiplicado por diez la cantidad de muertos en dicha Ciudad desde que fue declarada a fin de velar por la “salud pública”. De los 320 asesinados en 2007, año de su declaración, se pasó a 1.623 en 2008, a 2.754 al año siguiente y a 3.622 en 2010. Extraña cruzada que en el discurso viene a velar por la “salud de las personas” y en la práctica las termina sometiendo a una muerte anunciada. Los muertos gozan de buena salud y los victimarios de gozosa libertad, ya que el 97% de los casos ni siquiera se investigan y sólo el 1% llegan a juicio.
Caminando 50 metros por un puente fronterizo, cruzando al El Paso Texas -EEUU-, situándonos ya en tierra del principal consumidor de drogas ilícitas del mundo, donde el producto multiplica 500 veces su valor, la seguridad se respira en el “país de la libertad”. Mientras que en el año 2010 en Ciudad Juárez hubo 3.622 homicidios, en El Paso hubo tan sólo 5; circunstancia que le valió el título de la Ciudad más segura de Estados Unidos. A los muertos se les niega la visa, quedando del otro lado de la frontera; detrás del muro.
Pero el discurso instaurado afirma que las “drogas ilegales matan”; aunque, en realidad, menos que la guerra declarada contra ellas. Ello se silencia. El Gobierno de México estimó que entre diciembre de 2006 y enero de 2012 murieron alrededor de 60 mil personas en ese país, como resultado de la guerra (OEA, 2013). Otras fuentes, menos optimistas, estiman alrededor de 70 mil muertos y 26 mil desaparecidos durante esos 6 años (FES, 2013). En el mismo período la OMS registra 563 muertes en México por sobredosis de drogas controladas. Para un año en particular, 2010, la misma OMS registra 137 muertes por sobredosis, en tanto la misma fuente del gobierno mexicano admite 15.273 muertes violentas presuntamente vinculadas con dicha “guerra” y el crimen organizado. Podría afirmarse así que “la guerra contra las drogas” origina 111 veces más muertes que las producidas por el consumo de todas las sustancias prohibidas juntas.
En aquellos lugares donde la guerra no produce miles de muertos en honor a la salud pública, la cruzada se ejerce contra los consumidores y partícipes menores del comercio y tráfico, mediante la prisionización masiva. En Argentina, se estima que desde 1989 (año de sanción de la actual ley de drogas), unos 500.000 consumidores han sido detenidos, extorsionados y hasta prisionizados, por una conducta cuya punición fue declarada sucesivamente como inconstitucional por la CSJN: la tenencia para consumo personal. A ello debemos sumarle otras víctimas, como ser los encauzados por tenencia simple, producto de una cuasi imposible distinción normativa-interpretativa con la tenencia para consumo, y las mal llamadas “mulas”, que representan el 70% de las mujeres encarceladas en prisiones federales en nuestro país, siendo que 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionizadas, se encuentran en tal situación por delitos menores relacionados a las drogas. Todas ellas atravesadas por historias de exclusión, violencia y feminización de la pobreza.
Todo ello denota una decidida violencia institucional justificada por una ley represiva en materia de drogas, que revela una persecución selectiva de los más vulnerados. Las campañas contra la violencia institucional deberían contemplar necesariamente esta situación, ya que la criminalización primaria (normas) resulta la razón suficiente y necesaria en la mayoría de los casos, para que la criminalización secundaria (fuerzas de seguridad, fiscalías, poder judicial, etc.) encuentre su respaldo y exculpación de los actos de violencia y extorsión hacia tales sectores.
A Miguel Ángel Durrels, joven humilde de 29 años, oriundo de la Provincia de Entre Ríos, luego de ser detenido en septiembre de 2013 por supuesta tenencia de unos pocos gramos de cannabis para consumo personal, lo ahorcaron en la Comisaría 1ra de Pilar (cuyas celdas están inhabilitadas judicialmente para el alojamiento de detenidos) con un cable atado a su cuello, golpes en el pecho y rostro. La justificación de su detención, la actual ley de drogas, determinó que Miguel no se encuentre más con vida y su familia, mes tras mes, reclame justicia convocando a una marcha por la Ciudad de Pilar que transcurre casi en soledad e indiferencia institucional.
Junto a la madre de aquel joven de México, junto a miles de familiares de personas muertas, prisionizadas y desplazadas por ésta guerra absurda y fracasada, junto a la familia de Miguel y de tantos otros, podríamos exclamar “¿Por qué nadie grita?”. La despenalización y la legalización controlada, se presentan hoy como alternativas posibles, necesarias, democráticas y humanitarias en nuestros países. Es hora de gritar.


Mariano Fusero - Abogado. Director del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal.

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