Una de las claves de las políticas de Derechos Humanos llevadas adelante desde 2003 en la Argentina fue, como siempre enseña Estela de Carlotto, vencer el miedo, abriendo paso a la construcción colectiva de una sociedad inclusiva, justa, sin desapariciones. Una sociedad donde estemos todos presentes. Con voz propia y con derechos.
El proceso, por obvio que hoy nos parezca, no fue fácil y no pudo ser replicado con igual sentido en otros países hermanos de la región, como Chile o Uruguay, todavía muy limitados en sus procesos de memoria, verdad y justicia. Estos procesos no han llegado allí como política de Estado a los tribunales ordinarios, pese al impulso del sistema interamericano, tan decisivo.
Existen diferentes barreras para vencer la impunidad. El miedo es el gran enemigo de la justicia. Muchos militares allí denunciados siguen asistiendo vestidos de fajina a los tribunales, generando miedo en las familias que se atreven a denunciar, que los perciben como grupos que aun conservan poder y son capaces de amedrentarlos. Tal como ocurrió en marzo de 2016 en las oficinas del Grupo de Investigación de Arqueología Forense, en Uruguay, que fueron violentadas y en las que se dañaron todos los equipos.

Argentina ha dado este paso –que Chile nunca ha dado, como afirma el juez Juan Guzmán Tapia que buscó sin éxito procesar a Pinochet- y no se equivoca Cristina Kirchner cuando sostiene que si, ante la crisis social dramática que vivimos actualmente en el país, los argentinos no salen a gritar, como en Chile o en Ecuador, “que se vayan todos”, esto se debe fundamentalmente a que el proceso de 2003-2015 no fue en vano. Hay una memoria. Se dejaron cimientos políticos fuertes en una sociedad que ahora sí cree que no es todo lo mismo. Hay valores políticos que se han hecho carne, que vale la pena defender y recuperar, una sociedad diezmada pero que siente que existe otro camino, capaz de reconstruir un Estado hoy despojado de sus banderas y sentidos fundamentales.

En estos años se recortaron recursos y se desfinanciaron los espacios de memoria, se vaciaron oficinas enteras en dependencias públicas, horadando el proceso de valorización de los derechos humanos impulsado por la sociedad en su conjunto. No es casual que al tiempo que se lanza a millones de argentinos a la pobreza más absoluta, se les quitan indemnizaciones, se los lanza a la precariedad, se vacíen los espacios de memoria. El hambre va de la mano de la negación del pasado. La memoria está para que el hambre y el horror, que siempre la envuelve y muchas veces la antecede, no se repita. No es casual que el Chile de Pinochet, hasta hace no mucho propuesto por los organismos financieros como modelo económico a seguir, estalle ante una sociedad cansada de los abusos y crímenes. Y no es exagerado sostener que los mismos se perpetúan en parte por la subsistencia de la impunidad del proceso en donde la economía actual fue pensada y diseñada como “modelo“. Chile aun conserva, con reformas, la Constitución de Pinochet. No ha podido, todavía, elaborar una constitución nueva. De la democracia.

La política de DDHH forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad como argentinos. Por eso no se retrocedió tras el fallo del 2x1 y tampoco se salió a la calle ante tamaña crisis social en forma de protestas masivas. Porque hay conciencia de que existe otro camino cultural y político democrático que puede devolver a los argentinos la esperanza y la convicción para reimpulsar una agenda que reconozca derechos sociales, laborales y humanos. Y no que los pisotee a diario, con un 50 % de personas en la pobreza extrema, y que considere que la protección de derechos es un “exceso” del “garantismo”. Las garantías del “garantismo” son la base de la democracia.

En la ciudad de Buenos Aires hay un policía desaparecido hace 8 meses. Es un hecho de enorme gravedad institucional y política y sin embargo la justicia argentina no parece dispuesta a investigar qué sucedió –qué sucede, ya que es un delito de acción permanente- con el joven oficial Arshak Karhanyan, desaparecido desde febrero. Este hecho gravísimo nos recuerda que la democracia y los derechos son una construcción colectiva permanente, y sobre todo, que todavía falta mucho por hacer en el país y en la región en materia de Derechos Humanos.

La familia de Arshak Karhanyan, el policía desaparecido, está devastada y sola. Tiene miedo. En una democracia, los familiares de las personas víctimas de crímenes -eventualmente crímenes de Estado- no pueden, como la familia de Santiago Maldonado que padeció espionaje ilegal, volver a sentir miedo y desamparo. Tienen que sentir la seguridad de que los crímenes que comete el Estado se esclarecen en los tribunales. Y que el Estado siempre será parte de la búsqueda de la verdad, no cómplice de ocultar crimen alguno.